“En vez de regular las apps, hay que sacarle a los taxis las regulaciones que conspiran contra su rentabilidad"

En San Miguel de Tucumán, la regulación de las aplicaciones de transporte como Uber, Didi y Cabify sigue en stand-by, con el Concejo Deliberante y la Municipalidad demorando una normativa que integre estos servicios al sistema tradicional de taxis. La discusión, que alcanzó su punto álgido en mayo con promesas de un dictamen casi inminente, fue relegada hasta después de las elecciones legislativas de octubre debido al alto costo político que implica. Mientras tanto, el Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA), a través de su jefa de Investigaciones, Virginia Giordano (foto inferior), propone un enfoque disruptivo: modernizar el sistema de transporte eliminando regulaciones ineficientes en lugar de imponerlas a las apps.

Giordano destaca que, desde el lanzamiento de Uber en 2009, las plataformas electrónicas han revolucionado el transporte al “conectar, en tiempo real, a un pasajero con un conductor dispuesto a llevarlo”. Este sistema, que también incluye a Didi y Cabify, permite a los usuarios solicitar un vehículo, conocer el costo del viaje, seguir el recorrido, pagar sin efectivo y calificar al conductor, mientras los choferes acceden a una demanda constante sin depender de paradas físicas o centrales. “Esa simple función —matchear pasajeros con conductores— la cumplen de manera más rápida, directa y eficiente que el sistema tradicional”, subraya la economista. Para IDESA, estas apps representan “competencia y eficiencia”, ajustando precios según oferta y demanda, pero no deben ser la única opción: “Si hay usuarios o conductores que prefieran mantener los métodos tradicionales, que puedan hacerlo, pero sin que esa preferencia frene el avance hacia la modernidad”.

En la capital tucumana, el Concejo Deliberante recibió ocho proyectos para regular el Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros (SUTRAPPA), los vehículos particulares y las “moto taxis”. Sin embargo, la discusión se estancó, y los ediles consideran que abordar esta problemática en el contexto electoral podría generar tensiones. La estrategia es apuntar a una solución integral que contemple no solo las apps, sino también el transporte en motocicletas, un sector aún más complejo debido a la falta de normativa provincial que lo habilite.

El proyecto municipal, respaldado por la intendenta Rossana Chahla, propone incorporar las apps como un canal válido, pero con requisitos estrictos: inscripción en la Dirección de Ingresos Municipales, pólizas de seguro, certificación técnica vehicular, licencias de conducir habilitantes y un registro de conductores y vehículos. Además, las empresas deberán tributar el Tributo Económico Municipal (TEM) por el uso del espacio público. Sin embargo, el debate sigue en cuarto intermedio, y los concejales sugieren que el proyecto carece de un capítulo claro sobre sanciones por incumplimientos.

Giordano cuestiona la tendencia a replicar en las apps las regulaciones tradicionales de taxis, como cupos, tarifas rígidas, habilitaciones especiales y tributos. “Lo que casi nunca se pregunta es si el andamiaje regulatorio que condiciona la operatoria de los taxis es el más conveniente. ¿El sistema tradicional de taxis y remises funciona bien? ¿Y si, en vez de frenar lo nuevo, desarmamos lo que hace ineficiente a lo viejo?”, plantea. Para IDESA, el sistema de taxis está atrapado en un “circuito disfuncional” debido a un exceso de trámites y regulaciones que generan ineficiencia. “La percepción general es que el servicio de taxis y remises es relativamente caro para la calidad que ofrece y que el origen no es un enriquecimiento de sus operadores gracias a la limitación de la competencia, sino a un entorno regulatorio que lo hace ineficiente”, explica Giordano. Esto resulta en “autos viejos, servicio caro, choferes mal pagos y usuarios frustrados”, especialmente en un contexto de crédito caro y poca previsibilidad económica.

Simplificaciones

En lugar de imponer restricciones a las apps, IDESA propone liberar a los taxis de regulaciones obsoletas. “Más que poner énfasis en regular las apps, lo más constructivo es sacarle a los taxis las regulaciones que conspiran contra su rentabilidad y calidad”, sostiene Giordano. Esto incluye simplificar trámites, digitalizar procesos, eliminar cupos, liberar tarifas y aliviar la presión fiscal. También aboga por facilitar el acceso al crédito para renovar vehículos, lo que mejoraría la calidad del servicio. La economista destaca ejemplos como Mendoza, que legalizó Uber como “transporte privado por plataformas” con un marco regulatorio específico, o Salta, donde taxis y remises pueden operar a través de apps, integrando tecnología al sistema tradicional. En contraste, ciudades como Mar del Plata optan por mantener controles estrictos, lo que “colisiona con la lógica disruptiva que plantean las apps”.

Para IDESA, la llegada de las apps no es una amenaza, sino una oportunidad para rediseñar un sistema de transporte en crisis. “La disponibilidad de las apps lejos de ser un problema o amenaza son una oportunidad para rediseñar un sistema que da visibles muestras de estar agotado. Explotar la tecnología para organizar mejor el sistema es una oportunidad para aumentar la eficiencia”, afirma Giordano. En Tucumán, donde el Concejo Deliberante aprobó recientemente un aumento del 50% en la tarifa de taxis (bajada de bandera a $900 y ficha a $90), los taxistas demandan mejoras, pero también rechazan la competencia desregulada de las apps.

Giordano insiste en que enfrentar taxis contra apps es “inconducente”. “No se trata de que gane uno y pierda el otro. Se trata de que todos ganen, especialmente el destinatario del servicio: los usuarios. Prohibir apps no va a hacer que los taxis mejoren ni sean rentables. Pero liberar a los taxis del laberinto regulatorio en el que están atrapados sí puede hacer que todo el sistema funcione mejor”, concluyó.