Un nuevo destino para los vehículos abandonados que busca transformar el descarte en beneficio social

Un proyecto de ley impulsado por el legislador peronista Tomás Cobos (foto inferior) propone convertir autos y motos secuestrados en herramientas para la salud y la educación mediante un innovador sistema de recuperación transparente. La iniciativa, que actualmente se encuentra en estudio en las comisiones de Seguridad y Justicia y de Legislación General, articula la reinserción social de internos y la capacitación de alumnos técnicos con el uso de tecnología digital para el control ciudadano.

La esencia del proyecto, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, radica en resolver una problemática histórica de saturación en los depósitos estatales, transformando lo que hoy es un residuo contaminante en un recurso operativo para la comunidad. Según el texto de la iniciativa, el fin primordial es crear el "Régimen Provincial de Afectación Social de Vehículos Secuestrados No Reclamados", el cual está "destinado a otorgar utilidad pública a motocicletas, automotores y otros vehículos retenidos por autoridades provinciales o municipales que no hayan sido reclamados en los plazos establecidos". Esta propuesta no solo busca agilizar la administración de bienes, sino que integra aristas educativas a través de talleres de reparación, fines sociales mediante la donación a comunas del interior y un fuerte componente tecnológico para garantizar la transparencia mediante códigos QR y trazabilidad digital.

La iniciativa establece criterios claros para determinar qué unidades pueden ser reutilizadas por el Estado. La normativa será aplicable a vehículos secuestrados por infracciones de tránsito, falta de documentación o aquellos vinculados a delitos que ya hayan sido liberados por la justicia. Al respecto, el articulado especifica que se considerará un vehículo susceptible de afectación social aquel que "no haya sido reclamado por su titular registral o poseedor legítimo dentro del plazo de dos años desde su secuestro y que no haya acreditado papeles legítimos".

Una vez cumplido este plazo y verificada la inexistencia de medidas judiciales pendientes, los vehículos podrán ser destinados a CAPS, Centros Integradores Comunitarios (CIC), comunas rurales y municipios. El objetivo es "facilitar el traslado de pacientes, mejorar la conectividad rural, fortalecer servicios comunitarios y apoyar tareas sanitarias o de emergencia".

Educación y reinserción: los Talleres Sociales

Uno de los puntos más innovadores de la propuesta de Cobos es la creación del programa "Talleres Sociales de Recuperación Vehicular", diseñado para "eficientizar, optimizar y darle un uso productivo para nuestra provincia y zonas necesarias". En estos espacios de trabajo no solo se reacondicionarán las unidades, sino que se fomentará la formación de diversos sectores de la sociedad. Según el proyecto, en estos talleres "podrán participar: escuelas técnicas, programas de formación laboral, internos en régimen de reinserción social y cooperativas de trabajo".

Este componente educativo se refuerza en los fundamentos de la ley, donde se destaca que la iniciativa genera "capacitación, oficios y oportunidades laborales", promoviendo un fuerte sentido de inclusión social al involucrar a personas privadas de su libertad en procesos de aprendizaje productivo.

Para evitar irregularidades en el manejo de estos bienes, el texto legal incorpora herramientas digitales de vanguardia. Se prevé la creación de un "Sistema Digital de Trazabilidad de Vehículos con Destino Social", el cual deberá "ser de acceso público y gratuito vía web, contener información actualizada de cada vehículo afectado y permitir la consulta por cualquier ciudadano". Además, cada unidad contará con un "código QR visible y permanente" que detallará desde el número de identificación hasta el historial de uso y mantenimiento.

En sus fundamentos, el joven parlamentario de la bancada oficialista sostiene que esta tecnología permite que la iniciativa deje de ser una mera herramienta administrativa para convertirse en un "verdadero mecanismo de transparencia institucional". La creación de estos registros digitales permitirá que "cualquier ciudadano pueda conocer el origen, destino, estado de funcionamiento y organismo responsable de cada vehículo, favoreciendo el control social".

Gestión inteligente

El proyecto de Cobos argumenta que la situación actual en Tucumán es contradictoria, ya que miles de unidades se deterioran en playas de secuestro generando un costo económico y ambiental, mientras las instituciones del interior carecen de movilidad. La propuesta busca "transformar un pasivo estatal en un activo social", garantizando que los bienes permanezcan exclusivamente afectados al interés público, ya que el proyecto prohíbe expresamente su venta o transferencia a particulares.

Finalmente, la iniciativa se presenta como una respuesta a principios modernos de eficiencia. "Cada vehículo recuperado representa un ahorro potencial para el Estado, que evita nuevas adquisiciones para determinados organismos públicos y reduce simultáneamente los costos de almacenamiento, custodia y mantenimiento de depósitos de secuestro". En conclusión, el espíritu de la ley es "administrar inteligentemente los recursos existentes para ponerlos al servicio de quienes más los necesitan".