
La causa por el crimen de Juan Héctor Molina, ocurrido el viernes en Banda del Río Salí, tuvo un avance clave en las últimas horas con la imputación formal de tres personas: una mujer y sus dos hijos, acusados de haber participado en el ataque que terminó con la vida del joven y dejó herida a una niña de 11 años.
La audiencia se realizó este sábado bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale, donde se legalizaron las aprehensiones, se formularon cargos y se dispusieron medidas de coerción contra Nora Góngora (42), Braian “Sapo” Coronel (22) y un adolescente de 17 años.
Según la acusación, los tres fueron imputados como presuntos coautores del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en relación al ataque ocurrido el viernes 27 de marzo en horas de la tarde.
De acuerdo a la reconstrucción del hecho, Molina caminaba por la vía pública cuando fue interceptado por dos motocicletas con cinco ocupantes. En ese contexto, un menor de 14 años —inimputable por su edad— descendió de uno de los rodados y efectuó los disparos que impactaron en la víctima, provocándole la muerte.

La hipótesis fiscal sostiene que existió un acuerdo previo entre los acusados para concretar el ataque, con una distribución de roles que permitió ejecutar el hecho y garantizar la fuga. Mientras el menor disparaba, el resto aguardaba en los vehículos para facilitar la huida.
Durante el mismo episodio, una niña de 11 años resultó herida por una bala perdida cuando se encontraba en su domicilio. La menor fue asistida y se encuentra fuera de peligro, mientras que la Fiscalía aclaró que, por el momento, no se formularon cargos específicos vinculados a esa lesión hasta avanzar con nuevas pruebas.
Entre los elementos reunidos por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) se destacan cinco vainas servidas calibre 11.25, rastros de sangre en la escena, daños en la vivienda de la menor y testimonios que ubican a los acusados en el lugar. Además, se realizaron pericias sobre residuos de disparo y se cuenta con un informe preliminar de autopsia.

En base a estas evidencias, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva para la mujer y su hijo mayor, y la disposición del menor en un instituto. Sin embargo, la jueza resolvió hacer lugar parcialmente al pedido y dictó dos meses de prisión preventiva para Góngora y Coronel, mientras que el adolescente de 17 años cumplirá la medida bajo resguardo domiciliario en casa de un familiar.
La investigación continúa con la búsqueda del arma utilizada y la incorporación de nuevos testimonios, entre ellos la declaración de un menor que será realizada mediante Cámara Gesell.