El Colegio de Psicólogos de Tucumán advirtió que el proyecto de inclusión escolar del Ejecutivo puede generar “posibles retrocesos en dispositivos y derechos ya adquiridos”

El Colegio de Psicólogos de Tucumán, a través de su Comisión de Discapacidad, emitió un pronunciamiento sobre el Proyecto de Ley de Educación Inclusiva presentado por el Poder Ejecutivo el 3 de marzo pasado y que actualmente se encuentra en tratamiento legislativo.

La iniciativa propone garantizar el derecho a la educación de estudiantes con discapacidad dentro del sistema educativo común, tanto de gestión estatal como privada, promoviendo la inclusión como principio rector.

Sin embargo, los profesionales de la salud mental y del campo educativo advierten sobre varios aspectos que requieren revisión. “Falta de definiciones claras sobre su implementación: no se especifican criterios, modalidades ni etapas concretas que orienten cómo se llevará a la práctica la inclusión en las instituciones educativas”, indica el comunicado.

También cuestionan la “insuficiente precisión en la asignación de recursos y apoyos”, ya que si bien se propone la incorporación de un docente de educación especial por escuela, “esta medida resulta necesaria pero claramente insuficiente para dar respuesta a la diversidad y complejidad de las trayectorias educativas”.

Otro punto destacado es el “riesgo de sobrecarga en el rol docente sin el acompañamiento adecuado de equipos interdisciplinarios que sostengan los procesos de inclusión”. Además, alertan sobre “posibles retrocesos en dispositivos y derechos ya adquiridos, tales como: apoyos individuales, acompañamientos terapéuticos o escolares, intervenciones de equipos externos que actualmente garantizan la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo”.

El pronunciamiento enfatiza la necesidad de “una mirada integral del niño, niña y adolescente, reconociendo no solo su dimensión pedagógica, sino también sus aspectos emocionales, sociales y subjetivos”. En ese sentido, considera “indispensable la capacitación continua de los actores institucionales, garantizando herramientas concretas para abordar la diversidad en el aula y favorecer prácticas inclusivas reales y sostenibles en el tiempo”.

El Colegio de Psicólogos subraya la importancia de reconocer “el rol del psicólogo como parte de equipos interdisciplinarios que hacen posible la inclusión real”. Según el texto, el trabajo del psicólogo en el ámbito educativo permite “comprender la singularidad de cada trayectoria, acompañar a estudiantes, familias y docentes, diseñar estrategias de inclusión contextualizadas y sostener procesos de inclusión a lo largo del tiempo”.

“Sin estos dispositivos y sin la participación activa de profesionales capacitados, la inclusión corre el riesgo de quedar reducida a un enunciado, sin impacto efectivo en las prácticas”, advierte el comunicado. Por ello, considera “fundamental abrir instancias de diálogo y revisión del proyecto, incorporando la voz de los actores involucrados, para garantizar una normativa que sea viable, responsable y respetuosa de los derechos”.

El proyecto y el proceso legislativo

La iniciativa remitida por el gobernador Osvaldo Jaldo busca reformar el sistema de inclusión escolar adoptando el Modelo Social de la Discapacidad. Propone integrar a los Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) a la planta permanente de las escuelas con estabilidad laboral bajo el Estatuto del Docente, limitar la figura del “maestro sombra” por considerar que puede generar prácticas segregadoras, priorizar la autonomía progresiva del estudiante y regularizar la situación de los actuales maestros integradores.

La Legislatura, a través de las comisiones de Educación (presidida por Aldo Salomón) y de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad (presidida por Patricia Lizárraga), inició el viernes pasado una serie de audiencias con representantes de la Fundación A.N.I.A., el Colegio de Graduados en Educación Especial y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), entre otros. En esas exposiciones se plantearon observaciones, preocupaciones y sugerencias para enriquecer la propuesta.

Claudia Suárez, del Colegio de Graduados en Educación Especial, señaló que buscan “enriquecer el texto” y “que la ley sea lo más unificada posible”. Mario Dionisi, de SADOP, destacó que “la educación se construye entre todos” y que es clave contemplar condiciones de los docentes, financiamiento y realidad de cada institución. Analía Rodríguez, de la Fundación A.N.I.A., expresó inquietudes sobre las figuras de acompañamiento y los proyectos pedagógicos individuales.

Se anunció la próxima participación de la ministra de Educación, Susana Montaldo, y el vicegobernador Miguel Acevedo propuso invitar también a representantes de la Asociación Civil Down Is Up.

Las posiciones en la Legislatura son variadas. Desde la oposición, José Cano planteó reservas sobre el momento de la reforma, la infraestructura escolar y el financiamiento, advirtiendo que sin un diálogo adecuado podría implicar “un retroceso en derechos y derivar en exclusión en lugar de inclusión”.

El tratamiento continúa con el objetivo de construir una norma superadora que preserve los estándares de inclusión y mejore las condiciones laborales de los docentes involucrados.