Nueve clubes tucumanos le marcan la cancha a la Liga Tucumana: piden bajar los costos de árbitros y policía

Todavía fresca la crisis por la deuda que la Liga Tucumana mantenía con la Policía —y que estuvo a punto de dejar sin final al último Apertura, cuando la fuerza condicionó el operativo de seguridad al pago del 40% de una deuda de $9,7 millones—, un grupo de clubes del ascenso decidió que ya no alcanzaba con las quejas de pasillo. Nueve instituciones, encabezadas por el Club Social y Deportivo Atlético Famaillá, elevaron una nota formal a la conducción liguista para plantear, con sello y fecha de por medio, algo que se venía masticando puertas adentro de cada sede social: los aranceles, el servicio de arbitraje y el operativo policial se transformaron en una mochila cada vez más pesada para sostener el fútbol tucumano.

La presentación tiene como destinatario directo al presidente Eduardo Monteros. Sin poner en discusión la necesidad de contar con jueces y custodia para garantizar competencias ordenadas y seguras, los firmantes advierten que los montos actuales exceden lo razonable para instituciones que ya afrontan, mes a mes, el mantenimiento de sus instalaciones, los traslados de los planteles, la indumentaria y el sostenimiento de las divisiones formativas. El pedido central es concreto: que la entidad abra una revisión integral de esas tarifas y habilite una mesa de trabajo conjunta con las dirigencias para explorar alternativas que reduzcan el impacto en las arcas de cada club.

A la iniciativa impulsada por Famaillá —representada por su presidente, Fernando Nicolás Aguilar, y su secretario, Ángel Ramiro Adanto— adhirieron Santa Rosa, Ñuñorco, Concepción Fútbol Club, San Ramón, San Lorenzo de Santa Ana, Jorge Newbery, Deportivo Marapa y Santa Lucía. Todos estamparon su firma para respaldar un segundo reclamo, tan sensible como el primero: que ninguna medida que implique mayores erogaciones se resuelva sin antes escuchar a los clubes. Para las instituciones firmantes, cualquier decisión que golpee la economía de las entidades debería discutirse con quienes, según remarcan, sostienen la actividad de manera cotidiana.

El texto se cuida de no sonar a ultimátum: aclara que el objetivo no es abrir un conflicto sino un canal de diálogo institucional que permita fortalecer al fútbol tucumano sin asfixiar a quienes lo sostienen, y cierra con un pedido concreto de reunión entre la dirigencia liguista y los representantes firmantes. La pelota queda ahora del lado de Monteros, en un momento en que buena parte de esos clubes llevaba más de dos meses sin competir ni generar ingresos, con el recuerdo todavía cercano de una Liga que no pudo pagarle a tiempo a la Policía.