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Los robos ocuparon el primer lugar entre los delitos registrados en las causas penales que terminaron con condenas de prisión efectiva en Tucumán durante los primeros ocho meses analizados de 2026. Así lo revela un informe estadístico elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, que también muestra una importante presencia de este delito entre los expedientes en los que se dictaron prisiones preventivas y condenas de ejecución condicional.
El relevamiento, realizado por la Dirección de Estadísticas de la Oficina de Gestión Judicial, comprende el período que va del 1 de febrero al 30 de septiembre de este año y reúne información sobre la actividad de las Oficinas de Gestión de Audiencias Penales, en el marco del nuevo Código Procesal Penal.
Según el documento, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, durante esos ocho meses se dictaron 782 condenas de cumplimiento efectivo, es decir, penas que implican privación de la libertad. De ese total, el robo fue el delito más frecuente consignado en los legajos, con 302 casos, seguido por el hurto, con 116, y las lesiones, con 75.
La nómina continúa con los delitos de abuso sexual, presentes en 67 legajos; amenazas, con 58; y narcomenudeo, con 53.
Si se consideran conjuntamente los robos y los hurtos, aparecen en 418 registros asociados con condenas efectivas.

Los robos también lideran las causas con prisión preventiva
El predominio de los robos se repite en otro de los indicadores analizados por la Corte Suprema: las prisiones preventivas dictadas durante el período.
Entre febrero y septiembre, los tribunales penales de Tucumán concedieron 1.326 prisiones preventivas y 2.057 prórrogas de esa medida cautelar.
Al clasificar los principales delitos consignados en los expedientes donde se ordenó la privación preventiva de la libertad, el informe ubicó nuevamente al robo en primer lugar, con 527 legajos.
En segundo término aparecieron las lesiones, con 188 registros, seguidas por el hurto, con 186; las amenazas, con 158; el narcomenudeo, con 142; y el abuso sexual, con 120.
Estos datos muestran que los robos no solamente tuvieron una presencia destacada entre las causas que concluyeron con condenas, sino también entre aquellas en las que la Justicia consideró necesario disponer una medida de coerción mientras avanzaba el proceso penal.
En cuanto a su duración de las privaciones de la libertad, el informe señala que 904 prisiones preventivas fueron concedidas por períodos de hasta 30 días, mientras que otras 256 tuvieron plazos de entre 31 y 60 días. También se registraron medidas de mayor extensión.
Diez condenas a prisión perpetua
Otro dato relevante del informe judicial está relacionado con la duración de las penas de cumplimiento efectivo.
De las 782 condenas registradas entre febrero y septiembre, 618 correspondieron a penas de hasta cinco años de prisión, lo que representa aproximadamente el 79% del total informado.
Además, se contabilizaron 103 condenas de más de cinco y hasta diez años, 29 de más de diez y hasta quince años, seis de más de quince y hasta veinte años y dos de más de veinte y hasta veinticinco años.
El relevamiento también registró diez condenas a prisión perpetua durante el período analizado.
El informe no discrimina la cantidad de sentencias firmes ni permite determinar cuántas de las condenas registradas fueron recurridas ante instancias judiciales superiores.
Condenas condicionales: robos y lesiones, los más frecuentes
La estadística también incluye las condenas de ejecución condicional, una modalidad que permite que determinadas penas de prisión no se cumplan efectivamente en un establecimiento penitenciario, siempre que se reúnan los requisitos legales y se respeten las condiciones impuestas por la Justicia. Entre febrero y septiembre se dictaron 470 condenas de este tipo.
Al igual que en las condenas efectivas, el robo encabezó la clasificación de los delitos más frecuentes, con 118 legajos. Sin embargo, en este apartado la diferencia respecto de las lesiones fue mucho menor, ya que estas últimas aparecieron en 112 registros.
En tercer lugar, se ubicaron las amenazas, con 61 casos, seguidas por el hurto, con 47, y el abuso sexual, con 46.
Respecto de la duración de las penas, 110 condenas condicionales fueron de hasta un año, otras 130 superaron un año y no excedieron los dos, mientras que 230 correspondieron a penas de más de dos y hasta tres años.
De esta manera, los robos encabezaron las tres clasificaciones principales del informe relacionadas con decisiones judiciales sobre la libertad de los imputados o condenados: prisiones preventivas, condenas efectivas y condenas condicionales.

Más de 14.800 audiencias penales en ocho meses
El documento de la Corte Suprema también ofrece un panorama general del funcionamiento de la Justicia penal tucumana.
Durante los ocho meses comprendidos entre febrero y septiembre de 2026, las Oficinas de Gestión de Audiencias registraron 14.886 audiencias penales, correspondientes a 5.522 legajos o expedientes.
Abril fue el mes con mayor actividad, con 2.089 audiencias, seguido por marzo, con 2.062, y junio, con 2.038.
En febrero se contabilizaron 1.797 audiencias; en mayo, 1.883; en julio, 1.228; en agosto, 1.836; y en septiembre, 1.953.
El descenso más pronunciado se produjo en julio, cuando la cantidad de audiencias cayó a 1.228, antes de recuperar niveles superiores a 1.800 durante agosto y septiembre.
La estadística también incluye la actividad vinculada con los juicios orales y públicos.
En ese apartado se registraron 604 audiencias correspondientes a 142 causas o expedientes.
A diferencia de lo observado en las condenas y prisiones preventivas, el abuso sexual fue el delito con mayor presencia entre las causas que llegaron a audiencias de juicio oral y público, con 49 legajos.
Le siguieron el robo, con 31; el homicidio, con 21; el narcomenudeo, con 12; las amenazas vinculadas con violencia doméstica y de género, con nueve; y las lesiones, incluidas las relacionadas con ese tipo de violencia, con ocho.

Esta distribución muestra diferencias entre los delitos más frecuentes en las distintas etapas de los procesos penales, aunque las cifras no permiten establecer por sí solas la evolución de la criminalidad en la provincia.
La Corte precisó que los indicadores fueron elaborados a partir de la información registrada en el sistema OgaWeb, con fecha de corte al 14 de octubre de 2026, y advirtió que las cifras pueden experimentar modificaciones como consecuencia de las auditorías y actualizaciones periódicas de los registros judiciales.