La Caja Popular respondió a las acusaciones y denunció un “abuso de autoridad” del Tribunal de Cuentas

Las autoridades de la Caja Popular de Ahorros (CPA) rompieron el silencio y realizaron una defensa exhaustiva tras las actuaciones del Tribunal de Cuentas (TC), que la semana pasada derivaron en una denuncia penal por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

El organismo de control investiga dos hechos: la entrega de mercadería proveniente del Ministerio de Desarrollo Social a la CPA durante 2023, año electoral, y presuntas anomalías en el cálculo y pago de los aportes al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) con recursos provenientes del juego oficial.

El interventor del organismo crediticio, José César Díaz, encabezó una conferencia de prensa en la que rechazó con énfasis todas las imputaciones, aseguró que la Caja actuó siempre “en cumplimiento de la ley” y acusó al Tribunal de Cuentas —particularmente a su presidente, Miguel Chaiben Terraf— de impulsar “embates arbitrarios y abusivos”.

“Ha llegado un momento en que corresponde aclarar las situaciones porque ya hemos tomado las medidas adecuadas en relación al caso”, dijo al iniciar su exposición. Y anticipó que lo que está en juego “es una enemistad manifiesta” surgida a partir de un sumario que involucró a un familiar de Chaiben Terraf años atrás. “A partir de ahí comenzó una batalla adversaria. Tenemos entre 60 y 70 sumarios iniciados contra la Caja Popular. ¿Les parece normal?”, cuestionó.

Un conflicto que lleva años

Díaz enmarcó las actuaciones recientes del Tribunal de Cuentas en un conflicto que, según él, se remonta a varios años. “Todo se comenzó a ajar cuando empezamos a sufrir embates arbitrarios, sustentados en aparentes actos administrativos legítimos que les permite la ley 6970, pero que se usan de manera abusiva”, sostuvo.

Aseguró que la CPA es “el único organismo de la provincia que trabaja con normas ISO, auditoría externa y contabilidad con partida doble”, y que sus balances “son presentados en tiempo y forma y aprobados por todos los organismos públicos”. A pesar de ello, afirmó que el TC observa “casi cualquier decisión administrativa, desde la compra de ascensores hasta la renovación de vehículos”.

Díaz insistió en que las actuaciones del Tribunal de Cuentas responden a un hostigamiento: “Hemos paralizado al organismo de control para controlar sólo a la Caja Popular. Esto no debería ser así: somos parte del Estado y todos debemos servir”.

La entrega de mercadería

Una de las actuaciones del Tribunal de Cuentas se centra en la entrega de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social a la Caja. El TC cuestiona la falta de un convenio formal y de rendiciones específicas sobre el destino de esos bienes por un monto superior a los $26 millones.

Consultado Díaz sobre la entrega de mercadería, no pudo precisar cuál era su destino, aunque sí explicó que el mecanismo tenía varios años de funcionamiento y que se aplicaba en gestiones anteriores “por pedido del propio Ministerio de Desarrollo Social”. “Son de años y por la mecánica del Ministerio. El Tribunal de Cuentas no dijo nunca nada”, afirmó.

A fines de la semana pasada, fue presentada en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana (UFDT) una denuncia penal contra Díaz, el exsubinterventor y actual legislador provincial Hugo Ledesma, varios agentes del organismo y la exministra de Desarrollo Social durante el gobierno de Juan Manzur, Lorena Málaga. Se los acusa de integrar una organización destinada al desvío sistemático de bienes públicos destinados a la asistencia social, maniobra que habría provocado un perjuicio millonario al Estado, por lo que se pide el allanamiento de sus domicilios y que la Justicia ordene su inmediata detención.

La denuncia, impulsada por Claudia Alejandra Álvarez con el patrocinio de los abogados Camilo Atim y Florencia Abdala, sostiene que los imputados “habrían participado en un grave desfalco y desvío masivo de fondos y bienes públicos, acto de corrupción de extrema gravedad que ha sido flagrantemente expuesto por el Honorable Tribunal de Cuentas”.

Díaz defendió la legalidad de las entregas y negó cualquier maniobra irregular. “¿Ustedes me ven llevándome bolsones? Es ridículo”, ironizó. Explicó que la práctica “era habitual desde hace años y no sólo con la Caja Popular”, y que el Ministerio disponía esas entregas “por la capacidad logística del organismo”.

“La Carta Orgánica faculta a la Caja a realizar actividades de naturaleza social. No se necesita convenio entre organismos del Estado. Y además, el propio Ministerio tenía la obligación de entregar mercadería por decreto. ¿Quién redactó ese decreto? El mismo asesor que ahora interviene en el sumario”, señaló en referencia al asesor letrado del TC, González Navarro.

Díaz denunció que quienes realizaron la auditoría del caso “no se excusaron pese a tener vínculos con el Ministerio” y que el proceso fue una “simulación de sumario”. “No pidieron auditoría de nada. Sólo buscaron órdenes de entrega en un período particular, como si quisieran direccionar la investigación. Esto no es auditoría: es marcar un micrófono en una mesa y decir ‘busquen sólo eso’”, graficó.

En distintos tramos de la conferencia de prensa, Díaz insistió en que la Caja Popular actuó conforme a derecho. “Se ha cumplido la ley, la seguiremos cumpliendo y no tenemos nada que esconder”, afirmó. Y añadió: “Tampoco vamos a tolerar que nos imputen delitos sin fundamento. Esto ya es un abuso de autoridad, un uso indebido de las herramientas que la Constitución les ha otorgado”.

El interventor confirmó que ya se efectuaron las presentaciones judiciales correspondientes y que, ante los trascendidos sobre nuevas denuncias, él mismo se puso “a disposición de la Justicia como corresponde”. “No conozco ninguna actuación concreta, pero ya me presenté ante el fiscal y realicé las denuncias necesarias. Así procede un funcionario público”, dijo.

Consultado sobre si el gobernador Osvaldo Jaldo le pidió explicaciones o le solicitó la renuncia, Díaz respondió: “Que haga mi trabajo nada más. Hasta ahora nada más que eso”. Y ante la pregunta directa sobre si le pidieron dejar el cargo, fue categórico: “Para nada”.

El caso Siprosa: la deuda “mal calculada”

La otra resolución del organismo de control está relacionada con el cálculo del aporte que la CPA debe transferir anualmente al Siprosa, conforme la Ley 5115. Díaz explicó que el TC sostuvo que la Caja incumplió sus obligaciones, generando una deuda de $3.350 millones. Sin embargo, el funcionario afirmó que esa cifra “es producto de un cálculo errado, una torpeza mayúscula”.

“Tomaron el bruto de la totalidad del balance y no restaron los gastos del juego. Además, usaron cifras ajustadas por inflación, mezclaron conceptos y sacaron un número astronómico imposible de sostener”, señaló. Y remarcó: “Ese período ya estaba aprobado por la Legislatura y sus balances también. Es inentendible que ahora pretendan responsabilizar penalmente a la Caja”.

Díaz también recordó que existía un convenio entre la CPA y el Siprosa para destinar parte de esos fondos a la construcción del edificio del TEA. “El Tribunal de Cuentas dice que el convenio no tenía validez. Pero si no tenía validez, ¿por qué el propio Siprosa lo rescindió?”, preguntó.

Tras la rescisión —según explicó— la Caja transfirió inmediatamente los fondos acumulados. “No había deuda. Está­bamos cumpliendo un convenio”, afirmó.

“La Caja no tiene fines políticos”

 

Consultado sobre los fines de la mercadería recibida de Desarrollo Social y si estos elementos podrían estar vinculados a actividades políticas en un año electoral, Díaz fue tajante. “¿Usted cree que yo soy político? Para nada. La Caja Popular no obedece a fines políticos partidarios. Si hablamos de ‘política’ en el sentido de bien común, sí. Pero jamás en sentido partidario”, argumentó.

También negó cualquier vínculo entre la Caja Popular y dirigentes mencionados en trascendidos mediáticos, como el caso del diputado nacional y dirigente del gremio bancario, Carlos Cisneros. “No ocupan ningún cargo, no figuran en ningún organigrama. No tengo nada más que decir sobre eso”, afirmó.

Cuando le preguntaron si confía en la actuación del Ministerio Público Fiscal, Díaz respondió con una frase que —dijo— aprendió de un profesor (Luis Iriarte): “Debía confiar en la Constitución, en el derecho y ganar en el proceso. Soy abogado hace 30 años. No voy a cambiar ahora”.