El Ejecutivo tucumano prorroga por dos años la emergencia en el transporte

Ante el inminente vencimiento del marco legal vigente a finales del mes próximo, el Poder Ejecutivo provincial, con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del Ministro de Obras, Servicios y Transporte, Marcelo Nazur, elevó a la Cámara un proyecto para sostener la Emergencia del Servicio Público de Transporte Automotor de Pasajeros. Según los fundamentos del texto, la decisión se fundamenta en “la subsistencia de las causales que dieron origen a la declaración de la emergencia (en 2022), con motivo de la crisis en el sector del transporte de pasajeros que se agudizó por los aumentos en los costos de combustible y salarios”. En este contexto, el artículo 1° del proyecto establece la ampliación hasta el 31 de mayo de 2028, pero añade una advertencia sobre la profundidad del problema al disponer que la emergencia podrá ser “porrogada por el término de dos años si subsistiesen las causales que dieron origen a la presente”, proyectando un posible escenario de crisis hasta el año 2030.

Esta nueva prórroga se inscribe en un complejo entramado de auxilio financiero estatal para evitar el colapso del sistema. Recientemente, la Provincia oficializó el destino de otros $4.900 millones correspondientes al mes de abril para las empresas de colectivos, con el fin de “amortiguar el impacto de la quita de subsidios nacionales y del aumento de los costos operativos”. En los considerandos del Decreto N° 667/8, el Gobierno advirtió que el incremento en insumos, repuestos y el costo laboral presionan sobre la estructura financiera de las firmas, por lo que la asistencia busca “garantizar el acceso de la población al servicio de transporte público, considerado una prestación esencial para la satisfacción de necesidades colectivas”.

Por su parte, la Capital también tuvo que intervenir de manera directa. La gestión de la intendenta Rossana Chahla acordó un adelanto de $ 900millones para las líneas urbanas ante la falta de fondos federales. El secretario de Movilidad Urbana municipal, Carlos Arnedo,detalló que la intendencia inyecta mensualmente cerca de $1.600 millones para mantener el servicio activo, asumiendo gastos que correspondían a la Nación, como el Atributo Social de la tarjeta SUBE que asciende a $400 millones mensuales. “Se sostiene con gran sacrificio y recursos propios”, subrayó el funcionario, destacando que el objetivo primordial es “evitar que la crisis recaiga sobre los usuarios”.

Desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) se mantiene una postura de alerta permanente. Su vicepresidente, Jorge Berretta, manifestó que el sistema enfrenta una “situación límite” y que, ante la escalada de costos en gasoil y mano de obra, “si no se contemplan los costos, el sistema no cierra”. El dirigente remarcó que el transporte está inmerso en una crisis de larga data y que el Estado debe garantizar la “ecuación económica mínima de las empresas”, ya que el esfuerzo privado mediante el endeudamiento no es suficiente para sostener la prestación.

Finalmente, el proyecto de ley enviado por el gobierno provincial contempla facultar al Ejecutivo para otorgar subsidios o compensaciones mensuales a través de AETAT, con el objeto de “asistir al sector alcanzado por la emergencia y a fin de garantizar la prestación y calidad del servicio y el mantenimiento de las fuentes de trabajo”. Asimismo, se establece que el monto de dicha ayuda estará sujeto a las “disponibilidades del Tesoro de la Provincia” y que las empresas prestatarias deberán suscribir convenios asegurando el compromiso de mantener la dotación de empleados del sector.