Denuncian a la intendenta de Graneros por enriquecimiento ilícito tras la compra de una mansión en un country

El legislador provincial Manuel Courel, el concejal de Simoca Luis Escobar y el abogado y ex candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi Luis María Díaz Augier presentaron una denuncia penal contra la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, para que la Justicia investigue la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

La presentación de los dirigentes radicales fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal y pone el foco en la adquisición de una propiedad ubicada en el Country Las Yungas de Yerba Buena, una operación inmobiliaria que, según sostienen los denunciantes, no guardaría relación con los ingresos conocidos de la jefa municipal del peronismo.

En el escrito, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, Courel y Escobar señalan que la denuncia apunta a determinar si existió un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de la función pública. Por ello solicitaron que se investigue a la intendenta por la posible comisión del delito previsto en el artículo 268 del Código Penal.

“Venimos a formular denuncia en contra de la Sra. Raquel Alejandra Graneros (...) a fin de que se investigue la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito, sin perjuicio de los demás delitos que pudieran surgir en el curso de la investigación penal”, expresaron los denunciantes.

Una compra bajo sospecha

La denuncia se apoya inicialmente en la investigación realizada por el programa de tv El Avispero que se emite por Enterate Play, que dieron cuenta de la adquisición de una vivienda en el Country Las Yungas. Según el escrito judicial, la operación habría involucrado una suma superior al millón de dólares y se habría realizado mediante pagos en efectivo.

“De acuerdo a publicaciones periodísticas que adjunto, que son de público conocimiento, la denunciada habría adquirido un inmueble identificado como lotes 70 y 71 del Sector 12 del Country Las Yungas, de la ciudad de Yerba Buena, por una suma superior a un millón de dólares (U$S 1.000.000), con dinero en efectivo”, sostiene la presentación.

Los denunciantes consideran que la compra presenta elementos que justifican una investigación judicial. “Esta adquisición resulta a todas luces sospechosa, dado que la denunciada no registra otro antecedente laboral que no sea su condición, al momento de la operación, de intendenta de la ciudad de Graneros”, afirmaron.

El escrito agrega que la capacidad económica necesaria para concretar una operación de semejante magnitud “evidencia un posible enriquecimiento ilícito por parte de dicha funcionaria, quien no podría justificar ingresos que avalen tamaña operación inmobiliaria”.

Sospechas sobre el origen de los fondos

Uno de los aspectos centrales de la denuncia es el eventual origen del dinero utilizado para la compra. “A su vez, su condición de funcionaria pública torna abiertamente sospechosa la referida compra toda vez que, al no existir ningún antecedente comercial o profesional previo de la denunciada que justifique su capacidad financiera, los fondos usados para la operación inmobiliaria podrían registrar origen público”, indicaron Courel y Escobar.

En ese marco, solicitaron que se cite como testigo al secretario de Hacienda del municipio de Graneros, Ariel Mendelek, quien habría tenido participación en la operación. “En las publicaciones adjuntadas como prueba, se menciona que el secretario de Hacienda del municipio de Graneros, Ariel Mendelek, habría sido quien trasladó parte del dinero en efectivo para el pago de la operación inmobiliaria en una sucursal del Banco Galicia, donde se habría firmado un boleto de compraventa”, sostiene la denuncia.

La presentación judicial solicita además que se requiera información al Consorcio de Propietarios Las Yungas Reserva Privada Country Club respecto de los lotes señalados.

Los denunciantes pidieron que se informe quién figura como titular de los inmuebles, quiénes los habitan actualmente, el monto de las expensas, la modalidad de pago y la identidad de la persona que afronta esos gastos.

Según consta en la denuncia, una liquidación de expensas correspondiente al mes de junio identificaría a Raquel Graneros como titular de ambos terrenos. El documento también menciona que los lotes habrían sido unificados para la construcción de una vivienda.

Impacto político

Más allá de la cuestión patrimonial, los denunciantes procuraron dotar al caso de una dimensión política e institucional, vinculándolo con la situación social que atraviesa el Municipio. “El presente hecho adquiere una gravedad institucional que excede la situación patrimonial particular de la funcionaria denunciada”, señalaron.

En esa línea, remarcaron que Graneros es “uno de los municipios con mayores índices de pobreza y vulnerabilidad social de la provincia”, y mencionaron las dificultades históricas que enfrenta la ciudad en materia de infraestructura, servicios públicos y asistencia social.

La denuncia también alude a las inundaciones registradas recientemente en esa jurisdicción, al sostener que esos episodios dejaron expuestas “las dificultades estructurales que padecen cientos de familias”.

Finalmente, Courel, Escobar y Díaz Augier afirmaron que la investigación resulta necesaria para preservar la confianza pública y garantizar la transparencia en el ejercicio de la función pública.

“La transparencia, la rendición de cuentas y el control sobre el patrimonio de los funcionarios constituyen pilares esenciales del sistema republicano”, sostuvieron. Y concluyeron que la denuncia busca determinar “si quienes administran los recursos colectivos lo hacen con estricto apego a la ley y a los principios de ética pública”.

La causa quedó ahora bajo análisis del Ministerio Público Fiscal, que deberá resolver si impulsa una investigación formal y qué medidas de prueba dispone para esclarecer los hechos denunciados.