Piden 30 años de prisión para un tucumano acusado de liderar una megabanda de estafadores

Eduardo Ariel Aráoz podría pasar los próximos 30 años de su vida en prisión, si prospera el pedido realizado por el fiscal Gerardo Salas, que lo considera jefe de una estructura criminal dedicada a cometer estafas contra comercios, empresas y personas ligadas a la actividad agropecuaria. 

De acuerdo a la acusación, empleaba identidades falsas y fingía ser representante de clientes reconocidos para comprar todo tipo de insumos, que no pagaba y luego revendía de manera informal. Dos miembros de la banda confesaron y lo delataron. 

Según los investigadores, Aráoz cometió estafas por más de $170 millones entre septiembre de 2023 y febrero de 2025, empleando empresas "fantasma" creadas en otras provincias, como The Cyprus Agency S.A.S., La Bajadita Agroganadera S.A.S., Otters Equipamientos S.A.S. y Robert Vesco & Co S.A.S.. Emitió miles de e-cheqs y cheques físicos sin fondos, el ECIF (Equipo Científico de Investigaciones fiscales) logró rastrear direcciones IP, identidades falsas en redes sociales, como ‘Eduardo Astorga’, y la rotación de chips telefónicos que impactaban repetidamente en un mismo dispositivo móvil secuestrado en el domicilio de Araoz”, argumentó el MPF. 

La investigación prosperó gracias a la figura del imputado arrepentido: dos integrantes de la organización terminaron confesando el esquema interno, el reparto de roles y señalando a Araoz como el ideólogo y conductor de las operaciones. 

Lo que hacía el principal acusado era generar una apariencia de solvencia comercial para comprar bienes de alto valor, como insumos agrícolas, neumáticos, material de construcción hasta casillas rodantes y equipos de aire acondicionado, asegura el Requerimiento de Apertura a Juicio. Agrega que cerraba los pactos con identidades falsas o fingiendo representar a clientes reconocidos. Luego, la banda enviaba fletes para retirar rápidamente los productos y acopiarlos en galpones o domicilios particulares y comenzaba a revenderlos. 

La fiscalía estima que la banda generó un perjuicio patrimonial directo superior a los $170 millones en diez hechos de estafa. La red de empresas falsas utilizadas por la organización acumulaba cheques rechazados más de $7.000 millones, agregaron. 

Salas concluyó de esta manera una investigación extensa, considerada una de las más complejas sobre delincuencia financiera y de cibercriminalidad del último tiempo. El titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción cerró la pesquisa con el requerimiento de que la causa sea abierta a juicio.