HACIA UNA REPRESENTACIÓN DIGITAL SOBERANA Y ÉTICA
Tras el "error grave" de Milei, impulsan una ley para proteger la identidad digital y el patrimonio tucumano
El proyecto presentado por Gerónimo Vargas Aignasse propone un marco regulatorio plural y federal que busca democratizar el acceso al conocimiento, prevenir sesgos tecnológicos y proteger la identidad provincial, estableciendo criterios éticos para evitar que la automatización de contenidos invisibilice o distorsione la realidad territorial de Tucumán.
La génesis de una propuesta legislativa elevada a la Cámara por el peronista Gerónimo Vargas Aignasse (foto inferior) sobre Inteligencia Artificial (IA), Identidad Digital y Sociedad del Conocimiento se remonta a un polémico episodio ocurrido en mayo de este año, cuando el presidente Javier Milei difundió un “Mapa del crecimiento de Argentina” en el cual la provincia de Tucumán y las Islas Malvinas habían sido omitidas. Ante ello, el proyecto tiene como meta establecer una política provincial que fortalezca la producción de información confiable y promueva capacidades críticas para que los ciudadanos utilicen estas tecnologías sin que la IA se convierta en un factor de exclusión. Si bien la norma aspira a la transparencia y la pluralidad, su implementación abre debates sobre la regulación de contenidos en el ecosistema digital y la capacidad técnica de la provincia para monitorear omisiones en repositorios globales.
Según el articulado y los fundamentos de la propuesta, este objetivo busca "fortalecer la producción, preservación, digitalización, organización, actualización y difusión de información confiable y verificable sobre la Provincia de Tucumán", abarcando desde su territorio e historia hasta su patrimonio y producción científica o económica. Además, la iniciativa aspira a "promover el desarrollo de capacidades para que las personas comprendan, utilicen y evalúen críticamente los sistemas de inteligencia artificial", con el fin de que puedan verificar fuentes y aprovechar estas tecnologías de forma responsable en el trabajo, la educación y la vida diaria.
La publicación del "mapa presidencial", que carecía de rigor técnico mínimo al omitir provincias enteras, fue calificada incluso por el gobernador Osvaldo Jaldo como “un error grave” que refleja una “falta de interés del Gobierno nacional por las provincias en general y por Tucumán en particular”. En sintonía con este malestar, el fundamento del proyecto de Vargas Aignasse sostiene que este hecho “demostró, de una forma comprensible para toda la ciudadanía, que una provincia puede quedar ausente de una representación nacional difundida masivamente, y que esa omisión puede reproducirse, almacenarse, indexarse y reutilizarse en nuevos contenidos digitales”. Por ello, la iniciativa legislativa busca transformar esa falla en una respuesta institucional duradera.
En los fundamentos del proyecto, se aclara que la ley persigue objetivos que deben ser comprendidos con claridad: el primero es contribuir a que la provincia produzca información actualizada sobre su realidad para evitar distorsiones digitales, y el segundo es brindar herramientas para que la sociedad no se limite a acumular datos, ya que una sociedad del conocimiento "se construye formando personas capaces de comprenderla, evaluarla y utilizarla".
Asimismo, el proyecto define como un "objetivo estratégico" el hecho de "promover una representación digital suficiente, plural, verificable, territorialmente correcta y culturalmente adecuada de Tucumán". De esta manera, la iniciativa aspira a consolidar a la jurisdicción como una "Provincia del Conocimiento" capaz de usar las nuevas tecnologías para generar desarrollo e igualdad, poniendo la inteligencia artificial "al servicio del bien común".
A diferencia de posturas tecnofóbicas, el proyecto enfatiza que “la respuesta frente a la inteligencia artificial no debe ser sembrar temor. Debe ser sembrar conocimiento”. Vargas Aignasse propone una iniciativa plural que no concede beneficios económicos automáticos ni preferencias en contrataciones, asegurando que la tecnología sea “una herramienta disponible para todos, sin distinción de condición económica, social, territorial o política”.
En este sentido, el articulado destaca que la IA no debe ser un privilegio, sino un servicio al bien común. Para evitar los riesgos de una “adopción desordenada”, que según los fundamentos puede generar “dependencia tecnológica, exposición de datos, discriminación, opacidad y debilitamiento de la responsabilidad pública”, la ley fija prioridades claras en el rescate del patrimonio local, como el proceso independentista, la Batalla de Tucumán y las identidades culturales.
Órganos funcionales
El proyecto de ley establece la creación del Observatorio Provincial de Inteligencia Artificial e Identidad Digital, el cual funcionará como un órgano técnico permanente, interdisciplinario e interinstitucional en el ámbito de la Legislatura de Tucumán.
De acuerdo con el Artículo 17 de la norma, el Observatorio se estructura a través de los siguientes órganos integrantes:
Consejo Directivo: Es el órgano de conducción y está integrado por un representante titular y uno alterno de nueve instituciones estratégicas: la Honorable Legislatura de Tucumán, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el Poder Ejecutivo Provincial (área de innovación y economía del conocimiento), el Clúster Tecnológico de Tucumán, el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP), el Ente Cultural de Tucumán, el Ente Tucumán Turismo, el Consejo de Investigaciones de la UNT (CIUNT) y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).
Presidencia: Ejercida por el representante de la Legislatura.
Vicepresidencia Académica: A cargo del representante de la Universidad Nacional de Tucumán.
Secretaría Técnica: Responsable de la coordinación operativa, la organización documental, la preparación de informes y la asistencia a los demás órganos.
Consejo Consultivo: Funciona como un ámbito de asesoramiento y participación sin funciones ejecutivas. Puede estar integrado por universidades, organismos científicos, municipios, comunas rurales, colegios profesionales, cámaras empresarias, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, bibliotecas, museos y especialistas.
Mesas Técnicas temporarias: Son creadas por el Consejo Directivo para abordar asuntos específicos con un plazo y producto final determinados. La ley otorga participación prioritaria a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT en aquellas mesas vinculadas a la educación, ética, historia, identidad y sesgos de representación.
El diseño institucional busca garantizar una conducción eficiente con un número reducido de decisores en el Consejo Directivo, permitiendo al mismo tiempo una participación amplia de la sociedad y los sectores científicos a través del Consejo Consultivo y las Mesas Técnicas.
Transparencia y límites éticos
El proyecto hace especial hincapié en la protección de la integridad informativa y la supervisión humana a través de artículos clave:
Integridad Informativa (Art. 31): Establece que toda acción debe respetar la autenticidad de las fuentes, prohibiendo expresamente “manipular información o producir propaganda encubierta”.
Protección de Datos (Art. 35): Autoriza protocolos para prevenir la “extracción automatizada masiva, desproporcionada o descontextualizada de bases de datos” cuando se comprometa la seguridad o datos personales.
Alfabetización Crítica (Art. 38): Impulsa el desarrollo de capacidades para “reconocer errores y sesgos, identificar contenidos falsos o sintéticos y verificar la autoría” de las fuentes.
Responsabilidad Humana (Art. 43): Determina que ninguna decisión administrativa que restrinja derechos podrá fundarse “exclusivamente en el resultado de un sistema de inteligencia artificial sin intervención, valoración y responsabilidad de una autoridad humana competente”.
Delimitación de Competencias (Art. 51): Aclara que el nuevo Observatorio tendrá carácter técnico y consultivo, sin potestad sancionatoria ni regulatoria sobre materias nacionales como las telecomunicaciones, respetando el marco federal.
El proyecto se sustenta en la defensa de las facultades provinciales, limitándose a competencias propias y concurrentes como educación, cultura y patrimonio. Vargas Aignasse subraya que la provincia no pretende regular lo que el Congreso de la Nación ya regula, sino liderar desde un “federalismo cooperativo” que permita a Tucumán dejar de ser un mero consumidor de tecnologías desarrolladas externamente.
Finalmente, la norma prioriza la creación de una “identidad digital provincial” que incluya acentos y modismos regionales en los sistemas de voz, entendiendo que “crear corpus, glosarios y registros orales es una forma de inclusión cultural y tecnológica” para que los sistemas digitales comprendan mejor a la comunidad local.
