Avanza el Juicio del Tribunal de Cuentas contra el interventor de la Caja por una deuda millonaria con el SIPROSA

El Tribunal de Cuentas de la Provincia (TC) avanza con la sustanciación del Juicio de Responsabilidad que ordenó en el mes de junio contra el interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), José César Díaz, por presuntas anomalías en el manejo de los fondos del área de juegos de la entidad, que derivaron en una deuda superior a los $ 3.000 millones con el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA).

A través del acuerdo N° 4089, del pasado 13 de septiembre, el organismo de control designó como co-instructor en la causa al letrado Martín Colomo, a los efectos de que asista profesionalmente al abogado fiscal Agustín Gollán, quien tiene a su cargo la investigación, “dada la voluminosidad y complejidad de las medidas a desarrollar en el presente juicio”.

Un informe elaborado por técnicos del TC tras una auditoría que comenzó en noviembre de 2023 y cerró a mediados de este año, advirtió sobre “una grave irregularidad por la conducta reiterada de incumplimiento incurrido por la CPA” respecto al envío del 25% del resultado bruto del sector juegos entre 2020 y 2023, conforme lo determina la ley N° 5115, en sus artículos 21 y 21 bis.

Según el TC, “este incumplimiento privó al SIPROSA, de contar con los fondos resultantes de dicha norma y que corresponden al 25 % del resultado bruto del sector juegos, durante los periodos mensuales detallados y con un monto aproximado informado por los Auditores Contables en estas actuaciones, que ascendería a la suma de $ 3.381.104.038, más sus respectivos intereses por mora”.

Además, el organismo advirtió que “esta privación de la oportuna administración de los fondos mencionados, que se mantiene hasta la fecha, en flagrante incumplimiento de la ley, pese a la intimación efectuada por el SIPROSA, deriva en esta instancia en la eventual existencia de un perjuicio fiscal al erario provincial”.

Por esta razón, además de disponer el inicio del juicio de responsabilidad contra Díaz, en su carácter de máxima autoridad de la CPA, el TC puso en conocimiento de la Justicia Penal los hechos y documentación sustentados en la auditoría “a fines de su intervención ante la eventual comisión de ilícitos como violación de deberes de funcionarios públicos o malversación de caudales públicos, tipificados en el Código Penal”.

Con la firma de su presidente, Miguel Chaibén Terraf, y del vocal Sergio Díaz Ricci (el vocal Marcelo Vidal estaba de licencia), el TC resolvió incorporar al expediente del juicio contra el interventor de la CPA distintas notas y una carta documento en la que desde el SIPROSA se intimaba al ente crediticio a efectivizar el pago de la partida “correspondiente al 25% del Resultado Bruto del Sector Juegos”.

En el acuerdo N° 2492, el TC recordó que el artículo 21 de la Ley N° 5115 establece expresamente que “de la explotación de la lotería, quinielas, casinos y otros juegos de azar que se oficialice se llevarán registraciones contables, que permitan individualizarlas de las restantes actividades de la CPA”. Y agrega que “se deducirá sobre el resultado bruto del sector juegos un 25 % que se acreditará al SIPROSA y que será depositado en la cuenta que a tales efectos se habilite en el Banco de la Provincia de Tucumán”.

Además, el TC recordó que el artículo 21 bis de dicha ley prescribe que “del resultado bruto del Sector Juegos, la Caja Popular de Ahorros de la Provincia, transferirá al SIPROSA, la suma fija mensual de $ 400.000, independientemente de los fondos que le corresponda transferir por aplicación del artículo anterior”.

Sin embargo, por los informes remitidos por el SIPROSA a requerimiento del TC, quedó expuesto que la CPA solamente cumplió con el traspaso de los $ 400.000 mensuales, pero no con el envío del monto correspondiente al 25% de la recaudación en bruto del área juegos.

Desde la Gerencia General de la CPA aclararon que esos recursos no fueron girados atento a una deuda que el SIPROSA mantiene con la entidad crediticia vinculada con la emisión de pólizas mensuales de ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo. “Al respecto, los Auditores Externos, elaboraron informe detallado de las diferencias detectadas correspondientes a los períodos 2015 a 2023, las cuales ascienden a la suma estimada de $477.254.446 (pesos: cuatrocientos setenta y siete millones doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis)…”, explicaron.

Además, desde la institución recordaron que “en marzo/23 se firmó un Convenio de Colaboración entre ambas Instituciones destinado al Proyecto ‘Centro Educativo Terapéutico para Niños con Autismo’, obra ésta que será financiada con fondos provenientes de los aportes que Caja realiza al SIPROSA”. Y agregaron que “el presupuesto estimado para ello supera los $ 400.000.000”.

Sin embargo, las autoridades de TC desestimaron las explicaciones aportadas por la Caja y remarcó que es “improcedente esa compensación en sí misma como fundamento para no cumplir con un imperativo legal concreto, determinado, y que se venía cumpliendo en períodos anteriores sin reclamo alguno por parte de la CPA”.