Empezó con una sola estafa y terminó con 120 víctimas: grave denuncia contra un policía de la Comisaría 6°

La historia comienza con la estafa más tucumana y repetida de todas: plata a cambio de una casa del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Sería una de las tantas causas que circulan por Tribunales si no fuera porque el acusado es un policía de la Comisaría VI, el denunciante es un empleado judicial que asegura haber perdido el trabajo por esta situación y los estafados serían más de 120. Además, el monto calculado ronda los $500 millones. 

El miércoles 23 de septiembre, un trabajador de ordenanza de tribunales se presentó en la comisaría 5°, en Muñecas al 1.600, para poner fin a una situación en la que, asegura, él es víctima junto a un centenar de personas más. Tendencia de Noticias pudo confirmar que la denuncia fue derivada a la fiscalía de Delitos Complejos. Además, verificó que el policía señalado efectivamente prestaba servicios en la Comisaría 6° y fue puesto en disponibilidad a raíz de esta demanda. 

De acuerdo al documento, el hombre trabaja desde el año 2010 en el Poder Judicial y fue asignado a la morgue. Allí, conoció a J.A.P “con el cual conversábamos en algunas ocasiones cuando tenía tiempo, debido a mi trabajo y a su trabajo, ya que recuerdo que él trabajaba 24 horas por 72 de descanso”, dice en su denuncia. 

El declarante, de 37 años, asegura que luego fue trasladado a Tribunales, en avenida Sarmiento 431 (sede del Ministerio Público Fiscal) y que el año pasado volvió a tener noticias de su amigo, el policía con el que solía charlar en la morgue, que le envió un mensaje de WhatsApp en noviembre y reanudaron sus conversaciones. 

Luego de varios mensajes, asegura el empleado judicial, el policía le contó que su madrastra trabajaba en la Legislatura de Tucumán, en un área de “Acción Social” y que entregaba boletos gratuitos. “Dijo que él no se olvidaba de un favor que yo le hice años atrás y que, para devolverme este favor; él, por contactos que tenía, podía hacer que me entregaran de una vivienda del IPV”, relató. 

El hombre asegura que su amigo le explicó que la casa podía estar ubicada en Manantial Sur, San Andrés o Lomas de Tafí, pero que, para iniciar el trámite, debía transferirle $2 millones, que él usaría para pagarle a sus contactos. Una vez asignada la vivienda, agregó, debería pagar otros $2 millones finales. 

“Yo en primera instancia le dije que no tenía este dinero. Luego, charlando con mi esposa (...) , decidimos pedir un préstamo y, sumado a un dinero que teníamos ahorrado, llegamos a la suma de $2 millones. Le he transferido este dinero y, por un mensaje de WhatsApp, me había asegurado que ya tenía una vivienda asegurada”, reza la denuncia. 

Pasados tres días, el policía volvió a comunicarse y, siempre de acuerdo a la demanda, le dijo que existía la posibilidad de armar “varias carpetas”, pero que sólo debía comentarselo a gente de su extrema confianza, puesto que era un movimiento secreto. Así, el empleado judicial le transmitió la oportunidad a su cuñada, quien accedió y le transfirió al uniformado la suma de $4 millones. Luego, se sumó su primo, que le transfirió también $4 millones y él se los envió al policía. Así pasaron a ser tres las personas con casas prometidas y $10 los millones recaudados por el cabo, siempre de acuerdo a la acusación. 

Pasado un tiempo, asegura el denunciante, el policía lo llamó para informarle que se le habían habilitado más cupos por lo que, si él tenía más personas de confianza, podía informarle para que ingresaran, aunque todo debía seguir manejándose en secreto. “Yo, para obrar bien y tratar de ayudar, le comente a mis allegados y amigos; quienes, con la ilusión de tener estas viviendas, me transferían a mi cuenta $2 millones. Él luego fue subiendo esta tarifa y ya pedía la suma de $5 millones”, relató. Finalmente, de acuerdo a sus propias palabras, llegaron a sumar entre 115 y 120 personas. 

“Me dijo que le informe a estas personas que las primeras entregas de estas viviendas se iban a hacer en el mes de febrero o marzo de este año. Al ver que estas viviendas no se entregaban, las personas que abonaron este dinero comenzaron a consultarme por qué no se les entregaba estas casas. Al hablar con él, siempre salía con excusas: que faltaban pulir sólo detalles, siempre con excusas nuevas, que faltaba una u otra documentación. Cansado de estos reclamos y, para evitar problemas, yo lo llamé y le dije que trate de darme una solución, ya que yo hacía de intermediario con estas personas porque ellas me transferían el dinero y yo luego se lo enviaba a él”, relató.

En julio de este año, prosigue el documento, el policía le pidió al empleado que organice una reunión con las personas y él lo hizo, citó a la gente en la casa de su suegro. “Yo lo he pasado a buscar de su vivienda, fuimos a la reunión, ingresamos a la vivienda de mi suegro, pero él se encerró en una habitación y no habló con estas personas. Mi esposa y yo tuvimos que dar la cara. Pasadas varias horas, las personas se retiraron. Cuando yo lo llevaba nuevamente a su casa, me dijo ‘hermano, se me cerraron muchas puertas’”, explicó. 

Como última promesa, dijo, el policía le anunció que las casas serían entregadas en un acto político del gremio de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) el 21 de julio, pero ello tampoco ocurrió, asegura. Y finaliza diciendo que él se presentó varias veces en la casa del policía, en Alderetes, pero las respuestas siempre eran evasivas y excusas. 

El denunciante aseguró tener las capturas de pantalla de las transferencias que realizó y aportó los alias de Mercado Pago, Banco Macro y Brubank a donde envió el dinero. “Son aproximadamente 120 personas afectadas y debe ser la suma aproximada de $500 millones, ya que también le hice entrega de dinero en efectivo, así como de fotocopias de documentos de estas personas, actas de nacimiento, de matrimonio y boletas de sueldo de las personas que querían acceder a estas viviendas. Quiero agregar que él no me pagaba ninguna comisión, todo lo hacía para tener rápido mi casa”, explicó. 

Finalmente, el hombre explicó que, a raíz de esta situación, él perdió su trabajo y anunció que se presentará en sede judicial junto a los damnificados para ampliar la denuncia.