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La gestión eficiente de los recursos hídricos y el reordenamiento territorial metropolitano constituyen los dos ejes físicos indispensables para superar el estancamiento de Tucumán y encaminar la provincia hacia un esquema de desarrollo sostenible. Durante el II Foro Argentina Andina desarrollado en nuestra capital hacia finales de la semana pasada, la confluencia entre la infraestructura hidráulica destinada al consumo y al riego agrícola con la modernización de la planificación urbana emergió como una prioridad impostergable. Ambas dimensiones, tratadas como vectores complementarios, exponen la necesidad de abandonar mitos culturales sobre la abundancia de recursos y superar normativas edilicias obsoletas para permitir que la inversión privada y la gestión pública construyan infraestructuras estratégicas sin comprometer el erario provincial.
El debate se dio en el marco de la presentación especial del "Proyecto Aconquija: una agenda estratégica para el desarrollo de Tucumán", una publicación técnica, colectiva y plural elaborada por el equipo de Políticas Públicas de la Fundación Federalismo y Libertad. Esta iniciativa convocó a más de 30 especialistas de diversas disciplinas para formular diagnósticos y propuestas concretas en materia institucional, económica, social y de infraestructura. Dentro de esta obra, el ingeniero civil Franklin Adler, experto en hidráulica, tuvo a su cargo el capítulo dedicado a la infraestructura y gestión de los recursos hídricos, mientras que el arquitecto Ezequiel Coletti abordó los desafíos de urbanismo, vivienda y ordenamiento territorial. El panel estuvo moderado por Pablo Pero, director de Políticas Públicas de la institución, y Javier Habib, director Académico de la fundación, quienes destacaron el valor de articular visiones técnicas para dotar a la provincia de una hoja de ruta de largo plazo.
Al analizar la problemática del agua, Adler (foto inferior) advirtió sobre la distorsión cultural que condicionó históricamente la toma de decisiones en la provincia, al señalar que "en Tucumán se generó desde el siglo pasado un concepto de que el agua sobra", al cual calificó como una falacia en la actualidad. El especialista remarcó que "el agua no es necesaria para la vida, es la vida misma", explicando de forma amplia que "en Tucumán el agua ya no sobra porque la población creció, el área agrícola creció, las industrias crecieron, se generalizaron los malos usos y se contamina el agua. La sociedad, bajo la pauta de que el agua sobra, no reaccionó y los gobiernos no hicieron ningún esfuerzo de planificación y de aprovechamiento de ese recurso hídrico".

Respecto al destino y la eficiencia en el uso del recurso, el ingeniero subrayó la jerarquía de prioridades y el impacto del sector agrícola, indicando que "la prioridad es abastecer de agua potable a la población por tratarse de un requisito humano vital", pero alertó que "la agricultura consume aproximadamente dos tercios de todas las extracciones de recursos hídricos de la provincia". Al criticar las metodologías vigentes, Adler manifestó que "las técnicas de riego que se utilizan son muy anticuadas, siendo en su mayoría riegos por inundación con enormes consumos de agua. La mayor parte de los canales no tienen revestimiento, de modo que entre el punto que se extrae en los embalses hasta que se lo lleva y entrega a la red de riego se pierde en algunos casos el 40% y en otros hasta el 50% de esa agua". Frente a esta pérdida estructural, concluyó que la ineficiencia "precisamente no facilita un crecimiento del área agrícola para abastecer de materia prima para el bioetanol, pero es posible hacerlo y eso exige que una de las prioridades en este caso sí pase a ser el agua para el regadío, pero con una eficiencia en la extracción, en la conducción y en la aplicación", destacando el rol del Estado en la impermeabilización de canales.
Por su parte, Coletti (foto inferior) analizó la parálisis regulatoria y el colapso del esquema urbano tradicional de la capital provincial. El desarrollador recordó que "hace 100 años Tucumán era el polo industrial, económico y académico del Norte", contrastando ese pasado con la caducidad del marco normativo actual al precisar que "en el año 1930 se aprueban las primeras reglamentaciones, en el año 1958 y 1959 los primeros planes ordenadores, y en el año 1981 el primer Código de Planeamiento Urbano (CPU) de San Miguel de Tucumán. 17 años después se aprueba la actualización del año 1998". Coletti cuestionó que "nosotros seguimos utilizando el mismo CPU de hace casi tres décadas y eso tiene consecuencias como por ejemplo haber densificado todo en Barrio Norte y Barrio Sur, toda la administración pública concentrada ahí, y los espacios verdes y parques totalmente olvidados", y añadió que la saturación vehicular se refleja en que "30.000 vehículos ingresan a la capital por hora y 300.000 circulan en horarios pico".

Ante el crecimiento desordenado de la periferia, Coletti señaló que esta parálisis normativa provocó "un éxodo silencioso hacia los municipios vecinos", derivando en que "hay comunas y municipios que crecieron más de un 40% en los últimos 10 años, cosa que no le sucedió de ninguna manera a San Miguel". En ese sentido, aseveró que "ya no podemos solamente hablar de San Miguel de Tucumán, sino que tenemos que tener una visión mucho más amplia y probablemente pensar en un aglomerado fragmentado y por lo tanto comenzar a pensar en un plan metropolitano". Para resolver la brecha de infraestructura, propuso superar los parches menores sosteniendo que "esta falta de planificación donde el sector privado corre y el sector público camina hace necesario que de alguna manera el sector público deje de caminar, el sector privado deje de correr y probablemente juntos trotemos".
Al fundamentar la herramienta técnica de desarrollo, concluyó señalando que no se trata de intervenciones menores sino de "convenios urbanísticos, urbanizaciones planificadas y densificaciones inteligentes" y planteó "poner al Estado como desarrollador, utilizar las tierras fiscales para que se transformen en bancos de tierra y esos bancos de tierra se transformen en activos donde se pueden producir estas permutas de proyectos a gran escala con empresas que hagan puentes y rutas, de manera tal que no se utilice la plata de los contribuyentes para generar infraestructura".