El deterioro de las rutas nacionales impulsa nuevos acuerdos políticos con las provincias

El grave accidente protagonizado por dos camiones en la Ruta Nacional A012, cerca de la ciudad de Rosario, visibilizó la urgencia de reparar una vía fundamental para las exportaciones nacionales. Ante esta situación, el gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, firmaron un convenio en la Casa Rosada junto a Karina Milei y Luis Caputo para que la provincia de Santa Fe asuma la conservación del trazado por las próximas dos décadas absorbiendo los costos operativos.

Esta estrategia gubernamental busca ser replicada en otros distritos mediante el traspaso de más de mil kilómetros de caminos federales, incluyendo negociaciones activas por las rutas que atraviesan Río Negro. Para los sectores que no sean absorbidos por los estados provinciales se prevén concesiones privadas de largo plazo enfocadas en el cobro de peajes, mientras los informes de Vialidad Nacional advierten que gran parte de la red se encuentra intransitable por la falta de ejecución presupuestaria durante los dos años anteriores.

Las discusiones por la infraestructura se desarrollan en un contexto de extrema necesidad política para la gestión de Javier Milei, quien busca seducir a los mandatarios para avanzar con la suspensión de las elecciones primarias y ahorrar millones de dólares. Sin embargo, el margen de negociación se encuentra condicionado por la fuerte caída en las transferencias hacia las jurisdicciones que, según la consultora Politikón Chaco, representó una pérdida billonaria que afectó directamente el mantenimiento de zonas críticas como la Ruta 34 y los accesos a Vaca Muerta.

Mientras Diego Santilli diagrama viajes hacia Catamarca y Santiago del Estero para asegurar niveles de gobernabilidad mediante promesas de adelantos financieros y obras básicas, el relato oficial se enfrenta al descontento de la ciudadanía sobre este tema puntual. Los sondeos realizados por las firmas Alaska y TresPuntoZero reflejaron un amplio rechazo social a la paralización de la obra pública, evidenciando que la población no está dispuesta a tolerar el deterioro extremo de las rutas a pesar de acompañar el ajuste fiscal.

Fuente: Los Primeros