
La Cámara Federal de Comodoro Py confirmó este jueves la validez del trámite de elevación a juicio en la causa en la que el expresidente Alberto Fernández está procesado por presunta violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yañez, al rechazar los planteos de nulidad presentados por su defensa.
El fallo fue dictado por la Sala II del Tribunal de Apelaciones, con el voto mayoritario de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que Roberto Boico se pronunció en disidencia.
La defensa de Fernández, encabezada por la abogada Silvana Carreira, había solicitado la nulidad del traslado dispuesto tras los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscalía y por la querella. Argumentó que el pedido de la acusación particular fue presentado fuera de término y que la prórroga del plazo se había concedido de manera irregular.
La mayoría del tribunal desestimó los planteos al considerar que, en materia de nulidades, “debe primar un criterio de interpretación restrictivo” y que no se verificó ningún perjuicio concreto para la defensa.

Irurzun y Farah recordaron, además, que esos cuestionamientos ya habían sido tratados y rechazados anteriormente por el mismo tribunal, y advirtieron que “la existencia de recursos pendientes no constituye un obstáculo para la continuación del proceso”.
Respecto del requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal federal Ramiro González, los jueces afirmaron que “el dictamen fiscal cumple con los requisitos de motivación que impone el artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación”.
También remarcaron que, si la defensa considera que no se agotó la producción de prueba, podrá plantearlo “al momento de contestar la acusación”.
En disidencia, el juez Boico sostuvo que debía declararse la nulidad de la acusación presentada por la querella de Yañez y dar por “decaído” su derecho a presentar el requerimiento, por haberlo hecho fuera del plazo legal.
Asimismo, cuestionó el cierre de la etapa de instrucción “sin agotar la producción de prueba relevante ofrecida por la defensa”, lo que —según señaló— implicaría “una afectación al debido proceso y al principio de igualdad de armas”.
En su voto, Boico propuso reenviar el expediente al nuevo juez del caso, Daniel Rafecas, para que evalúe si corresponde ordenar la producción de las pruebas pendientes antes de enviar el expediente a juicio oral.
La causa cambió de juzgado luego de que el juez Julián Ercolini fuera apartado, tras haber iniciado los trámites para la elevación a juicio.
El expresidente está procesado por lesiones leves y graves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas contra Yañez cuando vivían en la Quinta de Olivos durante el gobierno de Fernández.
Para la justicia hubo al menos dos situaciones de violencia física contra la mujer que le dejaron moretones en uno de los ojos y en el brazo.