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El creador de Telegram acusa a Pedro Sánchez de amenazar libertades por la política de regulación de redes

Una notificación enviada a usuarios de Telegram en España encendió la polémica luego de que su creador advirtiera sobre nuevas regulaciones impulsadas por el Ejecutivo y sus posibles consecuencias sobre la privacidad y la libertad de expresión.

PorTendencia de noticias
05 feb, 2026 11:27 a. m. Actualizado: 05 feb, 2026 11:29 a. m. AR
El creador de Telegram acusa a Pedro Sánchez de amenazar libertades por la política de regulación de redes

El fundador de Telegram, Pavel Durov, protagonizó un fuerte cruce político al enviar un mensaje masivo a los usuarios españoles de la aplicación en el que acusó al presidente Pedro Sánchez de promover leyes que, según sostuvo, ponen en riesgo las libertades individuales y el derecho a la privacidad.


La advertencia apuntó directamente a un paquete de regulaciones impulsadas por el Gobierno de España, entre ellas la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años, la verificación obligatoria de identidad, la responsabilidad penal para directivos de plataformas digitales y el control del contenido amplificado por algoritmos.


Desde la mirada de Durov, estas iniciativas podrían derivar en un modelo de vigilancia estatal, con mayor recopilación de datos personales, censura preventiva y restricciones al anonimato en internet. El empresario alertó que medidas pensadas para proteger a los menores podrían extenderse al conjunto de los usuarios y afectar el libre intercambio de ideas.



El mensaje generó una inmediata reacción del Gobierno español, que cuestionó el envío de notificaciones sin consentimiento y defendió la necesidad de regular a las grandes plataformas tecnológicas. En ese marco, funcionarios remarcaron que no se puede permitir que actores extranjeros influyan masivamente en la opinión pública sin controles ni responsabilidades legales.



El debate se da en un contexto internacional donde varios países avanzan con restricciones al acceso de menores a redes sociales y con mayores exigencias a las empresas tecnológicas. España planea implementar estas medidas en conjunto con otras naciones, siguiendo antecedentes recientes como el de Australia, que adoptó regulaciones similares en 2025.

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