El libro como punto de encuentro: la reforma de Milei logró la unidad legislativa entre una radical y un peronista

En un escenario político marcado por la polarización, la reciente iniciativa del Gobierno nacional para desregular el mercado editorial logró un consenso inesperado en la Legislatura de Tucumán. Los legisladores Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán-UCR) y Gabriel Yedlin (PJ) -foto inferior- firmaron un proyecto conjunto para “manifestar su preocupación y respaldo institucional a las librerías, editoriales independientes, cámaras del libro, autores, autoras y trabajadores y trabajadoras de la cadena editorial tucumana” ante el avance del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La propuesta busca apoyar al sector frente a la eventual derogación de la Ley Nacional N° 25.542 (Defensa de la Actividad Librera), advirtiendo que la eliminación del precio único del libro no fomentaría la competencia, sino que provocaría la desaparición de los comercios de barrio y una alarmante concentración del mercado en manos de grandes plataformas.

El eje de la preocupación legislativa reside en la Ley N° 25.542, sancionada en 2001, que establece que los editores e importadores deben fijar un precio uniforme de venta al público (PVP). Según los fundamentos del proyecto, esta norma es vital para impedir que “grandes cadenas comerciales o plataformas de venta virtual utilicen best-sellers como 'producto gancho', ofreciéndolos muy por debajo de su valor real para captar clientela y desplazar a las librerías de barrio y comercios especializados”.

Los legisladores aclaran que esta regulación no es una intervención estatal directa sobre el valor, y subrayan que: “No se trata, como se ha señalado desde distintos sectores, de un precio fijado por el Estado ni de una forma de planificación cultural, sino de una regla que garantiza que el precio establecido por el propio editor se respete de manera uniforme en toda la cadena de comercialización”.

La iniciativa alerta que la desregulación propuesta bajo el objetivo de "eliminar restricciones" beneficiaría exclusivamente a los actores económicos concentrados. El texto señala que estas grandes cadenas poseen la “capacidad de absorber pérdidas transitorias mediante descuentos agresivos, en perjuicio de las pequeñas librerías que no cuentan con esa espalda financiera”.

Para sostener esta postura, el proyecto de Elías de Pérez y Yedlin recurre a la experiencia internacional, como el caso de los Estados Unidos, "muestra que en mercados desregulados los precios bajaron únicamente en una primera etapa, para luego incrementarse una vez consolidada la posición dominante de los grandes operadores, en simultáneo con el cierre masivo de librerías independientes”.

Protección de la "bibliodiversidad"

Más allá de la cuestión comercial, el proyecto resalta que mecanismos de precio único rigen en potencias culturales como Francia, Alemania, España e Italia. El fundamento central es que “el libro no es una mercancía como cualquier otra, sino un bien cultural cuya circulación diversa debe ser protegida frente a las lógicas de concentración del mercado”.

En este sentido, la nota de los legisladores tucumanos concluye que la derogación impactaría directamente sobre la “'bibliodiversidad', entendida como la existencia de una oferta amplia de autores, géneros, editoriales pequeñas y medianas, y títulos no necesariamente masivos, que hoy encuentran en las librerías independientes un canal de circulación que los grandes operadores comerciales no garantizan”.