Allanamientos en Concepción por una amenaza de tiroteo: investigan si hubo un “desafío viral” detrás

El Ministerio Público Fiscal desplegó una serie de allanamientos en el sur de Tucumán en el marco de una investigación por intimidación pública, tras una amenaza de tiroteo dirigida contra el Instituto San Luis Gonzaga de Concepción.

La causa es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, bajo la dirección de Marta Mariana Rivadeneira, quien ordenó una batería de medidas para esclarecer el origen de los mensajes intimidatorios que circularon tanto en el establecimiento como a través de redes sociales.

Las actuaciones se iniciaron a partir de una denuncia que alertaba sobre inscripciones en sanitarios del colegio y mensajes difundidos por WhatsApp, donde se advertía sobre un supuesto ataque armado previsto para el 17 de abril.

En ese contexto, los investigadores no descartan que las adolescentes identificadas en la causa hayan sido incitadas por adultos en el marco de un posible “desafío viral”, una hipótesis que cobra fuerza ante la aparición de al menos 40 denuncias similares en distintas instituciones de la provincia.

Por disposición judicial del juez Federico Moeykens, los operativos se realizaron en viviendas de Concepción y Arcadia, donde personal especializado secuestró celulares, computadoras, tablets y otros dispositivos electrónicos para su análisis.

Desde la Fiscalía señalaron que el objetivo central es determinar la autoría de los hechos y establecer si existe una organización detrás de la difusión de este tipo de amenazas, que buscan generar pánico en la comunidad educativa.

En paralelo, el Ministerio Fiscal también coordinó medidas preventivas en distintos colegios de la capital tucumana, como el San Francisco, el Guillermina y el San Carlos, donde se registraron episodios similares.

En esos establecimientos, equipos técnicos trabajaron en el resguardo de evidencia, incluyendo material fílmico de cámaras de seguridad y registros digitales, en articulación con directivos y autoridades educativas.

Las autoridades remarcaron que, si bien no se ordenaron detenciones debido a la intervención de menores, se dispuso la participación de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para garantizar su acompañamiento y protección.

El caso encendió las alarmas en el sistema educativo y motivó un despliegue conjunto entre la Justicia, la Policía y las instituciones, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y llevar tranquilidad a la comunidad.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.