Arrojaron a un hombre a una celda al grito de “este es hijo de policía” y los presos lo lincharon

Un juicio abreviado celebrado en el Centro Judicial de Monteros generó fuertes críticas de un magistrado contra dos policías y también contra el Ministerio Público Fiscal. La causa “Martínez Lazarte William y otros sobre falsificación ideológica y otros delitos” reveló, desde la óptica del juez Mario Velázquez, un cuadro de inacción por parte de la administración de justicia ante la violencia institucional.

Dos policías confesaron haber detenido de manera fraudulenta a un hombre, haberlo entregado a 17 presos al grito de “este es hijo de policía” y haber permitido que lo linchen. Pese a la cantidad de pruebas en contra de los agentes, la fiscalía decidió archivar la causa en lugar de investigar. 

JUEZ DE MONTEROS: Mario Velázquez. Foto: La Gaceta

El comienzo

El caso que se juzgó tuvo origen en un accidente de tránsito ocurrido en Monteros, el 27 de marzo de 2023, que tuvo como protagonista a Roberto Andrés Marchese. El hombre se quedó en el sitio del choque hasta que la Policía terminó las actuaciones correspondientes. Luego, los uniformados le pidieron que fuera a la comisaría. Marchese fue manejando su propio vehículo. 

Una vez allí, el médico de policía le entregó un frasco y le pidió que recolecte en él una muestra de orina. Sin embargo, producto del shock, Marchese fue al baño pero no pudo cumplir el pedido. Entonces, el oficial William Manuel Martínez Lazarte comenzó a patear la puerta del baño, para exigir apuro. Como el hombre salió con el frasco vacío, lo llevaron a una oficina y el policía informó a alguien por teléfono que el protagonista del choque estaba haciendo problemas. Acto seguido, le informaron que quedaba detenido. Lo incomunicaron, lo requisaron y le quitaron sus pertenencias. 

“Hijo de policía”

Luego, lo condujeron al calabozo, abrieron la puerta y lo hicieron entrar. El oficial Martínez despertó a los 17 presos que estaban durmiendo al grito de “este es hijo de policía” y lo obligó a ir hacia el fondo de la celda. Entonces, los detenidos se levantaron y comenzaron a pegarle, le sacaron la ropa y lo insultaron. 

Marchese pidió auxilio, pero los policías de la comisaría no intervinieron. Así, el hombre terminó con lesiones en la cabeza, la nariz, la boca, el ojo y el cuello, además del torso, los brazos y la cadera derecha. 

Más tarde, sacaron al hombre del calabozo y lo llevaron a una oficina, donde le pintaron los dedos y le hicieron firmar una declaración que no le permitieron leer. De allí lo condujeron a otro calabozo que no tenía techo, donde lo dejaron varias horas descalzo y semidesnudo. Pese a los constantes ruegos, recién cerca de las 16.30 (es decir, unas 12 horas después de llegar a la comisaría), permitieron a la víctima comunicarse con un miembro de su familia y recuperó la libertad. 

Actas falsas

Tras semejante hecho, Martínez suscribió un acta falsa elaborada por su compañero Santiago Ezequiel Barrionuevo. En ella, los agentes dijeron que encontraron a Marchese en la calle gritándole a la gente "hijos de puta, los voy a hacer mierda a todos”. Por ello, prosigue el acta, se acercaron a él para pedirle que cambie de actitud, pero Marchese no hizo caso, por lo que lo llevaron aprehendido. 

Sin embargo, la propia acta entraba en contradicción con el legajo que ya se había iniciado por el accidente de tránsito. En esa actuación, también constaba que el policía Martínez había informado a la fiscalía que Marchese se negaba a hacerse el examen toxicológico y que recibió la orden de dejar todo documentado, pero no de privarlo de la libertad. 

Un “archivo prematuro”

Cuando Marchese recuperó la libertad, radicó la denuncia contra los policías. En su declaración indicó que no podría identificar cuáles de los 17 detenidos lo golpearon porque la celda estaba a oscuras. 

Sin embargo, la prueba fundamental provenía de la misma Policía: el examen físico de rigor previo al alojamiento, suscripto por el médico José Antonio Medina, daba cuenta de que a las 3:40 Marchese no tenía ninguna lesión. 

Sin embargo, siete horas más tarde, a las 10:25, cuando todavía estaba detenido, el médico Carlos Fernández deja constancia de que Marchese presentaba lesiones en casi todo el cuerpo.

Pese a ello -y a que había gran cantidad de personas a quienes se podría considerar testigos- el Ministerio Público tomó la decisión de archivar la causa. Marchese pidió el desarchivo y debió intervenir el fiscal Regional, quien apartó del caso a la fiscalía anterior y designó una nueva. Por ello es que al juicio llegó actuando la auxiliar fiscal Victoria Rojas que, en realidad, se desempeña en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Eugenia Posse. 

La advertencia del juez

Tres años después de ocurridos los hechos, la causa llegó a un acuerdo de juicio abreviado, en que los policías reconocieron todo lo que en realidad ocurrió. que se presentó ante el juez Velázquez. El magistrado aceptó el convenio y condenó a los policías Lazarte y Barrionuevo a penas de prisión condicional: 12 y 6 meses, respectivamente. En sus fundamentos, formuló duros cuestionamientos sobre el accionar del Ministerio Público Fiscal. 

“No puedo dejar de advertir que esta condena que hoy se dicta llegó después de un trámite de tres años de proceso, en la cual el Ministerio Público Fiscal había tomado la decisión de archivar la causa”, analizó el magistrado y recordó que el mismo tribunal unipersonal había advertido, antes del archivo, “que existía una multiplicidad de evidencia probatoria que ameritaba, cuanto menos, que se profundizara la investigación, ya que había verosimilitud suficiente”. 

“Esto, necesariamente, debe llamarnos a la reflexión”, subrayó Velázquez. “La comisión de delitos por parte de miembros de la fuerza de seguridad representa, a mi criterio, una de las afrentas más severas al Estado de Derecho y al contrato social. Cuando quienes portan el monopolio legítimo de la fuerza y el deber de protección ciudadana desvían su función para cometer un ilícito, no solo violan la ley penal, sino socavan las bases de la confianza pública en las instituciones”, reclamó. 

El juez se dirigió entonces al Ministerio Público Fiscal: “ante este escenario, la respuesta del sistema de justicia no puede ser la de un mero espectador burocrático, debe erigirse como un límite categórico frente al desvío de poder”. También remarcó que, para evitar que la causa quede impune, debió intervenir “la máxima autoridad fiscal de la región” y subrayó que lo hizo instado por el querellante, Marchese, representado por el abogado Carlos Garmendia. 

Velázquez remarcó que, con las mismas pruebas, el Ministerio Público Fiscal primero quiso liberar de responsabilidad a los dos policías y luego logró condenarlos. “Nos obliga una profunda autocrítica como operadores jurídicos. Evidencia el riesgo de la inercia burocrática”, analizó. 

“La labor judicial y fiscal exige una mirada que trascienda el mero formalismo de los legajos, comprometiéndose con una valoración de la evidencia que pondere el contexto de asimetría del poder  que asigna a los delitos cometidos desde el aparato estatal”, subrayó en sus fundamentos.

Y concluyó: “la sociedad demanda, con justa razón, una justicia penal que no sea selectiva, que no sea indulgente con el poder; frente a delitos que involucran la corrupción o el abuso funcional, la impunidad genera un resentimiento democrático y un descreimiento generalizado que debilita el tejido social”.