Secta rusa de Bariloche: un juez otorgó la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev por razones de salud

El juez federal de Garantías Gustavo Javier Zapata resolvió otorgar la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso detenido en la causa conocida como la “secta rusa de Bariloche”. La decisión se basó en la evaluación de su estado de salud, el marcado deterioro físico y la ausencia de un diagnóstico médico concluyente.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la resolución fue adoptada durante una audiencia realizada por videollamada, en la que se debatió extensamente la situación clínica del imputado. No obstante, la Fiscalía Federal impugnó el fallo en el mismo acto, por lo que la medida no se hará efectiva de inmediato y quedó sujeta al circuito de apelación previsto en el Código Procesal Penal Federal.

Zapata aclaró que el otorgamiento de la prisión domiciliaria responde exclusivamente a razones de salud y no a una modificación en el análisis de los riesgos procesales. En la audiencia participaron defensores, fiscales, traductoras públicas de idioma ruso, profesionales médicos, representantes vinculados a la presunta víctima y un asesor de menores.

La defensa solicitó la modificación de la modalidad de prisión preventiva para que Rudnev continúe detenido bajo arresto domiciliario, invocando la morigeración prevista en el artículo 210 del CPPF y la prisión domiciliaria por razones de salud contemplada en la ley de ejecución penal. Los abogados sostuvieron que el encierro intramuros resulta actualmente desproporcionado frente al deterioro físico del imputado y la falta de estudios médicos completos.

En ese marco, plantearon que la normativa obliga a analizar alternativas menos gravosas cuando los riesgos pueden neutralizarse mediante controles, y propusieron como medidas complementarias el monitoreo electrónico, la retención del pasaporte, un domicilio verificado, la designación de un tutor y la prohibición absoluta de contacto con la presunta víctima y su hijo.

El eje central del debate estuvo dado por las exposiciones médicas. El cirujano del Hospital de Clínicas, Luis Saroto, afirmó que una pérdida de 50 kilos coloca al paciente en una situación clínica crítica que requiere estudios urgentes e incluso internación. En la misma línea, el médico Mariano Duarte advirtió que una pérdida de peso de tal magnitud suele estar asociada a una patología subyacente y remarcó la necesidad de realizar estudios funcionales ante un posible compromiso respiratorio.

Desde el Ministerio Público Fiscal, el médico Claudio Capuano distinguió entre riesgo vital inminente y riesgo aumentado, y sostuvo que la documentación médica no acreditaba una inminencia de muerte, aunque sí un riesgo clínicamente significativo que requiere estudios adicionales.

Al momento de resolver, Zapata hizo lugar a la prisión domiciliaria en los términos del artículo 32 de la ley 24.660, al considerar que no existe un diagnóstico preciso y que, según los profesionales intervinientes, el caso exige una batería de exámenes e incluso internación para determinar la patología y el tratamiento adecuado. El juez explicó que dicho artículo se activa cuando la detención en una unidad carcelaria impide tratar correctamente una dolencia, y señaló que la medida apunta a evitar que un riesgo aumentado derive en un riesgo vital inminente.

La resolución dispuso la prisión domiciliaria con dispositivo electrónico de vigilancia y el mantenimiento de todas las restricciones ya vigentes. El magistrado aclaró que la medida solo se hará efectiva una vez que quede firme, dado que la Fiscalía anunció la apelación en el mismo acto y solicitó la suspensión del cambio de modalidad hasta la intervención del tribunal superior, condición que fue aceptada.

La decisión fue confirmada públicamente por el abogado defensor Carlos Broitman, quien señaló que el fallo se sustentó en deficiencias en la atención médica durante casi seis meses de detención. El letrado afirmó que la defensa logró acreditar negligencia en el seguimiento sanitario del imputado y que los peritos aportados coincidieron con los médicos propuestos por su parte.

Broitman indicó que Rudnev perdió alrededor de 50 kilos desde su detención y que presenta múltiples patologías, y sostuvo que parte de las falencias en la atención se explican por la barrera idiomática en el penal, donde, según afirmó, se utilizaban traductores automáticos para suministrarle medicamentos que el imputado no reconocía. También aseguró que existen constancias escritas en el expediente en las que Rudnev solicitó asistencia médica.

El defensor agregó que la causa tendrá un nuevo hito el próximo 3 de abril, cuando la Fiscalía deberá formular la acusación formal contra Rudnev y varias mujeres rusas imputadas. En ese contexto, afirmó que la defensa demostrará técnicamente su inocencia y sostuvo que la causa se originó a partir de una denuncia hospitalaria vinculada al parto de una mujer rusa presuntamente vulnerable. Además, negó imputaciones difundidas públicamente, como la existencia de cocaína, y aseguró que los elementos mencionados como drogas eran medicamentos.

Mientras se resuelve la apelación sobre la prisión domiciliaria, la causa continuará su curso y la Cámara deberá definir si corresponde mantener el arresto domiciliario por razones de salud con monitoreo electrónico o revertir la decisión. En paralelo, la investigación avanzará hacia la etapa de acusación formal prevista para abril.