SEGURIDAD VIAL EN RUTAS NACIONALES
Multas millonarias: el costo de conducir vehículos sin identificación reglamentaria
La normativa vigente establece sanciones severas para los propietarios de vehículos que no tengan su identificación visible y en condiciones reglamentarias dado que esta falta es considerada una infracción grave que impide la trazabilidad del rodado y pone en riesgo los sistemas de fiscalización y control en todo el territorio argentino.
Durante el pasado 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intensificó los operativos en rutas y autopistas, detectando a un total de 7.235 conductores en falta. Estas personas circulaban sin la identificación correspondiente o con las chapas adulteradas, una práctica que el organismo supervisa estrictamente para garantizar que cada unidad cumpla con las disposiciones de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor (DNRPA).
La ley nacional es clara al respecto: todo vehículo, incluyendo acoplados y semirremolques, debe portar sus patentes de manera legible, original y sin ningún objeto que dificulte su visualización. En caso de detectarse un incumplimiento en los puestos de control, la autoridad competente tiene la facultad de detener la marcha del vehículo, el cual no podrá continuar circulando hasta que la situación registral sea regularizada por completo.
En términos económicos, el desapego por las normas de tránsito conlleva penalidades que pueden alcanzar la cifra de 1.800.000 pesos, dependiendo de la jurisdicción donde se cometa la falta. Cabe destacar que el Gobierno Nacional regularizó en septiembre del año pasado la distribución de chapas metálicas, eliminando las demoras en la provisión oficial, por lo que el uso de patentes provisorias de papel solo está permitido por un plazo máximo de 60 días en casos acreditados de robo o pérdida.
Más allá de la multa, la ausencia de dominio suele estar vinculada a maniobras para eludir radares de exceso de velocidad, lo que agrava la peligrosidad en la vía pública. Esta conducta vulnera las reglas de convivencia vial y dificulta la identificación de responsables ante posibles siniestros viales, razón por la cual la portación del dominio se mantiene como una obligación ineludible para cualquier conductor en el país.
