Universidades nacionales convocan a un paro por tres días en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento

Las universidades nacionales convocaron a un paro de 72 horas que comenzará el miércoles, con el objetivo de visibilizar el reclamo para que el Gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el 21 de octubre por el Congreso.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, distintos gremios docentes sostuvieron que la gestión del presidente Javier Milei debe garantizar el cumplimiento efectivo de la ley, que establece una recomposición salarial y la defensa de la educación pública.

La secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Pilar Barbas, advirtió que los salarios “aún no fueron recompuestos” y lamentó que, pese a haberse realizado una tercera marcha federal, el Gobierno “no quiera cumplir con la ley”.

Agregó que el Ejecutivo “decidió desfinanciar a las universidades nacionales y públicas, mientras dejó de destinar recursos al pago de la deuda”. En ese marco, reclamó continuar con las protestas contra “la reforma laboral y el plan que impulsa esta gestión, que atenta contra la universidad pública, los hospitales públicos y los

derechos laborales”.

Por su parte, Ileana Celoto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), explicó que la medida busca, además de exigir la aplicación de la norma, “frenar el vaciamiento” de las instituciones. Señaló que el incumplimiento de la ley “no solo es ilegal, sino también inconstitucional”, y que cada día de demora profundiza la crisis del sistema universitario.

Celoto indicó que, según lo estipulado por la ley, al sector le corresponde un aumento del 44% que aún no fue otorgado. “Esa cifra ya no es un reclamo, es una deuda”, afirmó. También advirtió que las bajas remuneraciones están generando “una crisis en el personal universitario”, ya que muchos trabajadores “no pueden sostener más” sus tareas con los sueldos actuales, que en varios casos “están por debajo de la línea de pobreza”.

La dirigente explicó que esta situación se traduce en pedidos de cambio de dedicación —reducción de horas laborales— y alertó sobre el riesgo de que los equipos académicos “se vacíen”, dejando a las universidades “como una cáscara vacía, sin recursos humanos para cumplir sus funciones”.

En la misma línea, la diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-IS) y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Mercedes de Mendieta, denunció la grave situación salarial del sector. Señaló que “un docente que recién ingresa y trabaja como ayudante de primera cobra 2.000 pesos por hora, con una carga de 10 horas semanales”, y que “cientos de compañeros trabajan ad honorem, sin percibir ningún salario”.

De Mendieta destacó que la universidad pública “se sostiene por el esfuerzo de docentes, no docentes y estudiantes”, quienes resisten lo que describió como “un ajuste histórico orientado a la privatización indirecta del sistema educativo”.

Finalmente, la legisladora acusó al Gobierno de Milei y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, de “incumplir de manera ilegal una ley aprobada por ambas Cámaras y conquistada con la movilización de la comunidad educativa”.

Llamó además a la sociedad a acompañar la protesta y aseguró que “hay que luchar contra la impunidad de un Gobierno ultraderechista y de sus cómplices, que se niegan a aplicar una ley necesaria para el desarrollo del país”.