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El camarista Diego Barroetaveña desistió de la acción declarativa de certeza que había iniciado para habilitar su eventual reelección como integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.
El magistrado, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y representante del estamento de los jueces en el Consejo, comunicó el viernes su decisión ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde tramitaba el expediente.
La determinación fue interpretada en ámbitos judiciales como un aporte al fortalecimiento institucional de la Justicia, en medio de la discusión sobre los límites para la reelección de los actuales integrantes del organismo.
Barroetaveña había promovido en junio una acción declarativa de certeza con el objetivo de que la Justicia determinara el alcance y la vigencia de las normas que regulan la posibilidad de reelección de los miembros del Consejo de la Magistratura.
En el marco de ese expediente, obtuvo una medida cautelar del juez Enrique Lavié Pico que le permitía presentarse como candidato para el período 2026-2030.
Sin embargo, posteriormente la Cámara de Apelaciones otorgó efecto suspensivo a la apelación presentada por el propio Consejo de la Magistratura, por lo que la discusión judicial sobre su eventual candidatura continuó abierta.
El planteo de Barroetaveña tuvo además repercusiones sobre otros sectores representados en el organismo. Referentes vinculados con el kirchnerismo y el PRO avanzaron con presentaciones similares o evaluaron sumarse a la acción iniciada por el camarista para intentar habilitar la reelección inmediata de otros consejeros.
Las presentaciones alcanzaban tanto a representantes del estamento de los abogados como al de los legisladores, en momentos en que comenzaba a definirse la futura integración del organismo.
El desistimiento de Barroetaveña se produce en medio de la disputa sobre la interpretación de la normativa que regula la duración y renovación de los mandatos en el Consejo de la Magistratura.
El punto central de la controversia es determinar si los actuales integrantes pueden ser reelegidos de manera consecutiva o si deben cumplir con el intervalo de un período previsto por la normativa vigente antes de volver a ocupar un lugar en el organismo.