Un cóctel explosivo de deudas, impuestos y caída de ventas amenaza la rentabilidad de las farmacias tucumanas

El sector farmacéutico de la provincia atraviesa un escenario económico sumamente complejo, configurado por el descalce financiero entre las exigencias de pago de los proveedores y la demora en los cobros a las obras sociales, sumado al impacto del conflicto fiscal por tributos locales y una retracción sostenida en el consumo. La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, Verónica Pastoriza (foto inferior) alertó que los comercios del rubro quedaron posicionados como el eslabón más vulnerable de la cadena de comercialización, absorbiendo reducciones en sus márgenes de ganancia que comprometen de manera directa la sustentabilidad operativa de las farmacias de barrio y de menor escala en el territorio provincial.

En relación con el cumplimiento de las coberturas estatales y privadas, Pastoriza explicó a Tendencia de Noticias que la acumulación de acreencias tensiona la liquidez de los establecimientos, citando el caso de la obra social de los jubilados, PAMI. Al respecto, la titular de la entidad remarcó: "tenemos tres periodos adeudados. Nos informan desde la parte de Nación, desde COFA (Confederación Farmacéutica Argentina), que es casi seguro que hoy nos paguen dos de esos periodos. Si bien se atrasa, generalmente dentro del mes tratan de cumplir todo, esperemos que no lleguemos a tener periodos adeudados porque a la farmacia le implica mucho financiar, nosotros tenemos que entregar el medicamento con mucho porcentaje de descuento y pagar la droguería, entonces, a veces, si se corta la cadena de pago, se nos dificulta o se nos complica un poco". Asimismo, detalló que existen otros servicios paralizados o con atrasos severos.

La presión sobre el sector se profundizó debido a las modificaciones en las condiciones de crédito aplicadas por las droguerías mayoristas, un fenómeno derivado de disputas impositivas entre los laboratorios, el municipio capitalino y las arcas provinciales. Para contextualizar este punto, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) rechazó públicamente la aplicación del Tributo Económico Municipal (TEM) por parte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán sobre firmas sin establecimiento físico en la capital, denunciando que el cobro actúa como un impuesto ilegal a las ventas que distorsiona la coparticipación y genera fricciones en la cadena de valor. A ello se sumó la quita de exenciones y el aumento en la carga de Ingresos Brutos a las distribuidoras, decisiones que terminaron trasladándose hacia los mostradores.

Sobre esta alteración de las condiciones comerciales, Pastoriza enfatizó: "en Tucumán nos han cambiado las condiciones de pago, lo cual afecta el porcentaje con el cual nosotros ganamos la sustentabilidad de la farmacia. Nos han descontado puntos por un tema impositivo de ellos cambiar nuestras condiciones. Hay que entender que el medicamento tiene un precio uniforme en todo el país, entonces no podemos trasladarlo y parte del descuento que efectúa al afiliado de la obra social, lo asume la farmacia. Entonces, si nos cambian las condiciones es muy difícil tener sustentabilidad y puede afectar el ejercicio de la profesión". En ese marco, puntualizó la vulnerabilidad de los comercios de menor facturación: "en una farmacia chica el porcentaje ese que nos han cambiado puede implicar el pago de un salario o el pago de alquiler... somos el último eslabón de la cadena que termina sosteniendo esta situación".

A este panorama impositivo y financiero se añade una baja del 2% al 3% en las ventas de medicamentos, agudizada por la inflación, la suba de costos fijos de alquileres y servicios, y el avance de la venta ilegal en la vía pública. Pastoriza describió el comportamiento de los clientes afirmando que "uno ve, por ejemplo, de la fila de PAMI que va y te dice 'dame el que es sin cargo, el otro no lo llevo', o aquella persona que llevaba una caja de analgésico te pide el blíster; muchos se han volcado a los genéricos". Frente a esta encrucijada, la dirigencia farmacéutica gestiona audiencias con legisladores y autoridades provinciales para solicitar una mesa de diálogo tripartita entre el Gobierno, las droguerías y las farmacias que garantice la viabilidad del servicio sanitario en la provincia.