Piden elevar a juicio una causa contra un médico y una farmacéutica por defraudar al PAMI

La Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa seguida contra un médico y una farmacéutica acusados de defraudar al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) mediante la emisión de más de 600 recetas apócrifas, lo que habría generado un perjuicio económico superior al millón de pesos.

El requerimiento fue presentado por el fiscal federal Jorge Gustavo Onel ante el juez federal subrogante de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, y tiene como imputados al médico Alberto José Mazzuchelli, de 72 años, y a la farmacéutica Gisela Viviana Bernini, de 53.

Ambos se encuentran procesados por el delito de defraudación a la administración pública, al haber emitido más de 600 recetas electrónicas falsas entre febrero y septiembre de 2021 para simular la provisión de medicamentos a nombre de pacientes que no pertenecían a la cápita del médico.

Como consecuencia de la maniobra, se determinó un perjuicio económico de $1.125.228 al organismo, según se desprende de la investigación a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La pesquisa estableció que los acusados confeccionaron 636 recetas a nombre de 78 afiliados que no integraban la cartera de pacientes de Mazzuchelli. Las prescripciones fueron emitidas desde computadoras ubicadas en la Farmacia Bernini, conforme a las direcciones IP asignadas por la empresa de telefonía Personal al domicilio del comercio.

El fiscal Onel sostuvo que, para que la maniobra fuera posible dentro del Sistema de Receta Electrónica de la obra social, se utilizó el usuario y la clave de acceso provistos por el médico. Señaló que sin ese aporte esencial no habría sido posible para la farmacéutica generar las prescripciones ni lograr la consecuente disposición patrimonial del organismo estatal en su beneficio.

En ese sentido, explicó que la titular de la farmacia, valiéndose del sistema informático facilitado por un prestador regular del instituto, impulsó disposiciones patrimoniales erróneas y perjudiciales para el Estado, generando un detrimento en las arcas de la obra social por $1.125.228, con el objetivo de obtener un beneficio indebido que efectivamente percibió en su comercio.

La farmacéutica llegará a juicio oral acusada como autora del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, mientras que el médico fue considerado partícipe necesario del mismo ilícito, según consignó el Ministerio Público Fiscal.

Al fundamentar la diferencia en el grado de participación, la fiscalía indicó que las acciones detectadas y el desembolso patrimonial se materializaron en la farmacia, pero aclaró que la maniobra no hubiera podido concretarse sin la colaboración del médico, quien facilitó su usuario y clave de gestión.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el área legal de la obra social ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito del instituto y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI), a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo.

Durante la instrucción, entrevistas a distintos afiliados permitieron corroborar que el médico investigado no era su prestador habitual. Algunos indicaron haber adquirido medicamentos sin receta; otros señalaron consumir menos fármacos que los consignados en las prescripciones; y varios afirmaron que los medicamentos que tomaban les habían sido recetados por sus médicos de cabecera.