Grave denuncia de los clubes de la Liga Tucumana: piden la intervención del Consejo Federal

Los clubes afiliados a la Liga Tucumana de Fútbol formalizaron una dura denuncia institucional ante Pablo Toviggino, titular del Consejo Federal del Fútbol Argentino, solicitando una investigación exhaustiva y la inhabilitación preventiva de sus máximos directivos. La presentación, respaldada por las entidades deportivas de la provincia, expone severas irregularidades administrativas, contables y disciplinarias que amenazan la normalidad del torneo provincia. Este reclamo formal busca restablecer el orden estatutario, transparentar el manejo de recursos y resguardar la institucionalidad del fútbol tucumano.

Entre las principales anomalías administrativas documentadas, destaca la falta de convocatoria a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ciclo 2026, espacio estatutario insustituible para la fiscalización institucional. Esta omisión impidió que la Memoria y el Balance General del ejercicio 2025 fueran puestos a consideración y debatidos por las instituciones miembro. A este cuadro de descontrol orgánico se suma el vencimiento de los mandatos del Tribunal de Cuentas en marzo de 2026, lo que dejó a la entidad operando sin la supervisión de su órgano de control interno.

En el plano económico, las instituciones firmantes denunciaron la desviación sistemática de fondos institucionales hacia cuentas bancarias personales de dirigentes, señalando de forma directa al Tesorero Ricardo Elías. Según consta en el expediente, cobranzas de aranceles, aportes y aportaciones directas habrían sido canalizadas a través de cuentas privadas, vulnerando la trazabilidad financiera obligatoria. Asimismo, los clubes exigieron auditar los cobros por concepto de seguro deportivo, tras detectar que se exigieron desembolsos periódicos sin aportar copias de pólizas ni contratos con las compañías aseguradoras.

Esta crisis dirigencial impacta de lleno en los 25 clubes participantes de la competencia local, entre los que se encuentran Central Norte, Amalia, San Juan, Villa Mitre, Tucumán Central, San Pablo, Atlético Famaillá, La Providencia, Concepción FC, Almirante Brown, Cruz Alta, San José, San Antonio, Santa Lucía, El Corte FC, Atlético Concepción, San Fernando, Sportivo Guzmán y La Florida. Las irregularidades también arrastran antecedentes del torneo 2024, cuando la falta de constitución oportuna del Tribunal de Disciplina paralizó la competencia durante 45 días. Aquel freno obligatorio causó serios perjuicios económicos a las instituciones, que debieron continuar afrontando sueldos y mantenimiento de planteles sin generar ingresos por partidos.

El aspecto deportivo sumó mayor conflictividad con los controversiales sucesos vinculados a la definición de la final entre Concepción Fútbol Club y Deportivo Graneros. La dirigencia de la Liga dispuso reprogramar el encuentro para el 21 de agosto de 2026, fijando fecha de reanudación mientras el trámite disciplinario aún permanecía abierto sin resolución firme. Esta determinación unilateral cercenó el debido proceso reglamentario e incrementó la desconfianza respecto del actuar del Colegio de Árbitros y del Comité Ejecutivo.

El escenario institucional se agravó exponencialmente tras sumarse una causa incoada en la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción (legajo D-647817/2026), que investiga imputaciones por agresiones físicas. El expediente penal indaga un violento ataque atribuido al Tesorero Ricardo Elías, quien habría ingresado al campo de juego con custodios privados tras un partido oficial para agredir a puñetazos en el rostro al Director Técnico de Concepción FC. Este grave hecho de violencia de un alto directivo contra un integrante del cuerpo técnico vulnera las normas éticas del fútbol federado y pone en riesgo la integridad de los torneos.

Frente a la gravedad de los acontecimientos, los clubes solicitaron formalmente la suspensión cautelar e inmediata del Presidente de la entidad, Eduardo Monteros, y del Tesorero Ricardo Elías en el ejercicio de sus funciones. La presentación requiere al Consejo Federal la apertura de una auditoría contable integral sobre los períodos 2024, 2025 y el transcurso de 2026, junto al resguardo inmediato de los libros de actas y archivos digitales. Del mismo modo, se demandó la prohibición preventiva para recepcionar dinero institucional en cuentas particulares y la certificación del estado real de la contabilidad.

El futuro del fútbol tucumano queda ahora sujeto al pronunciamiento de los organismos de la Asociación del Fútbol Argentino en las próximas semanas. Los clubes aguardan que el Consejo Federal disponga las medidas de resguardo necesarias para restituir las garantías jurídicas y la transparencia competitiva en el medio provincial. El restablecimiento de las instituciones democráticas y el esclarecimiento de las cuentas asoman como la única vía para resguardar el prestigio del torneo y encauzar el desarrollo de una rueda que no gira hace un tiempo en el Jardín de la República.