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El requerimiento internacional fue impulsado por el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa que investiga las operaciones de exploración de hidrocarburos correspondientes al proyecto Sea Lion desarrollado en la región de la Cuenca Malvinas Norte, buscando avanzar con el proceso penal contra los directivos corporativos por la violación de distintas leyes sancionadas en el territorio de la Argentina.
En el exhorto dirigido hacia Gran Bretaña el magistrado exigió los antecedentes sobre las licencias petroleras y la identidad de las autoridades del grupo Rockhopper desde el año 2012, mientras que a Israel le reclamó el registro directivo de Navitas Petroleum para establecer sus vínculos empresariales, advirtiendo que pedirán la captura internacional mediante Interpol si los responsables no se presentan ante los tribunales.
Como parte de las medidas probatorias para nutrir el expediente el juzgado dispuso tomarle declaración testimonial a la embajadora Paula Iris Di Chiario y solicitó la remisión de diferentes informes oficiales tanto a la Jefatura de Gabinete como al Ministerio de Seguridad para analizar las actuaciones ambientales y la posible intervención de las fuerzas federales en la zona.
Esta decisión judicial coincide con la reunión prevista para este jueves entre el presidente Javier Milei y el primer ministro Benjamín Netanyahu luego de la Asamblea General de las Naciones Unidas, recordando que la causa inició tras una denuncia gubernamental posterior a la cadena nacional del tres de septiembre donde el mandatario anunció el endurecimiento de las sanciones para estas compañías.