Elevan a juicio la causa contra los policías acusados de secuestro extorsivo y amenazas en Tucumán

La Justicia Federal oficializó la elevación a juicio de una causa que involucra a tres agentes y un comisario de la policía provincial por un grave hecho de secuestro extorsivo. Los acusados, identificados como Ángel Sebastián Gómez, Sergio Daniel Díaz y Franco Javier Jiménez, habrían actuado bajo la supervisión del comisario Gustavo Ezequiel Morales durante la noche del 23 de febrero de 2024.

Según la información publicada por La Gaceta, los uniformados interceptaron a un joven en la avenida Silvano Bores al 300 y lo trasladaron de forma clandestina hacia la Jefatura de Zona III, utilizando un vehículo particular para evitar sospechas.

En el interior de la dependencia policial, la víctima sufrió agresiones físicas mientras los captores negociaban su liberación con su madre, identificada con las iniciales S.F.O.. Los efectivos utilizaron la amenaza de iniciar una causa falsa por tráfico de estupefacientes para presionar a la mujer, quien finalmente accedió a entregar la suma de $240.000. El pago se concretó bajo una fuerte presión psicológica ejercida a través de comunicaciones coordinadas con un civil implicado, lo que permitió que el joven recuperara su libertad tras horas de cautiverio ilegal.

La investigación liderada por el fiscal federal Agustín Chit desarticuló la versión de los imputados sobre un presunto operativo oficial, confirmando la inexistencia de órdenes judiciales o expedientes previos contra el joven. El peritaje de los teléfonos celulares permitió descubrir un grupo de mensajería donde los agentes coordinaban el ataque y utilizaban expresiones como apurar a la vieja para acelerar la entrega del dinero. Estas evidencias, sumadas al testimonio del guardia de la sede policial, fueron determinantes para demostrar que el ingreso del detenido nunca fue registrado en los libros de guardia reglamentarios.

El juez federal Guillermo Díaz Martínez resolvió que los implicados enfrenten un tribunal bajo el cargo de secuestro extorsivo agravado, considerando su condición de funcionarios públicos como un agravante central del proceso. El fallo judicial también contempla la participación del comisario en calidad de partícipe, debido a que los hechos ocurrieron en su propia base operativa y existen registros de contactos telefónicos incriminatorios. Además de la instancia penal, la resolución habilita a los damnificados a reclamar una indemnización civil por los daños y perjuicios derivados del accionar delictivo institucional.

Fuente: La Gaceta