Los recursos que Nación giró a la UNT cayeron casi un 19% en relación a 2023

Un lapidario informe conjunto de la Federación Gremial Docente de las Universidades Nacionales (FEDUN) y el Consejo Interuniversitario e Interdisciplinario de Ciencia y Tecnología (CIICTI), puso en evidencia una profunda crisis de desfinanciamiento que atraviesan las universidades y el sistema científico-tecnológico de Argentina. Este panorama se enmarca en un contexto de tensión creciente, donde la reciente aprobación de un presupuesto universitario por parte del Congreso Nacional generó la anticipación de un veto presidencial por parte de Javier Milei, alegando que afectaría el equilibrio fiscal de las cuentas públicas.

El estudio es contundente al señalar que el deterioro de salarios y presupuestos alcanzó mínimos históricos. Un caso para ejemplificar esta situación es la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Según el informe, el financiamiento para la UNT, de los recursos devengados desde enero hasta mayo de 2025, registró una caída real del 18,7% a igual período de 2023. En valores absolutos, esto indica que, mientras que la ejecución acumulada a mayo de 2025 para la UNT fue de $70.476 millones, el monto de recursos devengados para el mismo período de 2023 fue de $14.538 millones (lo que debe ser ajustado por inflación).

El informe profundiza en diversas áreas, revelando un "deterioro sin precedentes" en:

• Salarios universitarios en niveles de 2002: Los salarios de docentes e investigadores en Universidades Nacionales sufrieron un deterioro real del 29,3% contra noviembre de 2023. En los 19 meses de gestión del actual gobierno, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 215,0%, mientras que los salarios universitarios se incrementaron un 122,7%, lo que significa un deterioro de 92,3 puntos base. En lo que va de 2025, los salarios han caído un 7,4%, situándose incluso por debajo de los valores de 2002 y habiendo perdido un 39,0% desde su máximo en 2011.

• Presupuesto educativo en mínimos históricos: El presupuesto de la Secretaría de Educación experimentó una caída del 47,6% en dos años, marcando la mayor contracción en la historia junto con la de 1992. Para 2025, el financiamiento educativo nacional cayó a un mínimo en 33 años, representando solo el 0,7% del PBI. La inversión en universidades nacionales, por su parte, cayó un 22,1% real en 2024 y se proyecta un retroceso adicional del 8,6% para 2025. A pesar de una reciente ampliación presupuestaria por Decreto 425-25, el gobierno apunta a deprimir la masa salarial universitaria real entre un 7% y un 8% en 2025. El presupuesto universitario descendió a su valor mínimo desde 2005, representando el 0,5% del PBI.

• Desplome en Ciencia y Tecnología: El presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN) destinado al sector científico y tecnológico también ha caído de manera acelerada, con un deterioro del 45,4% real en dos años. Este año, la Función CyT alcanzará un mínimo histórico del 0,159% del PBI. La caída es transversal, afectando a todos los organismos. El CONICET, principal organismo científico, perdió un 32,8% real en dos años y se proyecta una caída del 18,5% para este año. Otros organismos, como la Agencia I+D+i, pierden más del 90% de su presupuesto en términos reales en dos años, o un 69% real contra 2024. La masa salarial total en CyT cayó un 39,5% real en dos años. Además, la inversión en insumos (-33,8%), becas (-38,7%), bienes de capital (-55,4%) y transferencias (-73,8%) ha descendido "de manera muy aguda".

• Federalización en Riesgo: El informe señala que el ajuste posee un "sesgo centralizador" que atenta contra la federalización del sistema. Si bien las 24 jurisdicciones muestran caídas en la Función CyT (con un promedio de -35,8% en la ejecución acumulada a mayo de 2025 en comparación con 2023), provincias como La Rioja, Tierra del Fuego, Formosa y Neuquén registran caídas superiores al 50% real, mientras que, en el caso de Tucumán, el descenso es del 32,7%.

Medidas de acción directas

Es en este contexto y ante el panorama preocupante que marca el análisis detallado, del 11 al 16 de agosto, la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país llevará adelante un paro total de actividades, en el marco de un plan de lucha nacional impulsado por el Congreso Extraordinario de CONADU Histórica. La medida, que incluye clases públicas y acciones de visibilización en diferentes puntos del territorio, busca exponer la grave crisis salarial y presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales, así como defender el derecho a una educación pública y gratuita.

El Congreso, reunido el pasado 5 de agosto, resolvió esta acción ante un panorama alarmante: el vaciamiento presupuestario generó un éxodo de más de 10.000 docentes en todo el país. Además, el gobierno actual no ha convocado a paritarias, negando el derecho a la negociación colectiva. “Estamos frente a una situación de emergencia. No solo los salarios están destruidos, sino que el presupuesto universitario ha sido recortado de manera brutal, lo que pone en riesgo la continuidad de la educación pública. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se desmantela el sistema universitario”, expresaron desde la CONADU Histórica.

La crisis no afecta solo a los docentes. Miles de estudiantes han abandonado sus estudios debido a la falta de becas, el cierre de comedores universitarios, la ausencia de boleto educativo y el deterioro general de las condiciones socioeconómicas. “Es desgarrador ver cómo estudiantes talentosos y comprometidos deben dejar sus carreras porque no tienen cómo sostenerse. Esto no es un accidente, es una política deliberada de desfinanciamiento que apunta a la privatización de la universidad pública”, denunciaron desde ADIUNT, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán.

En este contexto, la entidad convocó a docentes, estudiantes, personal no docente y a la comunidad tucumana a sumarse activamente a las acciones previstas durante la semana de paro. “La defensa de la universidad pública y gratuita no es solo una lucha de la comunidad universitaria, sino de todo el pueblo argentino. Necesitamos una acción decidida para frenar este avance privatizador y garantizar que la educación superior siga siendo un derecho y no un privilegio”, afirmaron.