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El juez federal Ariel Lijo procesó a Diego Spagnuolo, ex-director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de una segunda investigación por presuntas irregularidades cometidas durante su paso por el organismo.
El nuevo tramo del expediente está centrado en la compra de insumos médicos y ortopédicos destinados a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves que reciben asistencia a través del Programa Incluir Salud.
La investigación busca determinar si funcionarios y empresarios que intervenían en las contrataciones públicas establecieron mecanismos para direccionar las compras hacia determinados proveedores a cambio de presuntos retornos económicos.
Según la resolución judicial, las operaciones bajo análisis habrían implicado un gasto de aproximadamente $ 75,5 millones y comprometerían a distintos ex-funcionarios y representantes de empresas proveedoras.
Las compras que están bajo investigación
El expediente analiza adquisiciones realizadas a través del Programa Incluir Salud, entre ellas prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos, sillas de ruedas motorizadas y otros dispositivos médicos.
Uno de los puntos que analiza la Justicia son las diferencias detectadas entre los valores abonados por el Estado y los precios de referencia de los productos adquiridos.
Las estimaciones incorporadas a la causa contemplan tanto las operaciones vinculadas con insumos médicos como aquellas relacionadas con medicamentos y, en conjunto, las comparaciones de precios superan los $ 7.800 millones.
La investigación también apunta a reconstruir una segunda ruta de presuntos pagos ilegales. De acuerdo con la información publicada sobre la resolución, las maniobras investigadas habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
El expediente está bajo la órbita del fiscal federal Franco Picardi, quien avanzó sobre las operaciones y las relaciones entre los funcionarios que intervenían en los procesos de contratación y las empresas beneficiadas.
El nuevo procesamiento no alcanza únicamente al exdirector de la ANDIS. Lijo también avanzó sobre otros ex-funcionarios y empresarios que aparecen vinculados con las contrataciones investigadas.
Entre ellos figuran Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvette y Ornella Calvette, además de distintos representantes de las empresas que participaron como proveedoras de los insumos.
En total, según la información difundida sobre la resolución, 19 personas fueron procesadas sin prisión preventiva.
El magistrado amplió el procesamiento de otras cinco personas que ya estaban involucradas en el expediente.
La decisión judicial también contempló situaciones diferentes para otros imputados: 11 personas quedaron con falta de mérito, aunque la Justicia ordenó profundizar las medidas para establecer si tuvieron algún grado de participación en las maniobras investigadas.