Dictaron prisión preventiva por seis meses para Felipe Sosa en la causa por el asesinato de Érika Álvarez

Comenzó este martes por la mañana el proceso judicial contra Felipe Sosa, el principal -y hasta ahora único- sospechoso por el asesinato de Érika Álvarez, la joven de 25 años que apareció muerta en un basural de Manantial Sur el 8 de enero. La audiencia consistió en la formulación de cargos, y dejó como principal novedad la imputación por homicidio simple y la prisión preventiva por seis meses para el acusado.

Durante más de cuatro horas, ambas partes brindaron sus argumentos al respecto. La fiscalía, representada por Carlos Picón y Guillermo Giordano, verificó primero los datos personales de Sosa, en un interrogatorio que se extendió por varios minutos, lo que originó reclamos por parte de la defensa.

A continuación, en el primero de los tres objetos que se trataron, se debatió la legalidad de la detención de Sosa, que se llevó a cabo en Pilar el viernes pasado. Según la defensa, a cargo de los abogados Marcelo Cosiansi, Isaías Díaz Romero, Sergio Díaz Juárez y Rubén Flores, ese proceso no fue legítimo, y descartó que su cliente se haya encontrado prófugo en Buenos Aires.

Por su parte, la fiscalía y la querella, a cargo de Carlos Garmendia, ratificaron la validez del proceso. El juez Bernardo L´Erario coincidió con ese planteo, y ratificó la legitimidad de la detención de Sosa.

El segundo objeto tuvo que ver con la formulación de los cargos contra el acusado. La fiscalía propuso -y la querella acompañó- el cargo de homicidio simple, e hizo un relato detallado de los distintos datos que consideró como evidencias de la participación de Sosa en el asesinato de Álvarez.

Entre esa información relevante, la fiscalía destacó el hecho de que Érika se dirigió a Yerba Buena la noche de su desaparición, y más en concreto a un domicilio anterior de Sosa, donde, según los relatos de la hermana de la víctima, habitualmente se realizaban reuniones sociales por la madrugada. También relacionaron las características de la muerte de Álvarez con la formación militar de Sosa, reconocida por el propio acusado.

Por otra parte, la fiscalía remarcó que en un allanamiento al domicilio actual de Sosa, a pocas cuadras del anterior -también en Yerba Buena-, se encontraron objetos similares a los que se utilizaron para atar el cuerpo de Álvarez. Además, cuestionaron el comportamiento de Sosa a partir del jueves 8 de enero, día en que el cuerpo de Álvarez fue encontrado, y lo calificaron de "inusual".

Por el lado de la defensa, Cosiansi no se impuso a la formulación de cargos, aunque señaló que, según su mirada, las pruebas presentadas por la fiscalía no era suficiente para presentar cargos. Díaz Romero, por su parte, sí se impuso a la formulación de cargos, al entender que no había elementos objetivos suficientes para relacionar a Sosa con el crimen de Álvarez. En su argumentación, el abogado sugirió el posible involucramiento en la causa de un ex novio de Érika, conocido como Carlos "El Paraguayo", que presuntamente tendría denuncias por violencia de género contra la propia Álvarez.

El juez L´Erario entendió que la formulación de cargos fue procedente por todos los indicios presentados por la fiscalía y por la querella, por lo que no hizo lugar a la oposición de la defensa. Por eso, Sosa quedó imputado por homicidio simple, que contempla de 8 a 25 años de prisión. De todas formas, la fiscalía anticipó que la carátula podría cambiar conforme avance la investigación.

El tercer y último objeto tuvo que ver con las medidas de coerción contra el acusado. La fiscalía solicitó, y nuevamente la querella acompañó, seis meses de prisión preventiva. Según argumentaron los abogados, no solo hay evidencia que liga a Sosa con el asesinato de Álvarez, sino que también hay suficientes motivos para creer que el acusado podría entorpecer la investigación. Además, señalaron que hay riesgo de fuga debido a las características del hecho, a los contactos de Sosa en el exterior -reconocidos por él mismo- y a su situación económica, como así también a su comportamiento tras la aparición del cuerpo de la víctima.

Desde la defensa solicitaron la inmediata liberación del acusado. Díaz Romero descartó que su cliente haya estado fugado en Buenos Aires, y señaló que presentó evidencia de que su viaje estaba autorizado por la Justicia. También descartó que hayan estado probados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la causa. Cosiansi, por su parte, indicó que Sosa tiene una adicción a sustancias -reconocida por el propio acusado más temprano-, y que una reclusión en Benjamín Paz podría empeorar su situación de salud.

Tras un pequeño cuarto intermedio, el juez L´Erario comunicó que hacía lugar al pedido de la fiscalía y de la querella, por lo que dictó la prisión preventiva por seis meses para Sosa, medida que se cumplirá el 21 de julio. Según el magistrado, existen elementos suficientes para permitir sostener que el hecho investigado se cometió, y que el imputado habría participado en calidad de autor, lo que habilita la posibilidad de riesgos procesales. Hay indicadores objetivos que permiten sostener que el imputado podría tener riesgo de fuga. Por eso, aseguró, los seis meses son "razonables y proporcionales".