Basura sin salida: la empresa que perdió en la Cámara llevó el conflicto del GIRSU a la Corte tucumana

La paradoja que domina el expediente -la basura no puede quedarse, pero tampoco puede moverse- sumó esta semana un nuevo capítulo. Tras el revés en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL decidió escalar el conflicto y llevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Según advierte en este nuevo planteo, la sentencia no resolvió el problema, sino que lo dejó inmóvil.

El recurso de casación, firmado por la abogada Silvia Ana Peyracchia, apunta contra el fallo del 16 de abril de 2026 que había rechazado obligar al Consorcio Público Metropolitano (GIRSU) a retirar los residuos acumulados en el predio de Pacará Pintado. El 6 de mayo, el tribunal tuvo por presentado el recurso y corrió traslado al Consorcio por diez días, paso previo a que el expediente llegue al máximo tribunal provincial.

El eje de la impugnación es conceptual. Según la empresa, la Cámara contestó una pregunta distinta a la que debía resolver. El fallo se centró en la inviabilidad de trasladar los residuos sin un plan ambiental aprobado -tal como indicaban informes de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMA)-, pero evitó pronunciarse sobre el punto crítico: qué hacer con las casi 18.000 toneladas que permanecen a cielo abierto desde hace más de diez años.

La discusión no es menor. En septiembre de 2025, la Corte Suprema provincial había anulado una sentencia anterior favorable a la firma precisamente porque no había ponderado esos informes técnicos. Al devolver el caso, ordenó dictar un nuevo fallo que los contemplara. Para la recurrente, la Sala II tomó ese mandato de manera restrictiva: usó la falta de autorización ambiental como argumento para no ordenar el traslado, pero sin ofrecer una alternativa.

En esa omisión se apoya la crítica central: el tribunal encontró razones para no actuar, pero no definió cómo se resuelve el daño ambiental en curso.

Otro de los agravios apunta a una decisión previa al fallo. La empresa había solicitado que la Cámara requiriera a la SEMA un informe específico sobre la factibilidad del traslado y, en su caso, alternativas viables. El pedido fue rechazado bajo el argumento de que se trataba de una facultad discrecional del tribunal.

Para la firma, esa negativa resulta contradictoria: la sentencia terminó apoyándose en la falta de información suficiente para descartar el traslado, pese a haber rechazado producir esa misma prueba. En su presentación, sostiene que no se trató de una omisión menor sino de una restricción que condicionó el resultado del proceso.

Además, recuerda que desde el inicio no pidió un traslado inmediato sin condiciones, sino la fijación de un plazo sujeto a la elaboración de un plan de trabajo aprobado por la autoridad ambiental. Es decir, el requisito que la SEMA consideró indispensable formaba parte de la propia pretensión.

El conflicto tiene raíces que se remontan al cierre de la planta de Pacará Pintado, en septiembre de 2010. La clausura dejó residuos en proceso de tratamiento que nunca fueron removidos. Con el tiempo, el volumen acumulado se transformó en un pasivo ambiental de gran escala.

Informes oficiales de 2013 estimaban la presencia de unas 117.000 toneladas en el predio. Un año más tarde, el propio GIRSU reconoció mediante resolución que debía retirar al menos 17.943 toneladas y se comprometió a gestionar los fondos para hacerlo. Esa decisión, sin embargo, nunca se ejecutó.

Durante el juicio, incluso un ex directivo del Consorcio admitió que los recursos previstos para el operativo terminaron destinados a otros fines, un dato que la empresa utiliza para reforzar su planteo de incumplimiento.

En su recurso, la firma no solo cuestiona el fallo sino que propone criterios para que la Corte siente doctrina. Plantea que un tribunal inferior no puede reformular el problema al que fue llamado a responder, que en materia ambiental no se puede negar información relevante por formalismos y que una sentencia que reconoce un daño pero no ofrece solución carece de validez sustancial.

El expediente abre, además, la puerta a una eventual instancia federal, ya que la empresa dejó planteada la reserva para acudir a la Corte Suprema de la Nación.

Mientras tanto, el núcleo del conflicto permanece intacto: miles de toneladas de residuos siguen acumuladas en un predio cerrado. La Corte tucumana deberá decidir ahora si la Cámara cumplió con lo que se le ordenó o si, una vez más, el problema quedó atrapado en un limbo judicial.