Descontrol financiero en la provincia: el Tribunal de Cuentas alerta por irregularidades estructurales

El Acuerdo N° 3883 del Tribunal de Cuentas (TC), emitido tras el exhaustivo análisis de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2024, continúa revelando un panorama de profundos desequilibrios administrativos y persistentes inobservancias normativas en la Administración Pública Provincial, tal como lo viniera dando cuenta en sucesivos informes Tendencia de Noticias. El documento firmado por Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal (presidente y vocales, respectivamente, del TC), de carácter técnico legal, y elevado a la Legislatura, presenta una serie de dictámenes y observaciones críticas que exigen una corrección estructural inmediata en los sistemas contables y financieros del Estado.

En esta oportunidad, el punto de partida del análisis crítico del Tribunal de Cuentas se centra en el control de las 93 Comunas Rurales, un sector que arrastra graves falencias institucionales y normativas. El TC advierte que las Comunas Rurales no solo operan sin las herramientas adecuadas, sino que la propia Ley de Presupuesto 2024 (Ley 9.735, artículo 9) dispuso una suspensión clave que afecta su control. Dicho artículo señala expresamente: " Suspéndese mientras permanezca vigente el

presente Presupuesto, la aplicación de la Ley Nº 7123 y lo dispuesto en la Ley Nº 6970 -Administración Financiera (y sus modificatorias) respecto al Presupuesto de Recursos y Gastos de las Comunas Rurales".

El órgano de control subraya que, en materia contable, la situación es alarmante: las comunas rurales llevan sus movimientos y/u operaciones en "registros contables precarios, sin tener un sistema contable que permita obtener información confiable, precisa y oportuna". Ante esta carencia estructural, el Tribunal "concierne advertir a la Contaduría General de la Provincia, como órgano rector del sistema de contabilidad en el ámbito del Sector Público Provincial, la estricta aplicación de lo dispuesto en los artículos 102 y subsiguientes de la Ley de Administración Financiera".

Desde la perspectiva presupuestaria, el informe remarca que la suspensión normativa provoca que las Comunas Rurales "no cuentan con los respectivos créditos presupuestarios asignados a los efectos de la correcta ejecución de sus recursos, con los límites legales pertinentes".

El déficit de gestión y rendición se concreta en las acciones judiciales iniciadas. El informe detalla la morosidad en la presentación de balances, por ejemplo, por parte de la Comuna de San Felipe y Santa Bárbara, especificando que se inició el Juicio de Cuentas por la falta de presentación de seis balances del ejercicio 2024: "Cabe mencionar que por Acuerdo Nº 2.088/25 se inició el Juicio de Cuentas por la falta de presentación de los balances correspondientes al 1º Bim, 2º Bim, 3º Bim y 4º Bim del año 2.024 y por Acuerdo Nº 3205/25 se inició Juicio de Cuentas por el 5º y 6º bimestre 2.024". Adicionalmente, se generaron reparos en la jurisdicción debido a la preocupación por la "verificación en los Entes, sobre la manifestación de la voluntad, por parte de los empleados, en los 'recibos digitales', utilizados en el pago de sueldos", situación que deviene en la formulación de numerosos comprobantes de observación y un alto volumen de "rendiciones en proceso".

Explosiva magnitud

Otro de los datos que más resalta el informe de auditoría es la desmesurada flexibilización del Presupuesto General 2024. El Tribunal cuantifica que el Presupuesto Inicial, que ascendía a la suma de $1.684.868,97 millones, finalizó con un Presupuesto Vigente de $3.054.934,96 millones al cierre del ejercicio. Esta disparidad se tradujo en una "ampliación del Crédito Presupuestario Inicial de Recursos y Gastos con relación al Vigente del 81,32%".

El TC no solo se limita a la cuantificación, sino que emite un juicio crítico sobre la calidad de la planificación financiera: "La magnitud de las modificaciones presupuestarias que se realizaron en el ejercicio económico, determina la inexactitud en la previsión de las partidas presupuestarias de gastos o recursos". Para sustentar esta crítica, el Tribunal revela la abrumadora cantidad de reajustes: "Se realizaron más de 16.800 modificaciones presupuestarias por todo concepto (traspaso, transferencias, disminuciones y adiciones)".

Irregularidad crónica

El Tribunal de Cuentas hace hincapié en una patología recurrente observada en múltiples jurisdicciones: la utilización indebida de la figura de "Anticipos para Gastos Determinados," la cual debería ser de uso excepcional.

El informe consolida esta crítica señalando que varios organismos, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social, Representación Oficial de la Provincia en Capital Federal, Ministerio de Salud Pública y Ente Autárquico Tucumán Turismo, "solicitaron Anticipos para Gastos Determinados, los cuales son utilizados de manera habitual, no dando cumplimiento así a lo establecido en el art. 89 II a) del Decreto 1.080/3 'Se podrán anticipar fondos para afectar a gastos determinados en casos excepcionales y debidamente fundados'".

Analizando casos particulares, se detallan cifras concretas de irregularidad al cierre del ejercicio 2024:

1. Ministerio de Desarrollo Social: Se constató la existencia de "Anticipos para Gastos Determinados no regularizados presupuestariamente al 31/12/2.024 por un monto de $1.899.833,87".

2. Ministerio de Salud Pública (SIPROSA): El control reveló la existencia de "78 Anticipos de Fondos de Funcionamiento (código 223) por un total de $80.411.785,13 no regularizados presupuestariamente al 31/12/2.024".

3. Ministerio de Educación: Se detectó un "Anticipo para Gastos Determinados no regularizado presupuestariamente al 31/12/2.024 por un monto de $197.520.208,96".

4. Representación Oficial de la Provincia en Capital Federal: Aunque la crítica general aplica al organismo, esta repartición exhibió problemas más severos, incluyendo la falta de presentación de conciliaciones bancarias, a pesar de las multas aplicadas: "El Organismo no presentó Conciliaciones Bancarias, dando origen a los Acuerdos del Tribunal de Cuentas Nº 256 del 07/02/2.022, Nº 1.846 del 27/04/2.022, por los cuales se requirió al Organismo el cumplimiento de lo indicado y se aplicaron al Representante Oficial de la Provincia de Tucumán en Capital Federal, multas establecida por el artículo 133 de la Ley de Administración Financiera".

Recomendaciones y opinión adversa

Las fallas reiteradas en el registro contable y la exposición financiera llevaron al Tribunal a emitir recomendaciones cruciales sobre la necesidad de un reordenamiento técnico.

El Tribunal "reitera la recomendación a la Contaduría General de la Provincia sobre la confección de un Manual de Cuentas que refleje de manera analítica los movimientos del Estado Provincial". El informe subraya que las normas actuales relativas a la carga y registro de datos se consideran "insuficientes", una deficiencia que requiere la formalización de un nuevo sistema: el TC recomienda a la Contaduría General de la Provincia que "adecúe el Plan de Cuentas para que éste refleje de manera analítica los movimientos del Estado Provincial, confeccionando un Manual de Cuentas técnicamente elaborado".

AUTORIDADES. Chaibén Terraf, Díaz Ricci y Vidal, miembros del Tribunal de Cuentas.

Finalmente, la acumulación de limitaciones y exclusiones informativas tuvo un impacto directo en la evaluación final de la Cuenta de Inversión, particularmente en la gestión consolidada. El informe de la gestión financiera consolidada, exigido por la Ley de Administración Financiera, resultó incompleto debido a que "no incluye a los Organismos Descentralizados que no consolidan, a las Comunas Rurales, ni a las Empresas y Sociedades del Estado". Adicionalmente, el TC verificó que existen cuentas bancarias que "no están incluidas en el Sistema SAFyC (Sistema de Administración Financiera y Control) y por lo tanto no fueron consideradas al elaborar el informe de la gestión financiera".

A la luz de estas exclusiones y limitaciones, el Tribunal fue contundente: "Por lo antes expuesto, se emite una opinión adversa respecto del Informe de la Gestión Financiera Consolidada del Sector Público Provincial".