
La medida, comunicada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, incluye al mandatario cubano, parte de su familia, al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) y a organizaciones sociales como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y el Instituto de Amistad con los Pueblos (ICAP).
A través de la red social X, Miguel Díaz-Canel calificó estas acciones como una expresión de "ceguera política" y afirmó que se suman a una serie de medidas coercitivas diseñadas para perjudicar al pueblo cubano. El mecanismo aplicado por la OFAC tiene como objetivo principal bloquear cualquier activo de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir estrictamente que realicen transacciones comerciales o financieras con empresas, entidades bancarias o ciudadanos de Estados Unidos.
El mandatario también expresó un enérgico rechazo a las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien sostuvo que Washington "se encargará" de Cuba una vez que finalice su intervención respecto a Irán. En respuesta, Miguel Díaz-Canel aseguró que la agresividad del gobierno norteamericano chocará con la determinación de Cuba de mantener la resistencia frente a lo que definió como una "arremetida imperial".
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, señaló que esta inclusión en la lista de sancionados es una prueba del "plan intervencionista" estadounidense para catalogar a la nación caribeña como una supuesta amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta estrategia de presión, intensificada desde inicios de 2026 por la administración de Donald Trump, busca forzar un cambio de gobierno mediante un cerco financiero y logístico cada vez más estricto.
Este endurecimiento de la política exterior se ha visto reflejado en medidas como la orden ejecutiva del 29 de enero, la cual autoriza a la Casa Blanca a aplicar aranceles contra cualquier actor que comercie petróleo con la isla. Dicho bloqueo petrolero de facto ha provocado una severa escasez de combustibles en Cuba, profundizando la crisis económica que el gobierno cubano atribuye directamente a las sanciones impuestas por la administración estadounidense.