Entre críticas y contradicciones: referentes cercanos a La Libertad Avanza respaldan otra intervención sobre contenidos digitales

Como telón de fondo de la fuerte disputa política que generó el proyecto de Gerónimo Vargas Aignasse para retirar contenidos difamatorios de internet en plazos abreviados, en la Legislatura provincial también existe otra iniciativa con objetivos similares, aunque enfocada específicamente en los riesgos derivados de la inteligencia artificial. La particularidad es que la propuesta fue presentada por dirigentes opositores liderados por Raquel Nievas, pero con el acompañamiento de Claudio Viña, recientemente incorporado a las filas de La Libertad Avanza, y Agustín Romano Norri, uno de los dirigentes que mantiene conversaciones para sumarse al armado libertario tucumano.

El dato adquiere relevancia en momentos en que La Libertad Avanza endureció sus cuestionamientos contra el proyecto oficialista de la denominada "Medida Cautelar Digital Urgentísima", al que calificó como un intento de censura y una amenaza para la libertad de expresión.

Mientras el expediente promovido por Vargas Aignasse ya obtuvo dictamen favorable en comisión y quedó en condiciones de llegar al recinto, otro grupo de legisladores opositores impulsó una regulación destinada a brindar protección rápida frente a contenidos elaborados mediante inteligencia artificial que utilicen sin autorización la imagen, la voz o la identidad de una persona.

El texto establece un procedimiento administrativo para actuar frente a la difusión de materiales generados o manipulados mediante IA, especialmente los denominados "deepfakes". Según el proyecto, el objetivo es "establecer un procedimiento administrativo de protección rápida frente al uso no autorizado de la imagen, voz o identidad personal mediante tecnologías de inteligencia artificial", bajo el argumento de que la velocidad con la que se viralizan estos contenidos vuelve insuficientes las respuestas judiciales tradicionales.

El antecedente de la controversia

La discusión inevitablemente remite al proyecto de Vargas Aignasse, que propone incorporar al Código Procesal Penal la figura de la "Medida Cautelar Digital Urgentísima", permitiendo que una persona afectada por contenidos considerados calumniosos o injuriantes solicite a la Justicia una resolución en un plazo máximo de seis horas.

La herramienta habilitaría a un juez a ordenar la eliminación, el bloqueo o la desindexación de publicaciones difundidas en redes sociales, portales de noticias y otros espacios digitales. Luego de una intensa disputa pública con referentes libertarios que denunciaban un intento de cercenamiento a la libertad de expresión, la iniciativa fue modificada para incluir una cláusula de exclusión que impide a los funcionarios públicos utilizar esta herramienta judicial.

El legislador peronista defendió la propuesta argumentando que "no es censura. Es poner un límite a la difamación" y sostuvo que las plataformas digitales, potenciadas por la inteligencia artificial, funcionan muchas veces como "paredones de fusilamiento" donde las reputaciones pueden verse destruidas en cuestión de horas.

También respondió a las críticas provenientes del espacio libertario. "La militancia digital de La Libertad Avanza intenta instalar que este proyecto busca frenar su campaña rumbo al 2027. Es falso. Este proyecto no protege a políticos. Protege a las personas", afirmó.

Sin embargo, en medio de esa disputa, otro expediente con características que también abren el debate sobre los límites de la intervención estatal en el ámbito digital comenzó a tomar forma dentro de la Legislatura.

La propuesta impulsada por Nievas, Romano Norri y Viña define al "contenido sintético o deepfake" como todo "material audiovisual, sonoro, gráfico o digital generado o manipulado mediante inteligencia artificial que reproduzca de forma verosímil la imagen, la voz o características identificatorias de una persona".

Entre los bienes jurídicos protegidos enumera la identidad personal, el derecho a la imagen, la voz, la reputación y la dignidad de las personas.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que fundamenta expresamente la actuación provincial en el denominado poder de policía del Estado. El texto sostiene que la norma se dicta "en ejercicio del poder de policía que corresponde a la Provincia de Tucumán para la protección de los derechos de las personas dentro de su territorio".

A partir de esa premisa, la futura autoridad de aplicación —que deberá ser definida por el Poder Ejecutivo— tendría facultades para requerir información, solicitar aclaraciones, notificar a proveedores de servicios digitales, promover medidas cautelares ante la Justicia e incluso aplicar sanciones administrativas que podrían ir desde apercibimientos hasta multas.

Las cláusulas para evitar acusaciones de censura

Conscientes del debate que desató la propuesta oficialista, los autores del proyecto opositor incorporaron una serie de resguardos destinados a despejar cuestionamientos vinculados a la libertad de expresión.

La iniciativa establece expresamente que "ninguna disposición de la presente ley podrá interpretarse como un mecanismo de censura previa ni restricción indebida a la libertad de expresión, prensa, crítica política, sátira o manifestaciones artísticas".

Además, en los fundamentos se aclara que la intención no es regular internet ni controlar contenidos de manera general, sino crear mecanismos complementarios de protección frente a nuevas modalidades de daño digital.

Los legisladores argumentan que "un contenido manipulado mediante inteligencia artificial puede viralizarse en cuestión de minutos, generando daños reputacionales, personales o patrimoniales de difícil reparación posterior".

La coincidencia en el diagnóstico sobre la velocidad del daño digital también aparece en los fundamentos de Vargas Aignasse, quien sostuvo que "una tutela tardía frente a un daño inmediato es, en términos constitucionales, una forma de tutela ineficaz".

Por eso, más allá de las diferencias de enfoque —uno judicial y otro administrativo, uno centrado en calumnias e injurias y el otro en los deepfakes y la inteligencia artificial—, ambos proyectos comparten una preocupación común: la dificultad de reparar daños que se multiplican a gran velocidad en el ecosistema digital.

La diferencia política radica en que, mientras el oficialismo quedó bajo fuego de La Libertad Avanza por impulsar mecanismos de intervención sobre contenidos en internet, una iniciativa que también prevé acciones estatales para actuar frente a publicaciones digitales lleva la firma de dirigentes opositores, incluidos referentes que hoy forman parte o mantienen vínculos crecientes con el universo libertario tucumano.