El bussismo pide interpelar a la ministra Montaldo por la crisis escolar en Tucumán

El bloque de legisladores de Fuerza Republicana, integrado por los parlamentarios Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra (foto inferior) elevó un proyecto de resolución a la Cámara para citar a sesión especial e interpelar a la ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo. La iniciativa parlamentaria busca ejercer la facultad constitucional de control político sobre el Poder Ejecutivo ante un escenario definido por los autores como de marcada gravedad institucional y deterioro pedagógico. Entre los fundamentos centrales que motivaron la presentación se destacan los alarmantes resultados obtenidos por la provincia en los operativos de evaluación Aprender 2025 y PISA 2025, la peligrosa reiteración de alumnos que ingresaron armados a los establecimientos escolares durante el ciclo lectivo 2026, la falta de controles sobre la ley que regula el uso de teléfonos celulares en horario de clase y las precarias condiciones edilicias que condicionan el dictado regular de las materias.

Al fundamentar la necesidad de la citación en el pleno, los legisladores explicaron que la iniciativa responde a tres razones centrales: “En primer lugar, razones de actualidad y de novedad: los resultados de las Pruebas Aprender 2025 y de PISA 2025, estos últimos conocidos apenas días atrás, constituyen información oficial reciente que aún no ha sido objeto de tratamiento por este Cuerpo, y que ubica a la Provincia entre las jurisdicciones de menor desempeño relativo del país. En segundo lugar, razones de gravedad institucional: la reiteración de episodios de estudiantes armados en establecimientos escolares durante el corriente ciclo lectivo compromete directamente la seguridad de la comunidad educativa y exige explicaciones que exceden lo meramente coyuntural. En tercer lugar, razones de pendencia legislativa: el estado de la infraestructura escolar, y el cumplimiento de la Ley N.° 9.852 que fueron ya objeto de un pedido de interpelación que esta Legislatura rechazó en abril de 2026 sin que la funcionaria llegara a comparecer”.

En el análisis del rendimiento escolar, el documento legislativo cita el informe técnico "Pruebas Aprender Primaria 2025 - A pesar de la mejoría nacional, Tucumán persiste entre las provincias de peor desempeño educativo", elaborado por los investigadores B. Salas Arón y B. Manzone. El texto resalta que, “pese a la recuperación observada a nivel nacional, la Provincia profundizó su rezago estructural, retrocediendo al tercer peor puntaje del país en Lengua y consolidándose como la segunda jurisdicción de más bajo rendimiento en Matemática”.

La investigación complementa este diagnóstico al advertir que, al aislar los factores socioeconómicos, “la totalidad de los departamentos provinciales del ámbito estatal rural de vulnerabilidad socioeconómica rinde peor que la media de sus equivalentes en el resto del país, tendencia que se replica en los subsistemas estatal urbano y privado urbano, de lo que se sigue que el déficit educativo provincial excede las restricciones socioeconómicas de origen y evidencia una brecha de efectividad propia del sistema escolar tucumano”. A su vez, respecto del examen internacional PISA 2025 dado a conocer recientemente por la OCDE, el proyecto enfatiza que la Argentina registró una caída histórica donde “el 76 % de los estudiantes de 15 años por debajo del nivel mínimo esperado en esa disciplina; y que, según un análisis de la organización Argentinos por la Educación elaborado sobre esa misma base de datos, Tucumán se ubica entre las jurisdicciones de menor Índice de Resultados Escolares del país”.

El segundo bloque de la interpelación aborda los graves hechos de inseguridad registrados en las escuelas de la provincia durante el corriente año lectivo. Los autores de la norma recuerdan que “en lo que va del ciclo lectivo 2026 se registraron en la Provincia varios episodios de estudiantes que ingresaron armados a establecimientos escolares, entre ellos el ocurrido el 7 de abril de 2026 en San Miguel de Tucumán, cuando un alumno fue reducido por personal policial portando un revólver cargado; y el ocurrido el 25 de agosto de 2026 en la Escuela Congreso de la Capital, cuando un alumno efectuó un disparo con un arma de fuego dentro del aula durante el dictado de una clase, sin causar heridos”.

Frente a esta coyuntura, la bancada de Fuerza Republicana cuestionó la reacción de las autoridades educativas, señalando que “frente a esos episodios la propia titular de la cartera educativa formuló declaraciones públicas relativizando la responsabilidad institucional en la materia, sin que hasta la fecha se haya dado a conocer un protocolo provincial específico de prevención, detección y actuación ante el ingreso de armas a los establecimientos educativos, ni un diagnóstico oficial sobre la reiteración de estos hechos en un mismo ciclo lectivo”. Por ello, el Artículo 2° exige a la funcionaria precisar la cantidad de casos registrados, el detalle de las medidas adoptadas y la articulación concreta existente con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desarrollo Social.

Inobservancia de la ley de celulares y deterioro de la infraestructura física

El pliego de preguntas indaga además sobre el cumplimiento efectivo de la Ley N.° 9.852, sancionada en diciembre de 2024 para limitar el uso de dispositivos móviles en las aulas únicamente a fines pedagógicos o de emergencia. El texto de los fundamentos denuncia que “la aplicación efectiva de dicha norma ha resultado heterogénea entre establecimientos, en la medida en que su reglamentación delega en cada institución la elaboración de su propio Acuerdo Escolar de Convivencia, sin que se hayan dado a conocer un protocolo unificado, un régimen de sanciones homogéneo, ni mecanismos ministeriales de seguimiento o fiscalización”. En consecuencia, se pide a la ministra informar cuántas denuncias o conflictos recibió la cartera por la aplicación dispar de la norma.

Finalmente, la citación requiere informes pormenorizados sobre las deficiencias edilicias, las filtraciones y los riesgos en las instalaciones eléctricas y sanitarias de las escuelas públicas. El proyecto hace referencia a los pedidos de informes previos sobre la materia formulados por la legisladora Silvia Elías de Pérez y solicita detallar la ejecución presupuestaria real de las partidas de mantenimiento, el estado del Registro de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares, y las medidas adoptadas ante las observaciones emitidas por el Tribunal de Cuentas.

En la conclusión de los fundamentos, Bussi y Verón Guerra sintetizan que la sumatoria de “deterioro relativo en los aprendizajes de Lengua y Matemática, violencia armada reiterada, incumplimiento de la normativa sobre dispositivos electrónicos, estado de conservación edilicio no relevado oficialmente, configura un cuadro de situación que amerita que la señora Ministra de Educación brinde explicaciones precisas y documentadas ante el pleno de esta Honorable Legislatura”.