Montaldo reconoció que existe disconformidad con la Ley de Educación Inclusiva pero apelan al consenso para su redacción final

En un encuentro desarrollado en la Legislatura de Tucumán, el vicegobernador Miguel Acevedo, la ministra de Educación Susana Montaldo y miembros de la Comisión de Educación se reunieron para evaluar los avances del proyecto de Ley de Educación Inclusiva para Estudiantes con Discapacidad. La jornada reflejó la complejidad de una reforma que, si bien es calificada como "superadora" por el oficialismo, navega en un mar de posturas encontradas, dudas técnicas y reclamos de mayor participación por parte de especialistas y organizaciones civiles. El debate central gira en torno a la necesidad de alcanzar un equilibrio que permita transformar el sistema actual sin incurrir en retrocesos de derechos, una meta que el Gobierno aspira a concretar mediante una versión definitiva de la ley que logre resumir la mayor cantidad de miradas posibles.

Tras la reunión, Montaldo valoró la apertura del intercambio y el carácter participativo de la discusión parlamentaria. “Fue una reunión muy importante. Los legisladores nos hicieron una serie de preguntas aclaratorias y hemos acordado para trabajar juntos en la última versión de la ley”, expresó la funcionaria. Montaldo reconoció con pragmatismo que la unanimidad es difícil en temas de tal sensibilidad social: “Queremos una ley que pueda reunir la opinión de todos. Quizás no todos estén conformes en un cien por ciento, porque así es la democracia, pero buscamos una versión que pueda resumir y acordar la mayor cantidad de miradas... siempre teniendo como objetivo el bien común y el bienestar de los chicos”. Según la ministra, el núcleo de la iniciativa es resguardar la inclusión asegurando que los acompañantes estén debidamente capacitados para que los estudiantes se integren eficazmente con sus pares.

Este proyecto, impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo, propone un cambio de paradigma hacia el Modelo Social de la Discapacidad, centrando el enfoque en la autonomía del alumno y en la eliminación de barreras contextuales. Entre sus puntos fundamentales, establece la incorporación de los Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) a la planta orgánica funcional (POF) de las escuelas, otorgándoles estabilidad bajo el Estatuto del Docente y liberando a las familias de la carga económica de contratar apoyos privados o recurrir a la vía judicial. No obstante, este avance laboral convive con advertencias de organizaciones como el Colegio de Psicólogos de Tucumán, que considera la medida “necesaria pero insuficiente”, alertando sobre una posible “sobrecarga en el rol docente” si no se garantiza el respaldo de equipos interdisciplinarios externos.

La urgencia de la reforma se apoya en estadísticas críticas reveladas por el Ministerio de Educación: de un total de 9.502 alumnos con discapacidad incluidos en escuelas comunes, el 28,18% (2.678 niños y adolescentes) no cuenta con ningún tipo de apoyo a la inclusión. Este déficit se agudiza en el nivel primario, donde la desprotección alcanza el 38,49%. El proyecto busca abordar estas asimetrías limitando además la figura del “maestro sombra”, bajo el argumento de que una presencia permanente puede generar “prácticas más segregadoras que inclusivas” y obstaculizar la “autonomía progresiva” del estudiante. Sin embargo, entidades como Down Is Up y la Fundación Corazón de Madre solicitaron mayor precisión en el articulado para evitar que el retiro de apoyos individuales desproteja a los alumnos más vulnerables.

Desde la esfera legislativa, el presidente de la Comisión de Educación, Aldo Salomón, calificó la charla con la ministra como “muy positiva” y señaló que se están “limando” las dudas finales para llevar pronto la ley al recinto. Por su parte, la directora de Educación Especial, Viviana Nasir, ratificó que el docente de apoyo permanecería todas las horas de clase para asegurar una atención plena. Por último, destacó el rol que cumplen estos profesionales dentro del proceso educativo. “El docente de apoyo a la inclusión realiza un acompañamiento especial a los niños que necesitan este trabajo articulado junto a la docente del aula, el resto de los docentes y un equipo técnico que acompañaría todo el proceso inclusivo”, concluyó. Esta visión es compartida por gremios como ATEP, que sostienen que la permanencia de especialistas “enriquece la tarea docente”. En contraste, la oposición, representada por el legislador José Cano, mantiene sus reservas sobre el financiamiento y la infraestructura escolar, advirtiendo que la reforma podría derivar en “exclusión en lugar de inclusión” si se aplica de forma apresurada y sin los recursos adecuados.

El desafío final de la Legislatura será consolidar una norma que, a pesar de las disconformidades parciales, logre ser el instrumento superador que el sistema educativo tucumano reclama para saldar la deuda histórica con sus estudiantes más necesitados.