
El Tribunal de Cuentas de Tucumán advirtió al Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT) por el pago indebido de aportes patronales derivados de una liquidación salarial realizada a una empleada que se encontraba con licencia sin goce de haberes y ordenó al organismo iniciar las gestiones necesarias para recuperar esos fondos.
La decisión quedó plasmada en el Acuerdo Nº 2796, firmado este 3 de agosto, fecha que coincidió con la salida de José Ricardo Ascárate al frente de la intervención del ERSEPT por razones personales y con la designación de Eduardo Cobos como nuevo interventor del ente regulador.
La resolución, a la que Tendencia de Noticias tuvo acceso, surge a partir de un expediente iniciado tras una presentación realizada por la Asociación de Trabajadores del Ente Regulador de Energía de Tucumán (ATERET), que daba cuenta de un conflicto interno entre autoridades y empleados del organismo.
Una denuncia que derivó en el análisis patrimonial
El expediente tuvo origen en una nota presentada por el secretario general del gremio, Guillermo Fabián Frías, quien informó una denuncia formulada por dos trabajadores del ERSEPT por presuntas agresiones verbales, amenazas y situaciones de violencia laboral atribuidas a la gerente general y de Coordinación del organismo, Laura María Duarte.
En el marco de esa presentación, el Tribunal solicitó diversa documentación al ERSEPT para determinar si los hechos denunciados podían derivar en un eventual perjuicio para el patrimonio público.
Sin embargo, el organismo de control aclaró que las denuncias vinculadas con violencia laboral, conflictos jerárquicos, relaciones sindicales o eventuales responsabilidades disciplinarias exceden su competencia, circunscripta exclusivamente al control patrimonial del Estado.
Del análisis de la documentación remitida por el ERSEPT, el Tribunal detectó que una agente del organismo, Laura Solana Fanjul Schicketanz, había percibido haberes por $1.892.869,48 pese a encontrarse con licencia sin goce de sueldo, debido a una demora administrativa en el dictado de la resolución que autorizó esa licencia.
No obstante, el acuerdo señala que la trabajadora reintegró la totalidad de ese dinero mediante una transferencia realizada el 30 de abril, por lo que el Tribunal descartó la existencia de un perjuicio fiscal respecto de ese importe.
Sin embargo, el análisis detectó otro aspecto que sí motivó una advertencia formal al ente regulador.
Según el acuerdo, además del salario posteriormente reintegrado, el ERSEPT abonó contribuciones patronales que no correspondían porque la agente se encontraba en situación de inactividad y no debía devengar remuneración.
En ese concepto se identificaron pagos por $ 60.602,32 en concepto de aporte patronal jubilatorio; $ 26.815,19 por aporte patronal a la obra social; y $ 59.556,99 correspondientes a la ART.
Para el Tribunal, esas erogaciones no quedaron alcanzadas por la devolución efectuada por la agente y deben ser recuperadas o regularizadas mediante los procedimientos administrativos correspondientes.
Orden para recuperar los fondos
A través del Acuerdo Nº 2796, que lleva las firmas de Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, el Tribunal de Cuentas ordenó al ERSEPT iniciar las acciones necesarias ante los organismos que recibieron esos aportes para obtener su restitución, compensación o correcta imputación contable, según corresponda en cada caso.
Además, dispuso que el ente regulador informe periódicamente el avance de esas gestiones y remita la documentación respaldatoria para verificar que no subsista un perjuicio para el erario provincial.
La resolución fue dictada en un contexto de fuerte conflictividad interna dentro del organismo regulador. En las últimas semanas, el ERSEPT atravesó una escalada de tensiones entre la conducción encabezada por José Ricardo Ascárate y la subinterventora Ingrid Lausberg, a lo que se sumaron denuncias de trabajadores, reclamos gremiales y medidas de fuerza impulsadas por el personal del ente.
Ese escenario concluyó este lunes 3 de agosto con la salida de Ascárate de la intervención por motivos personales y la designación del exlegislador y exdefensor del Pueblo Eduardo Cobos como nuevo interventor del organismo.
Si bien el Acuerdo del Tribunal de Cuentas no vincula esa decisión administrativa con el cambio de autoridades, su publicación se produce en medio del proceso de transición que atraviesa el ERSEPT y en un contexto marcado por conflictos internos, cuestionamientos sindicales y reclamos sobre el funcionamiento del ente regulador.