El peaje de la Ruta 9 costará desde $4.200 tras las obras de mejora y la concesión no será exclusiva de constructoras

El Gobierno de Javier Milei impulsa un nuevo modelo de concesiones viales que prioriza la inversión privada para mejorar 10.000 kilómetros de rutas nacionales, las cuales concentran el 80% del tráfico del país. Estas rutas, consideradas el paquete “rentable”, serán gestionadas por privados que podrán cobrar un peaje de $4.200 por cada 100 kilómetros para autos (siete veces más para camiones pesados) solo cuando garanticen condiciones óptimas de transitabilidad, como calzadas sin baches, banquinas reforzadas, señalización completa y luminarias funcionales.

El Estado se limitará a verificar el cumplimiento mediante auditorías y una fórmula de actualización automática de tarifas, sin necesidad de aprobar cada ajuste. Este esquema, que arranca el 8 de septiembre con la licitación de la Ruta del Mercosur (Rutas 12, 14 y puentes Zárate Brazo Largo y Rosario-Victoria), busca financiar mejoras sin depender del presupuesto público, rompiendo con el tradicional “club de la obra pública” al permitir que empresas no constructoras, como nodos productivos, gestionen corredores.

Caso provincial

Un ejemplo es el proyecto en Tucumán, donde una audiencia pública, llevada a cabo a inicios de julio pasado, marcó el comienzo de la Etapa III de este plan, abarcando 3.900 kilómetros de rutas en once provincias. La Ruta Nacional 9 (Santiago del Estero-Salta) y la Ruta A016 (San Miguel de Tucumán-Aeropuerto) son prioritarias. “Durante el primer año, la concesionaria estará obligada a ejecutar todas las obras de rehabilitación sin cobrarle un peso a los usuarios”, aseguraron desde Vialidad Nacional, destacando que los peajes en La Florida y Molle Yaco, con tres vías cada uno, no se activarán hasta garantizar transitabilidad segura. El plan incluye recuperación de calzadas, limpieza de banquinas y señalización renovada, con licitaciones previstas para agosto-septiembre y obras a partir de finales de 2025, bajo una concesión de 15 años con auditorías permanentes.

Este modelo también permite a provincias gestionar rutas, aunque con limitaciones legales: solo pueden administrarlas mediante estructuras públicas, como empresas estatales, sin subconcesionar a privados, ya que cualquier cesión requiere aprobación del Congreso. Pese al interés, pocas provincias, como Córdoba (Caminos de las Sierras) o Buenos Aires (Aubasa), tienen la estructura para asumirlas.

El sistema incluye garantías como seguros de caución, ejecutables si los privados no cumplen, y el mantenimiento del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) para respaldar posibles congelamientos de tarifas. Con este enfoque, el Gobierno busca revertir décadas de abandono vial, apostando por la inversión privada y un rol estatal de supervisión estricta.