
La respuesta no tardó. Apenas unos días después de que la concejala Daniela Bravo declarara agotada la vía administrativa y anunciara que llevaría su conflicto con el Concejo Deliberante a la Justicia, el presidente del cuerpo, Maximiliano Córdoba, salió a contestarle con un comunicado. Plantea que la decisión no fue suya sino de la mayoría, y que el verdadero responsable de dejarla sin personal es otro.
Córdoba enmarcó el planteo de Bravo dentro de lo que llamó "diversas manifestaciones públicas" y aclaró que ninguna de las decisiones cuestionadas por la edil fue una resolución personal de la Presidencia, sino del pleno del Concejo, votada por una mayoría de ocho de los doce concejales. Con eso buscó despegarse de la denuncia central de Bravo, que apuntaba directamente contra él como responsable de haberla apartado de la Vicepresidencia 1ª sin dar respuesta a su recurso.
Bravo había sostenido, en sendas notas presentadas el 3 de agosto, que su recurso de reconsideración contra la remoción de la Vicepresidencia 1ª -dispuesta en la sesión del 26 de marzo- no había obtenido respuesta dentro de los plazos legales, lo que configuraba una denegatoria tácita. También había denunciado que se le retiró la totalidad de los tres agentes adscriptos a su despacho, sin notificación ni fundamentos, y que es la única concejala en esa situación mientras el resto del cuerpo conserva su personal. Calificó ambos hechos como un trato desigual y planteó que la situación debía analizarse también desde una perspectiva de género, dado que solo 2 de los 12 concejales son mujeres.
En su respuesta, Córdoba sostuvo que las decisiones cuestionadas no son resoluciones personales de la Presidencia sino del órgano colegiado, adoptadas conforme a la Constitución provincial, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 5.529 y el Reglamento Interno. Precisó que la actual conformación de la Mesa Directiva fue votada por una mayoría de ocho de los doce concejales y que no integrar determinadas funciones de conducción no restringe el ejercicio del mandato.
Sobre el retiro del personal de despacho, el comunicado indicó que la asignación y reasignación de agentes es competencia del Departamento Ejecutivo municipal, no del Concejo. Frente al planteo de género formulado por Bravo, la Presidencia lo rechazó "sin elementos objetivos que lo sustenten" y señaló que la intendenta de Tafí Viejo es mujer, que la Mesa Directiva del Concejo incluye una mujer y que numerosas áreas del gobierno municipal están a cargo de mujeres.
El texto agregó que toda presentación administrativa recibe el trámite que corresponde y que el agotamiento de la vía administrativa se rige por la ley, no por declaraciones unilaterales ni por publicaciones en redes sociales. Sostuvo también que las diferencias políticas son propias de la democracia, pero que no corresponde convertirlas, sin fundamento objetivo, en imputaciones de persecución, discriminación o violencia institucional. Córdoba cerró afirmando que continuará garantizando el pleno ejercicio de los derechos de todos los concejales y el respeto a las decisiones adoptadas democráticamente por el cuerpo.
El conflicto entre Bravo y la conducción del Concejo se enmarca en la ruptura que la concejala protagonizó en marzo con el espacio del El conflicto entre Bravo y la conducción del Concejo se enmarca en la ruptura que la concejala protagonizó en marzo con el espacio del ex intendente y actual diputado nacional Javier Noguera. En ese momento, Bravo se apartó del armado político de Noguera en medio de tensiones vinculadas a presuntos maltratos desde la conducción municipal, hoy a cargo de la intendenta Alejandra Rodríguez, esposa de Noguera, y al alineamiento de Noguera con la Casa de Gobierno y con el oficialismo nacional, que había facilitado la aprobación de la reforma laboral en Diputados. Dirigentes del espacio señalaron entonces que Bravo había sido la concejala más votada del sector en las elecciones que la llevaron a la banca.