"La Justicia de Tucumán está blindada para que no se investigue la corrupción", afirmó Courel tras el rechazo de la querella

El legislador provincial de la UCR Manuel Courel confirmó que apelará la resolución del fiscal regional de Concepción, Diego Hevia, que rechazó el pedido para constituirse como querellante particular en la causa que investiga a la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, por presunto enriquecimiento ilícito.

El parlamentario sostuvo que la decisión se fundamentó en cuestiones procesales, aunque aseguró que insistirá ante un juez penal para obtener participación directa en el expediente.

La resolución fue notificada luego de que Courel y el concejal de Simoca, Luis Escobar, se presentaran en el Centro Judicial Concepción para interiorizarse sobre el estado de la investigación e incorporar nuevas pruebas a la causa.

"Nos enteramos cuando fuimos a Concepción para ver avances del expediente de que nos habían rechazado la querella. Tenemos tres días para hacer un planteo y lo vamos a hacer este viernes, pidiendo que el Colegio de Jueces Penales revise esa decisión", adelantó el legislador en diálogo con Tendencia de Noticias.

Courel explicó que, según le transmitió el propio fiscal, el rechazo no estuvo vinculado al contenido de la denuncia sino exclusivamente a la falta de legitimación procesal para intervenir como querellante. "Lo hablé con el fiscal y el rechazo de la querella es por cuestiones netamente procesales, porque entiende que nosotros no tenemos legitimación para participar como querellantes", señaló.

No obstante, sostuvo que el objetivo de la apelación es poder impulsar medidas de prueba que, a su criterio, aún no fueron desarrolladas por el Ministerio Público Fiscal.

"Ya pasaron dos meses desde la denuncia y los avances han sido muy pocos. Solamente hubo cuestiones procesales para definir la competencia y un oficio a Las Yungas que fue respondido de manera vaga, no certera. Nosotros queremos ser querellantes para tener participación directa en la causa y hacer lo que el fiscal en este momento no está haciendo, que es profundizar la investigación", afirmó.

El legislador aseguró además que cuenta con nuevos elementos para incorporar al expediente. "Tenemos muchas pruebas para aportar y queremos ser parte de la investigación", insistió.

Duras críticas al sistema judicial

Durante la entrevista, Courel fue más allá del caso puntual y cuestionó el funcionamiento del sistema judicial tucumano en las investigaciones por presuntos hechos de corrupción. "Hoy la Justicia de Tucumán está blindada para que no se investiguen los casos de corrupción. En Tucumán no se investiga la corrupción; es como si no existiera, porque hay un sistema que impide que se investigue", sostuvo.

En ese sentido, responsabilizó tanto al diseño institucional como al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial. "Desde que José Alperovich desarmó la Fiscalía Anticorrupción se creó todo un sistema, con la complicidad del Poder Judicial, del Ministerio Público y de un Código Procesal, para que no se investiguen los casos de corrupción", expresó.

Para Courel, la posibilidad de intervenir como querellante permitiría romper esa lógica. "Nosotros queremos ser querellantes para romper la lógica de este sistema y que de una vez por todas se investiguen los casos de corrupción en Tucumán. Y si el fiscal no lo puede hacer, lo hacemos nosotros. Ahora veremos qué decide el juez penal", concluyó.

El rechazo del fiscal

El pasado 31 de julio el fiscal regional Diego Hevia rechazó el pedido de constitución como querellantes particulares presentado por Courel y el concejal Luis Escobar, patrocinados por el abogado Luis María Díaz Augier.

El representante del Ministerio Público argumentó que el artículo 82 del Código Procesal Penal de Tucumán reconoce legitimación para querellar únicamente a la víctima directa del delito, mientras que el artículo 89 limita la representación de intereses colectivos a determinadas personas jurídicas cuyos fines estén vinculados con el bien jurídico protegido.

En ese marco, sostuvo que ni la condición de legislador provincial ni la de concejal, así como tampoco el hecho de haber presentado la denuncia, otorgan legitimación activa para intervenir como querellantes particulares en el proceso, por lo que resolvió rechazar la solicitud.

La causa fue iniciada el 9 de junio a partir de una denuncia presentada por Courel, Escobar y Díaz Augier, quienes solicitaron investigar un presunto enriquecimiento ilícito de la intendenta Raquel Graneros, vinculado a la supuesta adquisición de una vivienda valuada en más de un millón de dólares en el country Las Yungas, en Yerba Buena.

Con la notificación de la resolución, los denunciantes quedaron habilitados para interponer un recurso de apelación, que será presentado este viernes ante el Colegio de Jueces Penales con el objetivo de revertir la decisión del fiscal y obtener participación activa en la investigación.