La comunidad educativa pidió un debate "unificado" para que la ley de inclusión escolar pueda ser "aplicable"

La Legislatura de Tucumán inició un amplio proceso de diálogo con diversos sectores de la comunidad educativa y organizaciones especializadas ante las inquietudes y cuestionamientos surgidos en torno al proyecto de Ley de Educación Inclusiva para Estudiantes en Situación de Discapacidad enviado por el Poder Ejecutivo, con el fin de lograr un tratamiento exhaustivo que permita construir una norma superadora que preserve los estándares de inclusión y mejore las condiciones laborales de los docentes involucrados.

Las comisiones de Educación, encabezada por el legislador Aldo Salomón, y de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad, presidida por la legisladora Patricia Lizárraga, comenzaron el viernes pasado una serie de audiencias con actores clave relacionados con la iniciativa impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo.

En la jornada inicial expusieron representantes de la Fundación A.N.I.A., del Colegio de Graduados en Educación Especial y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), quienes presentaron observaciones, preocupaciones y sugerencias para fortalecer la propuesta.

Participaron también los legisladores Adriana Najar, Carlos Gómez, Jorge Leal, Silvia Elías de Pérez, Carolina Vargas Aignasse, Edith Comolli, Roque Argañaraz, Walter Berarducci, Maia Martínez y Sara Lazarte.

Claudia Suárez, del Colegio de Graduados en Educación Especial, indicó que el objetivo es enriquecer el texto: “Venimos a plantear observaciones y a aportar para que la ley sea lo más unificada posible, teniendo en cuenta la experiencia que ya tiene la provincia en inclusión escolar”.

Mario Dionisi, secretario general de SADOP Tucumán, valoró la instancia y subrayó la relevancia de un enfoque completo: “La educación se construye entre todos. Es importante que se contemplen las condiciones de los docentes, el financiamiento y la realidad de cada institución para que las propuestas sean aplicables”.

Analía Rodríguez, de la Fundación A.N.I.A., expresó preocupaciones específicas sobre la puesta en marcha, particularmente en relación con las figuras de acompañamiento en el aula y la elaboración de proyectos pedagógicos individuales, elementos que consideró esenciales para sostener los avances en inclusión.

Salomón celebró la respuesta generada por el tema y resaltó el enfoque participativo: “Celebro el interés que despertó este proyecto. Estamos escuchando distintas organizaciones, junto a nuestros asesores, tomando sus planteos y vamos a seguir recibiendo a otros sectores para analizar cada aporte y mejorar la propuesta”. Agregó que el propósito es obtener una regulación más completa que integre todos los aportes recibidos y confirmó la próxima visita de la ministra de Educación, Susana Montaldo.

Por su parte, Lizárraga enfatizó el compromiso con una institución legislativa receptiva: “Escuchar diferentes posturas es fundamental para garantizar derechos, especialmente cuando hablamos de niños. Este es el camino que nos pide el vicegobernador Miguel Acevedo: una Legislatura de puertas abiertas, al servicio de la gente”.

El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo busca reformar el sistema de inclusión escolar en la provincia mediante un proceso que se prevé prolongado y detallado en la Legislatura, en medio de interrogantes sobre el estado actual del sistema educativo. Las autoridades parlamentarias optaron por habilitar espacios de intercambio con múltiples actores para forjar acuerdos en una propuesta que redefine el rol de los docentes de apoyo para alumnos con discapacidad.

La propuesta oficial adopta el Modelo Social de la Discapacidad como base y busca integrar a los Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) a la planta permanente de las escuelas, concediéndoles estabilidad bajo el Estatuto del Docente y evitando que las familias deban contratar apoyos privados o recurrir a la Justicia. Limita la figura del “maestro sombra”, al considerar que puede derivar en prácticas segregadoras y obstaculizar el aprendizaje autónomo, y prioriza la “autonomía progresiva” mediante adaptaciones del entorno y colaboración entre docentes. Incluye también la regularización laboral de los actuales maestros integradores, hoy en condiciones precarias.

En paralelo, Acevedo recibió a miembros de la Asociación Civil Down Is Up con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down y propuso invitar a madres, padres y docentes de la entidad a exponer en las comisiones para enriquecer el análisis. “Es fundamental escuchar todas las voces para construir una ley que contemple las distintas realidades”, expresó.

Adriana Najar valoró la orientación del proyecto, pero condicionó su aprobación a un examen minucioso de su aplicación práctica, considerando la variabilidad en la matrícula de alumnos con discapacidad y la necesidad de acuerdos amplios con la comunidad educativa. Destacó la importancia de establecer criterios claros para la designación de docentes y dimensionar la demanda por escuela, sugiriendo convocar a familias, especialistas y actores judiciales.

Desde la oposición, José Cano planteó reservas sobre el momento y el contexto de la reforma, señalando problemas pendientes en infraestructura y mantenimiento escolar. “El Gobierno quiere avanzar sobre un tema muy sensible en un momento en el que muchas escuelas todavía tienen problemas graves de infraestructura, falta de mantenimiento y condiciones básicas que no están resueltas. Por eso preocupa que se impulse una reforma de esta importancia sin el diálogo, la planificación y los acuerdos que una política de inclusión escolar necesita”, afirmó.

Propuso revisar los dispositivos existentes, como los Gabinetes Itinerantes, antes de cambios estructurales y planteó dudas sobre el financiamiento y la transición para evitar afectaciones a los alumnos. “Si hoy hay familias que cuentan con cobertura, no se puede avanzar con una reforma sin explicar con seriedad qué va a pasar con los apoyos actuales, cómo se va a financiar y de qué manera se evitará que los chicos queden en el medio de una transición mal resuelta”. Concluyó que la iniciativa, tal como está, podría implicar un retroceso en derechos y derivar en exclusión en lugar de inclusión.

El tratamiento legislativo avanza con posiciones variadas, donde el principal desafío consiste en armonizar los objetivos de la reforma con las expectativas de la comunidad educativa en un escenario de limitaciones estructurales del sistema.