El Tribunal de Cuentas amplía la denuncia penal por la falta de transferencias de la Caja Popular al SIPROSA

El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC) resolvió ampliar la denuncia penal presentada ante la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, en el marco de la investigación por la falta de transferencias regulares de la Caja Popular de Ahorros al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), tal como lo establece la Ley N° 5.115.

La medida fue formalizada a través del Acuerdo N° 5183, firmado este martes 11 de noviembre por el presidente del órgano de control, Miguel Chaiben Terraf y los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal. En el texto, el TC ordena poner en conocimiento de la Justicia la información actualizada remitida por el SIPROSA, vinculada a los pagos realizados por la Caja Popular en noviembre de 2024 y mayo de 2025, por $588 millones y $320 millones, respectivamente.

“Corresponde poner en conocimiento de la Fiscalía interviniente los antecedentes referidos, por cuanto evidencian que la Caja Popular de Ahorros ha efectuado pagos extemporáneos, sin la debida conformidad del organismo destinatario y sin el control del Tribunal”, expresa el acuerdo, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso.

Según el Tribunal, estos depósitos —que suman más de $900 millones— fueron efectuados sin la conformidad del SIPROSA y con varios meses de retraso, pese a que la ley obliga a transferir mensualmente el 25% del resultado bruto del sector juegos y una suma fija adicional.

“El incumplimiento persistente durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 importó la privación ilegal y continuada de fondos públicos con destino a la salud provincial, en plena emergencia sanitaria”, afirma el documento.

Como ya informó oportunamente Tendencia de Noticias, la auditoría del organismo de control había detectado graves incumplimientos entre 2020 y 2023, estimando una deuda total de $3.381 millones, más intereses. Esa irregularidad motivó, en junio de 2024, la apertura de un Juicio de Responsabilidad contra el entonces interventor de la Caja Popular, José César Díaz, y la primera denuncia penal ante la Justicia.

El nuevo acuerdo subraya que los pagos realizados por la Caja Popular en noviembre de 2024 y mayo de este año, además de ser extemporáneos y unilaterales, fueron imputados a períodos distintos a los reclamados originalmente por el SIPROSA, lo que agrava la situación. El propio Tribunal advierte que esas operaciones “confirman el reconocimiento de la obligación adeudada y el incumplimiento legal previo”.

“Tales conductas podrían configurar ilícitos penales en los términos de los artículos 248 y 260 del Código Penal, referidos a violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”, advierte el texto.

El documento recuerda que los fondos retenidos por la Caja Popular tenían destino específico: financiar la atención de la salud pública provincial, por lo que su retención o transferencia tardía, algo que deberá determinar la Justicia, constituye “una irregularidad grave con connotación penal”.

“El incumplimiento persistente durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 importó la privación ilegal y continuada de fondos públicos con destino a la salud provincial, en plena emergencia sanitaria”, sostiene el acuerdo.

Con esta decisión, el Tribunal de Cuentas remitió la información complementaria, que precisa la deuda acumulada mes a mes, a la Fiscalía de Delitos Complejos para su incorporación al expediente S-048030, donde ya se investiga la posible comisión de delitos como violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

 
Respuestas oficiales

Desde la Caja Popular de Ahorros, en una conferencia de prensa, ofrecieron su versión sobre la investigación y rechazaron los señalamientos del Tribunal de Cuentas. En tanto, desde el Siprosa aún no respondieron a las consultas realizadas por Tendencia de Noticias.