Comunas bajo la lupa: el Tribunal de Cuentas formuló un cargo por $ 82,5 millones contra autoridades de Los Ralos

El Tribunal de Cuentas de Tucumán volvió a poner la lupa sobre el manejo y la rendición de fondos públicos en las comunas rurales y declaró patrimonialmente responsables a autoridades de Los Ralos y de El Naranjo y El Sunchal, en dos juicios de cuentas que concluyeron con cargos fiscales que, en conjunto, superan los $90,3 millones.

El caso de mayor impacto económico corresponde a Los Ralos, donde el organismo de control formuló un cargo fiscal por $82.516.357,08 contra el entonces comisionado comunal Juan Cruz Brandán y el secretario habilitado Pablo Alejandro Mocoroa, debido a la falta de regularización de una observación correspondiente al tercer bimestre de 2023. El monto deberá continuar actualizándose hasta su efectivo pago.

La decisión quedó plasmada en el Acuerdo N° 3071, del 18 de agosto, mediante el cual el Tribunal dio por clausurado el juicio de cuentas y declaró patrimonialmente responsables a ambos funcionarios. Además, en el expediente, al que accedió Tendencia de Noticias, el organismo de control dispuso la intervención del Departamento Judicial para procurar el cobro y, de ser necesario, ejecutar el cargo fiscal.

El segundo caso alcanza a la comuna de El Naranjo y El Sunchal. Allí, el organismo formuló un cargo fiscal actualizado de $7.832.908,75 contra la actual comisionada comunal Amanda Petrona Grau y el secretario habilitado Néstor Roque Figueroa por saldos pendientes de regularización correspondientes a los dos primeros bimestres de 2022 (Grau fue reelecta en 2023).

Las dos resoluciones, adoptadas con apenas dos días de diferencia, vuelven a poner el foco sobre las rendiciones de cuentas en las administraciones comunales del interior y los mecanismos utilizados por el Tribunal para determinar responsabilidades patrimoniales cuando las observaciones formuladas durante los controles no logran ser subsanadas.

El caso Los Ralos

El expediente más significativo se originó a partir de una observación del Tribunal de Cuentas sobre el tercer bimestre de 2023 en Los Ralos.

Según consta en el Acuerdo N° 3071, el juicio de cuentas contra Brandán, en su carácter de comisionado comunal, y Mocoroa, como secretario habilitado, había sido dispuesto en septiembre de 2025 por la falta de regularización del Comprobante de Observación N° 2519, cuyo monto original ascendía a $36.409.126,34.

Durante la sustanciación del proceso, los responsables presentaron documentación con la intención de subsanar los cuestionamientos. Una primera revisión contable redujo el saldo observado a $32.654.633,97 y, tras una nueva presentación, el monto pendiente disminuyó a $30.663.628,30.

Sin embargo, al actualizar ese saldo mediante la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, la Contaduría Fiscal General determinó que el cargo fiscal ascendía, al 30 de junio de 2026, a $82.516.357,08.

En la instancia final del expediente, Brandán y Mocoroa solicitaron al Tribunal que intercediera ante la propia Comuna de Los Ralos para obtener documentación que les permitiera regularizar las observaciones pendientes. El pedido fue rechazado debido a que, según el organismo, esa gestión no se encuentra dentro de sus funciones.

Finalmente, el Tribunal resolvió declarar a ambos patrimonialmente responsables y formularles el cargo fiscal de manera “solidaria y mancomunada”.

La resolución también ordenó la intervención del Departamento Judicial y encomendó a la abogada fiscal Agustina Bugeau procurar el cobro y, eventualmente, ejecutar el cargo impuesto.

El Naranjo y El Sunchal: otro cargo por $7,8 millones y los antecedentes

El segundo acuerdo analizado fue dictado el 20 de agosto y corresponde a El Naranjo y El Sunchal. En este caso, el juicio de cuentas involucró a Grau y Figueroa por dos comprobantes de observación correspondientes al primer y segundo bimestre de 2022, que originalmente sumaban $3.588.030,86.

El procedimiento tuvo distintas instancias. Inicialmente, los responsables no comparecieron dentro del plazo establecido y en agosto de 2025 fueron declarados en rebeldía. Finalmente se presentaron en octubre de ese año, constituyeron domicilio y continuaron interviniendo en el expediente.

El análisis posterior permitió descartar parte de los cuestionamientos. El Tribunal determinó, por ejemplo, que determinadas observaciones relacionadas con la falta de conformación de recibos digitales no podían atribuirse a los funcionarios y que por ese concepto no se había comprobado un perjuicio económico para el Estado, por lo que se descontaron $507.755,48 del cargo.

También fueron consideradas subsanadas observaciones por $693.500 relacionadas con contrataciones de la Cooperativa de Trabajo El Castoral. En ese punto, el organismo concluyó que se había justificado la contratación y acreditado la prestación de los servicios, por lo que la falta de determinada documentación constituía una cuestión formal que, por sí misma, no implicaba un daño al patrimonio estatal.

Después de esas revisiones, el cargo fiscal histórico quedó establecido en $2.096.645,47. Aplicada la actualización correspondiente, la cifra definitiva alcanzó los $7.832.908,75, monto que continuará incrementándose hasta su efectivo pago.

En su resolución, el Tribunal sostuvo que se encontraba “acreditado el perjuicio fiscal” y declaró patrimonialmente responsables, de manera solidaria, a Grau y Figueroa. También dio intervención al Departamento Judicial para que el abogado fiscal Esteban Luis Romano Norri procure el cobro o, en su caso, ejecute el cargo.

Entre ambos expedientes, los cargos fiscales establecidos por el Tribunal alcanzan actualmente los $90.349.265,83, aunque la cifra final será superior debido a que las dos resoluciones establecen que los montos deberán continuar actualizándose hasta que se concrete su pago.

Los acuerdos no implican solamente la persistencia de observaciones administrativas, sino que en ambos casos los respectivos juicios de cuentas llegaron a su instancia final, el Tribunal declaró responsabilidad patrimonial y ordenó avanzar con el cobro de los cargos fiscales, incluso mediante su ejecución si fuera necesario.

Esta no es la primera vez que el Tribunal de Cuentas sanciona a las actuales autoridades de El Naranjo y El Sunchal por la falta de rendiciones en tiempo y forma. En un acuerdo dictado el pasado 30 de abril, (con el número 1356) el organismo formuló un cargo fiscal por $ 14.363.757,53 contra la delegada comunal Grau y el secretario habilitado Figueroa, por irregularidades en la rendición de fondos del ejercicio 2023.

El caso se originó por la falta de regularización de observaciones en la rendición del cuarto bimestre de 2023. Inicialmente, las inconsistencias eran de $8,7 millones, pero tras una revisión técnica fueron recalculadas y elevadas a más de $14,3 millones.
Según el Tribunal, ambos funcionarios fueron notificados y tuvieron instancias de defensa, pero no presentaron pruebas suficientes para justificar las irregularidades. Por ello, se determinó su responsabilidad patrimonial en forma solidaria.

Otras actuaciones

Los casos sancionados administrativamente por el Tribunal de Cuentas son una muestra de una situación que viene repitiéndose y que desnuda una falta de transparencia en el manejo de recursos en las comunas rurales.

Durante agosto, por ejemplo, el Tribunal avanzó con actuaciones por montos muy elevados: en El Mojón declaró en rebeldía al comisionado Eduardo Cirilo Juárez y al secretario habilitado Exequiel Alejandro Anís dentro de un juicio de cuentas originado en una observación por $ 573,9 millones correspondiente al segundo bimestre de 2025. El mismo comisionado y secretario tienen otro juicio relacionado con una observación no regularizada por $ 453,8 millones del quinto bimestre de 2024.

También esta semana, el organismo declaró en rebeldía a la delegada de El Naranjo y El Sunchal, Amanda Grau, y al secretario habilitado Néstor Figueroa, en otro juicio de cuentas iniciado a partir de una observación por $74,3 millones correspondiente al primer bimestre de 2025. La situación de esta comuna viene concentrando particularmente la atención del Tribunal de Cuentas, lo que la convierte en un caso paradigmático, debido a la sucesión de actuaciones vinculadas con observaciones y falta de rendición de fondos públicos.