Entre una "herida institucional" y la "deuda abierta del Estado": la reacción política tras la sentencia del caso Lebbos

El veredicto que dictó la absolución de César Soto en el marco del juicio que buscaba escalecer el asesinato de Paulina Lebbos, generó un fuerte sismo en la política tucumana, exponiendo las profundas grietas en el sistema de justicia provincial. Mientras el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse y el opositor Walter Berarducci manifestaron posturas divergentes, ambos coincidieron en la gravedad del impacto que este proceso tuvo en la sociedad. El fallo no solo liberó de culpa al acusado, sino que fue acompañado por una exposición de 80 minutos del juez Fabián Fradejas, quien sentenció que “nunca se vio tanta falta de investigación” en un caso de esta magnitud, calificando la labor del tribunal como una tarea de “arqueología forense” para intentar juzgar un hecho ocurrido hace 20 años con pruebas deficientes.

Desde el oficialismo, Vargas Aignasse centró su análisis en el respeto a la familia de la víctima y en la necesidad de distinguir las responsabilidades temporales dentro del Poder Judicial. El legislador manifestó: “El caso de Paulina Lebbos marcó profundamente a Tucumán y dejó una herida institucional que todavía conmueve a gran parte de la sociedad”. Sin embargo, el peronista puso especial énfasis en la cronología de los mandatos en el Ministerio Público Fiscal (MPF), señalando que “en ese momento (2006) el Ministro Fiscal era el doctor Luis Di Mitri. El doctor Edmundo Jiménez asumió recién en 2014, es decir, ocho años después del crimen”. Esta distinción no es menor, ya que se produce en un contexto donde Alberto Lebbos, padre de la víctima, ya anticipó que solicitará un juicio político contra el actual titular del MPF; ante esto, el parlamentario sostuvo que “eso no impide que existan debates o cuestionamientos sobre actuaciones posteriores del Ministerio Público Fiscal, pero creo que las discusiones institucionales deben darse con seriedad, sin simplificaciones y con absoluta responsabilidad”.

Esta postura oficialista se cruza con las demoledoras críticas del tribunal hacia la fiscalía que condujo el debate. Los jueces remarcaron que “no se hizo una sola prueba relacionada al señor Soto para tratar de ver si él había sido el autor del hecho” y que se limitaron a traspolar evidencias de un juicio anterior sobre encubrimiento, sin realizar inspecciones oculares, reconstrucciones del hecho ni peritajes psicológicos. Incluso, el juez Fradejas cuestionó que no se terminaron de realizar peritajes de ADN sobre el material hallado bajo las uñas de Paulina ni se analizaron las sábanas de llamadas telefónicas.

Credibilidad sobre el tapete

En la vereda opuesta, Berarducci fue contundente al calificar el desenlace como un triunfo de la impunidad y un fracaso del sistema estatal. “Tucumán vive uno de los capítulos más tristes, vergonzosos y atroces de su historia: a 20 años de su asesinato, Paulina Lebbos no tendrá justicia”, sentenció el referente de Compromiso por Tucumán. Berarducci fue más allá al señalar la responsabilidad política del Poder Ejecutivo y Judicial, afirmando que “este desenlace es una deuda abierta del Estado con la ciudadanía” y que la provincia necesita recuperar de manera urgente la credibilidad para que ningún caso vuelva a quedar atrapado entre “la negligencia, el encubrimiento y la impunidad”.

Finalmente, el tribunal ordenó remitir las actuaciones a la fiscalía de turno para profundizar la investigación y buscar al verdadero culpable, advirtiendo que existen elementos suficientes sobre otras posibles participaciones en el homicidio. Para los jueces, condenar sin pruebas no hubiera sido un acto de justicia, pero la orfandad probatoria tras 20 años deja, según los legisladores, una sensación de desamparo institucional que hoy pone en tela de juicio a toda la estructura del Ministerio Público Fiscal.