La interna de la UCR, en vilo por deudas partidarias de dirigentes y candidatos

La interna de la Unión Cívica Radical de Tucumán sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que puede alterar el escenario electoral previsto para el 20 de septiembre. La oficialización de las listas quedó en suspenso a partir de un informe sobre el cumplimiento de los aportes partidarios de dirigentes que ejercen cargos legislativos y que integran las nóminas que pretenden competir por la conducción del partido. La situación abrió un nuevo frente de conflicto dentro del radicalismo, que busca salir de más de un año de intervención.

El documento fue remitido el 2 de septiembre a la Junta Electoral de la UCR-Distrito Tucumán y lleva la firma del presidente de la Junta de Hacienda y de la persona responsable de la administración partidaria. El informe responde a un pedido de información sobre los aportes correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, en cumplimiento del artículo 47, inciso a, de la Carta Orgánica.

El relevamiento ubica en el centro de la discusión a los legisladores José Manuel Cano y Silvia Elías de Pérez.

Según la documentación, Cano registra saldos pendientes por $1,9 millones correspondientes a 2023/2024; $6,2 millones de 2025; y $3,9 millones de 2026 hasta mayo. El total consignado por la administración radical es de $11,9 millones.

En el caso de Elías de Pérez, el informe señala una deuda de $6,2 millones correspondiente a 2025 y $3,9 millones de 2026 hasta mayo, con un total de $10,1 millones.

La propia administración partidaria deja constancia de que la información surge de la documentación contable del partido y de los balances correspondientes a los distintos ejercicios.

Según ese listado, Agustín Romano Norri no registra deuda partidaria a la fecha del documento. El dato adquiere especial importancia porque Romano Norri es uno de los tres dirigentes que avanzaron con la presentación de una lista para disputar la conducción de la UCR. Su sector presentó la lista Roja y Blanca, mientras que también fueron presentadas las nóminas encabezadas por José María Canelada (que integran Cano y Elíeas de Pérez) y Adolfo Díaz Chavero.

El informe no se limita a los legisladores provinciales. La administración radical incorpora una situación particular respecto de los concejales Federico Romano Norri, Canelada, Gustavo Cobos y Leandro Argañaraz.

Según el documento, los cuatro firmaron en su momento la cesión del 10% de sus haberes cuando asumieron sus cargos y presentaron el pedido ante la administración del Concejo Deliberante. Sin embargo, el mecanismo no llegó a efectivizarse.

La administración partidaria señala que, por acuerdo entre ellos, en diciembre de 2023 resolvieron realizar un aporte voluntario de $100.000 hasta contar con las respectivas boletas de sueldo. Posteriormente, sostiene el informe, tampoco cumplieron de manera voluntaria con ese compromiso.

El documento destaca particularmente el caso de Cobos, quien continuó aportando $100.000 durante varios meses e incluso habría realizado un aporte proporcional mayor, hasta que pudieran conocerse los valores reales de los salarios y establecer el saldo correspondiente.

La administración partidaria advierte que, para cancelar las deudas, los concejales deberán presentar copia de sus recibos de sueldo para poder determinar contablemente el monto adeudado. También plantea como alternativa que presenten un resumen certificado por la Contaduría General del Concejo Deliberante que permita establecer el 10% de lo percibido, tal como establece la Carta Orgánica.

El informe incorpora además la situación del ex concejal José Francisco Argañaraz. Según la administración partidaria, su deuda fue determinada para los años 2022 y 2023, hasta la finalización de su mandato. La tarea, precisa el documento, fue realizada con las nuevas autoridades partidarias durante el período 2022-2024, debido a que el partido no contaba con documentación contable correspondiente a los tres años anteriores de intervención.

La falta de cumplimiento de los aportes, además, tiene una consecuencia institucional que excede la disputa interna. La administración radical afirma que esta situación impide la aprobación de los balances, porque las auditorías contables de la Justicia Federal con competencia electoral solicitan esa documentación y el partido no puede aportarla en forma completa.

El conflicto aparece así en un momento particularmente sensible para la UCR tucumana. Después de más de un año de intervención, el partido había encaminado su normalización mediante las elecciones internas del 20 de septiembre. La presentación de tres listas había reducido el escenario respecto de los siete sectores que originalmente habían reservado color. Ahora, el debate sobre las obligaciones económicas de algunos candidatos y dirigentes vuelve a introducir incertidumbre en el proceso.

La cuestión deberá ser resuelta por la Junta Electoral partidaria, que tendrá que determinar cómo impactan estas deudas y los incumplimientos consignados en el informe sobre la oficialización de las listas.