Aprobaron un plan de reordenamiento del Camino del Perú que contempla carriles para motos y ensanche de la calzada

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó en su última sesión un proyecto de ordenanza que establece la elaboración y ejecución de un Plan Integral de Reordenamiento Vial y Urbano del Camino del Perú. El objetivo es mejorar las condiciones de circulación, la seguridad vial y la movilidad urbana en uno de los principales corredores de conexión entre la capital y el oeste del Gran San Miguel de Tucumán.

La iniciativa, impulsada por los concejales Facundo Vargas Aignasse, Ernesto Nagle, Federico Romano Norri, Juan Carlos Ale y Emiliano Vargas Aignasse, recibió el respaldo del cuerpo legislativo, aunque durante el debate surgieron cuestionamientos sobre las competencias municipales y provinciales para intervenir en esa arteria.

Al fundamentar el proyecto, el concejal oficialista Facundo Vargas Aignasse advirtió sobre la necesidad de dar una respuesta a los problemas que enfrentan diariamente quienes circulan por el sector. "Hoy tenemos una oportunidad concreta de dar un paso hacia adelante ante la problemática que vienen viviendo los vecinos del Camino del Perú", expresó.

El edil sostuvo que el crecimiento urbano y demográfico del área metropolitana terminó por superar la capacidad de la infraestructura existente. "Estamos hablando justamente de una arteria que quedó chica frente al crecimiento del área metropolitana que se viene dando en estos últimos años en San Miguel de Tucumán", señaló.

En ese contexto, advirtió sobre los riesgos que genera la circulación simultánea de distintos tipos de vehículos. Según explicó, en el corredor conviven automóviles, camiones y motocicletas, en un escenario caracterizado por maniobras peligrosas y accidentes frecuentes.

La nueva normativa encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal la planificación de una intervención integral en el tramo del Camino del Perú comprendido entre la avenida Belgrano y el límite norte de la jurisdicción de San Miguel de Tucumán.

Uno de los aspectos más novedosos de la ordenanza es que contempla la posibilidad de incorporar un carril exclusivo o preferencial para motocicletas, con el propósito de ordenar la circulación y reducir los riesgos asociados a la convivencia de distintos tipos de vehículos en una misma calzada.

"Proponemos reordenar la circulación de la zona y básicamente proponemos la creación de un carril exclusivo para motocicletas, o preferencial para motocicletas, y mejorar la señalización, como así también la iluminación", explicó Vargas Aignasse.

Según establece el artículo segundo, el Municipio deberá realizar un estudio de factibilidad técnica para determinar las condiciones de implementación de ese carril, que podrá desarrollarse de manera continua o segmentada, según las características del corredor.

La norma aclara que cualquier intervención deberá priorizar la seguridad vial y garantizar una adecuada convivencia con los automóviles, el transporte público y los demás medios de movilidad.

Posibles ensanches y nuevas obras de infraestructura

La iniciativa aprobada también prevé una serie de intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura vial y las condiciones generales del espacio público.

Entre las medidas contempladas figuran la demarcación horizontal y señalización vertical, la adecuación y redistribución de calzadas y carriles, la incorporación de elementos de seguridad vial, el mejoramiento del alumbrado público y el reordenamiento de los semáforos.

Además, se incluyen sugerencias para obras de accesibilidad y seguridad peatonal, junto con intervenciones paisajísticas y urbanísticas complementarias.

Otro de los puntos centrales es la posibilidad de ensanchar la calzada del Camino del Perú en aquellos sectores donde las condiciones técnicas, urbanísticas y dominiales lo permitan.

En ese sentido, el artículo cuarto establece que el Departamento Ejecutivo deberá evaluar y ejecutar la ampliación de la sección vial existente mediante el ensanche, adecuación o reconfiguración del perfil urbano del corredor.

Las intervenciones podrán incluir nuevos carriles de circulación, dársenas, bicisendas, espacios peatonales, separadores físicos y áreas verdes, con el propósito de optimizar la capacidad de circulación y avanzar hacia un esquema de movilidad urbana sustentable.

Vargas Aignasse explicó que la propuesta también apunta a "evaluar la posibilidad de poner más ancha la calzada en los lugares que las condiciones técnicas y las condiciones dominiales lo permitan".

No obstante, la ordenanza no determina todavía qué sectores serán intervenidos ni cuáles serán las dimensiones de las posibles ampliaciones. Esas definiciones dependerán de los estudios técnicos que deberá elaborar el Ejecutivo municipal.

Las dudas de la oposición sobre las competencias para intervenir

Durante el tratamiento de la iniciativa, el concejal radical Gustavo Cobos planteó reparos sobre la viabilidad jurídica y administrativa del proyecto y solicitó autorización para abstenerse en la votación.

Aunque coincidió con el diagnóstico sobre los problemas de circulación, consideró que todavía existen interrogantes respecto de qué organismo tiene competencia para ejecutar las obras. "Voy a solicitar autorización para abstenerme, porque no quiero entorpecer el avance de esto", manifestó, al tiempo que reconoció que la descripción realizada por el autor del proyecto reflejaba una problemática real.

Cobos señaló que el Camino del Perú constituye uno de los principales problemas de movilidad urbana de la provincia, debido al crecimiento de las urbanizaciones y al incremento del tránsito proveniente de distintos sectores metropolitanos.

En particular, mencionó la expansión de los barrios privados de Villa Carmela, en Cevil Redondo, el desarrollo de Lomas de Tafí y la conexión con distintos barrios de San Miguel de Tucumán.

Sin embargo, explicó que sus dudas se relacionaban con la jurisdicción sobre la arteria. En ese sentido, recordó que la Ley Provincial 5.530 establece límites territoriales de la capital, mientras que la Dirección Provincial de Vialidad identifica el tramo del Camino del Perú situado al norte de avenida Belgrano como parte de la Ruta Provincial 315.

También mencionó la existencia de un estudio de factibilidad elaborado por Vialidad Provincial en 2016, que habría quedado sujeto a financiamiento, y citó la Ley Provincial 8.915, vinculada con la transformación del corredor en autovía.

"El problema es la competencia", sintetizó Cobos, antes de plantear sus interrogantes sobre quién debería asumir las responsabilidades de las intervenciones previstas.

"¿Quién tiene la competencia de las obras que se deberían realizar ahí según lo que estamos estableciendo, del carril exclusivo, de demarcaciones, de la cuestión de los semáforos, de la iluminación urbana?", preguntó.

El concejal reconoció que el proyecto procuraba atender esa dificultad mediante la posibilidad de celebrar convenios con otros organismos y jurisdicciones. Sin embargo, consideró que la definición de las competencias debía ser previa a cualquier intervención. "No le encuentro que todavía estemos técnicamente acertados en relación a esta situación y, ante la duda, no lo puedo acompañar", concluyó al justificar su abstención.

Articulación con Yerba Buena, Cevil Redondo y la Provincia

La normativa también incorporó un aspecto relevante para la planificación metropolitana, al habilitar la celebración de convenios de cooperación con otras jurisdicciones.

En particular, el artículo séptimo autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir acuerdos con la Municipalidad de Yerba Buena, la Comuna de Cevil Redondo y el Gobierno de Tucumán, además de otros organismos públicos competentes.

El objetivo será coordinar acciones, ejecutar obras, obtener financiamiento y desarrollar intervenciones conjuntas sobre un corredor cuya importancia para la movilidad excede los límites territoriales de la capital.

Al defender este criterio, Vargas Aignasse sostuvo que la problemática debía abordarse mediante una estrategia compartida entre los distintos gobiernos.

"Debemos entender que los vecinos de San Miguel de Tucumán no podemos ser rehenes de las jurisdicciones", afirmó.

En esa línea, insistió en que el Camino del Perú requiere "una solución integral, una decisión política y un trabajo coordinado entre las distintas jurisdicciones involucradas en la temática".

La ordenanza también contempla la participación de organismos nacionales y provinciales, universidades, colegios profesionales y organizaciones vinculadas con la movilidad urbana y la seguridad vial, para el desarrollo de estudios técnicos y propuestas complementarias.

La situación de los vecinos de la capital

En respuesta a los cuestionamientos sobre las competencias, el concejal oficialista José María Franco defendió la necesidad de avanzar con la planificación de las obras, al considerar que los problemas del Camino del Perú afectan directamente a vecinos de San Miguel de Tucumán.

El edil explicó que el crecimiento urbano modificó las características de una arteria que originalmente cumplía una función de conexión interurbana y rural. "El problema que tenemos nosotros es que crecimos tanto como ciudad que nuestra ciudad llegó a un punto en el que esa calle, que hoy se toma como calle en algunas partes y que es una ruta en otra, tiene que ver con nuestros ciudadanos", sostuvo.

Franco mencionó especialmente la situación de las familias que viven en los barrios Congreso y Oeste II, además de otros sectores lindantes con el corredor.

"Es un paso obligado para muchas familias, prácticamente la gente que vive en el barrio Congreso, que es parte de la capital, tiene uno de sus accesos por ahí", señaló.

En cuanto a las observaciones sobre las competencias jurisdiccionales, explicó que el proyecto había sido modificado durante su tratamiento en comisión para contemplar esas dificultades. "Entendemos la duda. Por eso es que el proyecto fue modificado en comisión analizando todos estos tipos de problemas", afirmó.

El concejal destacó que la ordenanza encomienda inicialmente al Ejecutivo municipal la elaboración de un plan integral, que deberá considerar la participación de las distintas jurisdicciones involucradas. "Obviamente, primero tenés que elaborar un plan y después tenés que llevarlo a la ejecución", expresó.

Finalmente, remarcó que la Municipalidad debe involucrarse en la búsqueda de soluciones, aun cuando resulte necesaria la intervención de otros organismos. "La idea es que el municipio elabore el programa teniendo en cuenta la incidencia que tiene el municipio de Yerba Buena, la comuna de Cevil Redondo y las instituciones nacionales y provinciales que tengan que ver con esta ruta, pero nosotros no podemos desatenderlo", concluyó.

El Municipio tendrá 120 días para presentar un informe técnico

Uno de los artículos más importantes de la ordenanza establece un plazo concreto para que la Municipalidad avance con la planificación del proyecto.

El artículo octavo dispone que el Departamento Ejecutivo deberá remitir al Concejo Deliberante, dentro de los 120 días posteriores a la promulgación de la norma, un informe técnico preliminar que incluya un diagnóstico de la situación vial, una propuesta de intervención, las etapas de ejecución y una estimación presupuestaria.

De esta manera, la aprobación legislativa estableció un marco para avanzar con la planificación de las obras, aunque todavía no se definieron los montos de inversión, las fuentes de financiamiento ni las fechas de inicio de los trabajos.

Con su aprobación en la última sesión, el Concejo Deliberante dio respaldo legislativo a una iniciativa que apunta a reorganizar la circulación y mejorar la infraestructura de uno de los corredores más importantes para la conectividad entre San Miguel de Tucumán y las localidades vecinas.