El "cerrojo" judicial sobre los fondos municipales: por qué la causa de los cheques ya es cosa juzgada

El horizonte judicial para el oficialismo tucumano se despejó de manera definitiva. La investigación que nació bajo la lupa de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por el manejo de fondos públicos en cinco municipios de la provincia ya no tiene vías de retorno. La novedad, más allá del archivo dictado por el juez Guillermo Díaz Martínez, reside en el laberinto procesal que dejó a los acusadores sin margen de maniobra.

Tal como adelantó el sábado en exclusiva Tendencia de Noticias, el juez federal subrogante Díaz Martínez resolvió archivar el expediente que más inquietud generaba en la Casa de Gobierno. Se trata de la pesquisa abierta a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que había puesto bajo sospecha el manejo de fondos públicos en distintos municipios de la provincia entre 2023 y 2024. El titular de ese organismo, Diego Velasco, había formulado a fienes de 2024 una denuncia contra siete municipios del norte argentino. Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá, Alberdi y San Isidro de Lules, de Tucumán; y las municipalidades catamarqueñas de Corral Quemado, Belén e Icaño; y la salteña San Carlos.

Aquel expediente se originó tras la detección de operaciones financieras consideradas inusuales, principalmente por la reiteración de extracciones de dinero en efectivo mediante cheques por ventanilla, una modalidad permitida pero de baja trazabilidad. En total, el volumen de dinero por investigar ascendía a $ 39.487 millones: los montos retirados ascendían a $ 17.200 millones en Banda del Río Salí; $ 11.400 millones, en Famaillá; $ 6.000 millones, en Alberdi; $ 4.200 millones, en Lules; y $3.900 millones, en Monteros.

A partir del dictamen del fiscal Vehils Ruiz, en el que habla de "displicencia y manejo arbitrario de recursos", el magistrado dispuso el archivo de las persquisas por inexistencia de delito en cuatro de los cinco municipios. Incluso, desestimó la posibilidad de que esos fondos hayan sido destinados al financiamiento electoral ilegal.

El rol de CREO: sin "calidad de parte"

En 2025, tras la difusión de la denuncia de la Procelac, el partido CREO anticipó su presentación en la Justicia Federal para ampliar la investigación con nuevos elementos probatorios.

Sin embargo, su intervención en el proceso fue limitada desde el origen: el fiscal federal no les otorgó la calidad de querellante. Al no ser admitidos como parte formal, su rol se redujo meramente a ser denunciantes que aportaron una ampliación de la denuncia y pruebas adicionales.

Al no haber sido nunca "parte" en el proceso, los referentes de CREO confirmaron que no cuentan con la legitimación necesaria para impugnar las decisiones judiciales o presentar apelaciones.

La Procelac, también fuera de juego

Un detalle que no es menor en este complejo entramado es la situación de la propia Procelac. A pesar de haber sido el organismo que impulsó la denuncia original, en esta instancia técnica tampoco tiene facultades para apelar.

No es menor el dato de que, a pesar de haber formulado la primera denuncia, la Procelac jamás intentó constituirse en querellante para seguir el expediente y solicitar medidas.

La estructura del proceso penal establece que, una vez que el fiscal de la causa decide no avanzar, los organismos técnicos que colaboraron en la denuncia original pierden su capacidad de incidencia directa sobre la continuidad del expediente.

En consecuencia, el cierre del expediente se vuelve irreversible por factores fundamentales explicados en los pasillos de los tribunales federales. Por un lado, porque el único con facultades para apelar la sentencia de archivo es el propio fiscal federal, que en este caso aconsejó su archivo. A esto se suma el consentimiento del juez federal Díaz Martínez, con lo cual la medida queda firma. Y como no hay querellantes

Así, al no haber partes querellantes legitimadas (ni el partido CREO ni la Procelac), no hay quien pueda elevar el reclamo a una instancia superior. Para la Casa de Gobierno, esto representa el cierre definitivo de un frente de conflicto que amenazaba con escalar hacia 2027. La "displicencia" administrativa detectada por el fiscal Vehils Ruiz no llegará a juicio; la montaña de sospechas sobre los $ 39.487 millones retirados por ventanilla ha terminado, técnica y legalmente, en el olvido de un archivo. Con la única excepción de Alberdi, cuyos informes fueron reenviados por el juez a otro despacho, en el que se tramita una causa por delitos presuntamente vinculados al narcotráfico y al lavado de activos.