Otra ley "con nombre y apellido" para recibir beneficios económicos, se apresta a ser sancionada por la Legislatura

Nuevamente, la Legislatura de Tucumán se encamina a debatir y, posiblemente, sancionar, una norma de las que se denominan "a medida" o bien "con nombre y apellido", puesto que la Comisión de Economía y Producción de la Cámara emitió un dictamen favorable para otorgar el beneficio de reintegro a la inversión a la firma SA Veracruz, en relación al proyecto de su "Plan de Innovación, Crecimiento y

Sostenibilidad", a llevarse a cabo en la localidad de Leales.

Se trata de una empresa (propiedad de las familias Seleme- Requejo) que produce, industrializa y comercializa el limón y sus derivados. La industria se encuentra ubicada en dicha jurisdicción y fue inaugurada en 2019.

De acuerdo a la iniciativa, presentada por los legisladores del oficialismo Leopoldo Rodríguez, Nancy Bulacio, Alberto Olea y el opositor Rolando Alfaro (Compromiso por Tucumán), el reintegro será por el 30% de la inversión efectivamente realizada en las obras de instalación y construcción que tiene prevista concretar la firma. Dicho beneficio se efectivizará anualmente y no podrá exceder el plazo de tres años

contados a partir del otorgamiento del mismo.

A su vez, se resalta que el monto total del reintegro será fijado en moneda de curso legal y no podrá superar en ningún caso la suma total equivalente a U$S 6.630.000.

En tanto que se deja consignado que el reintegro, una vez otorgado, deberá ser efectuado por el Poder Ejecutivo mediante la entrega de Certificados de Crédito Fiscal.

Obligaciones y motivaciones

Entre los requisitos y obligaciones que se le exigirán a la empresa, figuran: la inversión de U$S 6,6 millones; la presentación del proyecto de Inversión Definitivo, plano de las obras, memoria descriptiva y toda la documentación técnica requerida por los organismos que tengan a su cargo el control de la inversión; realizar la obra en un plazo máximo de 12 meses; incorporar, como mínimo, 120 nuevos puestos de trabajo

permanente con mano de obra local; tener abonadas y cumplimentadas sus obligaciones tributarias; y promover al desarrollo sustentable y a la protección del medio ambiente.

"A pesar de su relevancia en la producción citrícola, sabemos que la comunidad de Leales enfrenta desafíos relacionados con el acceso al empleo formal, la

modernización de su infraestructura y es necesario que las industrias locales adopten prácticas sostenibles en sus operaciones. En este contexto, apoyar la inversión privada genera un impacto positivo en la comunidad, impulsando la economía local, creando oportunidades y devolviendo a la sociedad la dignidad merecida a través del empleo de calidad y sostenido", postulan los parlamentarios en las fundamentaciones del proyecto.

Lo curioso es el tratamiento expedito que logró esta iniciativa, puesto que ingresó por Mesa de Entrada de la Legislatura el pasado martes y en esa misma jornada fue analizada por la Comisión que se encargó de emitir el dictamen respectivo. Ahora falta que proceda, en idéntico sentido, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a la que también fue girado el proyecto para su estudio.

En el articulado se destaca que la empresa beneficiaria, deberá remitir al Poder Ejecutivo y a la Legislatura, los informes de inicio, avances y finalización de obra de

inversión.

Precedentes

"Esta medida favorece el crecimiento de la actividad privada y será sinónimo de desarrollo económico y social para la provincia. Solo favoreciendo la inversión productiva generaremos la ampliación del mercado y una provincia potente donde se apuesta por el progreso social, con disminución de las tasas de pobreza y crecimiento de trabajo genuino", plantearon los firmantes del proyecto.

Vale resaltar que otras ideas similares ya fueron sancionadas por el Parlamento tucumano, como en los casos de las firmas Quilmes, Pepsi y, la más reciente, Transporte Frío del Norte, en cuyos tratamientos se alzaron voces críticas por parte de un sector de la oposición, puesto que sostenían que la Legislatura no debería avanzar en proyectos nominalizados, sino que lo óptimo es promover una ley general de fomento a las inversiones, a las que puedan adherirse o ser beneficiadas las diversas empresas o pymes que apuesten económicamente por la Provincia.